
l pronunciamiento oficial del gobierno de Rodrigo Paz sobre su asesor personal, el argentino Fernando Cerimedo, y el intento de asesinato de la expareja de éste, Nadia Beller en Santa Cruz, tuvo un minuto y 46 segundos de duración, tiempo en el que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió una investigación "seria y profunda" al Ministerio Público.
“En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema. Tengan la certeza de que este ministerio los tendrá permanentemente informados de acuerdo a los avances de la investigación de este hecho”, dijo Oviedo y se retiró de la sala de prensa del Ministerio de Gobierno sin dar paso a preguntas de los periodistas.
Antes, precisó: “Quiero informar que, desde que se tomó conocimiento del hecho y la presunta participación del señor Fernando Cerimedo en el mismo, personalmente di la instrucción al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz para que actúe de manera inmediata, como corresponde en este tipo de casos”, dijo.
Al ministro no se le pudo preguntar si Cerimedo continúa siendo asesor personal de Cerimedo, si se conocía de agresiones físicas del estratega argentino a la analista política boliviana o si habrá una desvinculación político más íntimo del mandatario desde la segunda vuelta electoral de 2025.
El vicepresidente Edmand Lara también se refirió al caso y exgió una investigación sin favorecimiento al estretega político, a fin de establecer si las circunstancia y testimonios apuntan a que podría ser el autor intelectual del intento de asesinato de Beller a través de la contratación de dos sicarios que perpetraron el ataque anoche en las afueras de un hotel lujoso.
Desde Santa Cruz, el comandante departamental de la Policía, David Gómez aclaró que la situación de Cerimedo es de "arrestado", pese a que la propia víctima habría acusado al argentino mientras era conducida en una ambulancia hacia la clínica Las Américas de la capital cruceña.
Oviedo cerró el pronunciamiento gubernamental agregando que actualmente el ciudadano argentino "está a disposición de las autoridades que corresponden y que la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público".









