Al que quiera destruir a la patria, antes de eso, esos que intentan del pasado destrozar esta democracia, se van a ir a la cárcel". La advertencia es del presidente Rodrigo Paz, quien la lanzó luego de haber negociado con sectores que se han diferenciado de la COB y el evismo. Se trata de una advertencia para quienes han convertido las marchas y los bloqueos en palestras para pedir su renuncia
Paralelamente, sus principales colaboradores desplegaron acciones discursivas en la línea de la advertencia con la utilización de la ley por acciones desestabilizadoras. Ha sido el caso del canciller Fernando Aramayo y del vocero gubernamental, José Luis Gálvez, mientras otros ministros como el de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano mostraron que el Ejecutivo intenta resolver la carencia de productos de primera necesidad en el departamento de La Paz, epicentro de las protestas evistas.
En medio de la agudización de los conflictos que inicialmente contenían reivindicaciones salariales y sectoriales, el Gobierno negoció y desactivó en las últimas semanas a los transportistas, agroempresarios, marchistas de tierras bajas y mineros cooperativistas. Este sábado podría llegar a acuerdos con el magisterio urbano a nivel nacional.
En la línea de advertir a los sectores que mantienen las protestas exigiendo la renuncia de Paz, fuentes gubernamentales informaron a Datápolis y Encontrados que se prepara la intervención de los puntos de bloqueo y el control de las carreteras por parte de militares y policías para el próximo lunes, dando a entender que marchistas y bloqueadores del evismo tienen hasta este fin de semana para desmovilizarse.
“Esto es un proceso democrático de la patria y es irreversible. Le guste o no le guste al que quiera desmontar o querer destruir a la patria democrática”, dijo Paz en un acto este viernes y agregó: “esos que intentan del pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”.
Previo a Paz, el canciller Aramayo apuntó al expresidente y caudillo Evo Morales como el responsable de las movilizaciones y afirmó que el líder cocalero “no resigna a perder el poder” y, por ello, “instrumentaliza el poder social para enquistar un régimen”, que fracasó.
Además, anunció el inicio de la investigación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), porque, según el jefe de la diplomacia boliviana, habrían financiado algunas de las movilizaciones que desplegaron sectores sociales en contra del Gobierno y que le hicieron retroceder en la reconversión de tierras mediante la extinta Ley 1720.
