osé Gabriel Espinoza, uno de los dos superministros de Rodrigo Paz, se sentará en la silla de los investigados e interpelados, ya que el Ministerio Público paceño admitió una denuncia penal en su contra presentada por el vicepresidente Edmand Lara, quien, además, convocó al pleno de la Asamblea Legislativa para la interpelación del ministro de Economía por la compra de un vehículo de lujo con aparentes irregularidades.
La sesión de intepelación en la que participarán diputados y senadores ha sido convocada por la presidencia de la Asamblea Legislativa para este martes a las 09:00, aunque parlamentarios pro oficialistas como Alejandro Reyes pusieron en duda que Espinoza se presente al acto de fiscalización. Por el momento no se conoce la posición del ministro a ser interpelado.
Desde el ámbito judicial, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia presentada por Lara y afirmó que se investigará a Espinoza por los delitos de “falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado”, además de “falsedad en la declaración de bienes y rentas” ante la Contraloría General del Estado.
La semana pasada Lara había presentado la demanda penal incluso por el supuesto delito de uso de instrumento falsificado. Este lunes, la comunicación de la Fiscalía paceña no contempla ese delito.
El caso que se encuentra ahora en manos del Ministerio Público tiene como origen la información publicada por la red DTV sobre la compra de una vagoneta eléctrica marca Audi, valuada en alrededor de 60.000 dólares, en 50.000 bolivianos, según un documento privado de compra-venta del vehículo de fabricación china.
La denuncia de Lara sostiene que el vehículo fue protocolizado mediante el Testimonio de Escritura Pública N.º 1685/2026, de fecha 30 de abril de 2026, consignando un valor de Bs 50.000, mientras que posteriormente el propio denunciado habría referido públicamente un desembolso de Bs 350.000.
Espinoza rechazó las denuncias y sostuvo que no hay motivos para cuestionar la transacción y advirtió que la información inicial de la red DTV tiene que ver con la exigencia de un pago adeudado de 3 millones de bolivianos por servicios de publicidad en un contrato firmado en la gestión del encarcelado expresidente Lus Arce por el director de ese medio de comunicación Junior Arias.
