n cuestión de horas diversos sectores productivos, cívicos y sociales demandaron ese lunes que el Gobierno declare un estado de excepción sectorizado en Bolivia. Esta exigencia surge como medida urgente ante los bloqueos de carreteras y las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Asamblea de la Cruceñidad, que se reunió esta mañana, se declaró en “estado de emergencia” y pidió al Gobierno decrete estado de excepción en las regiones en conflicto, además de aprobar un documento de cinco puntos frente a las movilizaciones y en defensa de la democracia.
La Asamblea de la Cruceñidad exigió al Gobierno, Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas actuar contra quienes promuevan bloqueos y hechos que afecten el abastecimiento, la circulación y la estabilidad del país. Además, se planteó implementar un “estado de excepción sectorizado”.
"Actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución contra quienes promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia, romper el orden constitucional, cortar el abastecimiento, impedir la circulación y poner en riesgo la vida de las familias bolivianas. Conforme al artículo 137 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Estados de Excepción número 1341″, dijo el presidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, leyendo el documento.
El empresariado de Cochabamba, agrupado en instituciones como la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM), han elevado su voz exigiendo al Gobierno Nacional que dicte un estado de excepción, además de que la Asamblea Legislativa apruebe la denominada ley antibloqueos.
Por su parte, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió la dictación del estado de excepción en la ciudad de La Paz, a fin de dejar de proyectar una imagen de un país inestable a la comunidad internacional.
El primer vicepresidente del Comité Cívico cruceño dijo a Datápolis y Encontrados que comunicaron las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad al Ejecutivo y se tomó contacto con ministros, pero aún no existe respuesta oficial a un pedido que crece hora que pasa.
