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a justicia y su funcionamiento se ha puesto en el centro de la polémica entre órganos de poder y liderazgos políticos. Este miércoles, en una reunión entre el Ejecutivo y Judicial, se consiguió aplacar el paro nacional de jueces anunciado para el lunes; sin embargo, se desató una ola críticas en torno a la posibilidad de elección de magistrados interinos para el TCP y el TSJ.

“Queremos anunciar que hemos trabajado toda la mañana con los señores ministros, con el señor viceministro (...) con relación a las necesidades por la cuales está atravesando el Órgano Judicial en el tema presupuestario”, anunció el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien amenazó el martes con un paro el próximo lunes y luego paros escalonados hasta llegar a un paro indefinido en todos los niveles del Judicial.

Este miércoles, respondió las críticas del Gobierno a las advertencias de paros, señalando que las reformas que requiere la cuestionada justicia del país se hace con recursos y no con buenas intenciones. No fue todo. Dirigió una frase al gobierno de Rodrigo Paz: "Le aseguro que en el Órgano Judicial nos sobra lo que a su gobierno le falta".

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Paz dijo este miércoles desde Paraguay que amenazar con paros es cosa del pasado, de los regímenes del MAS. Esta mañana tres ministros y un viceministro se reunieron con Saucedo y la decana del TSJ y, en una conferencia de prensa conjunta, se comprometieron evaluar todas las inquietudes del Órgano Judicial, principalmente de carácter presupuestario. Saucedo sostuvo que el pedido es un incremento hasta el 5% del PGE cada año.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostuvo que el prepuesto de los órganos Judicial, Electoral y Legislativo fueron incrementados en al menos 40%, pero que se considerará el planteamiento de Saucedo. El actual 0,35% de presupuesto representa alrededor de Bs 1.100 millones, lo que significa que el Judicial podría recibir Bs 12.000 millones. ¿Qué harán con esos recursos?, preguntó el analista Carlos Borth.

Y mientras se aplacaba las amenazas de paros, la justicia generaba una nueva polémica, esta vez relacionada con un proyecto de ley que propone la elección cinco magistrados interinos para el Tribunal Constitucional y dos para el Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Constitución establece que deben ser elegidos por voto popular luego de una preselección en el Legislativo.

Una parte del artículo 8 de ese proyecto señala de manera textual: “La designación de los interinatos será efectuada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de ternas a ser remitidas por la Cámara de Diputados para el caso del TCP (5) y por la Cámara de Senadores para el caso del TSJ (2)”.

El máximo dirigente de Libre, Jorge Tuto Quiroga, y el vicepresidente, Edmand Lara, cuestionaron por separado que se busque vulnerar la Constitución que establece un mecanismo concreto para la elección de magistrados de los más altos tribunales del país y coincidieron en señalar que existen intereses políticos del oficialismo por detrás.

Quiroga sostuvo que el gobierno de Paz pretende hacer lo mismo que se hacía en los regímenes de Evo Morales y Luis Arce, controlar el Judicial violando la Carta Magna, mientras que Lara ratificó la convocatoria a los representantes del Órgano Judicial este jueves en La Paz para discutir sobre una propuesta a todas luces inconstitucional.

“Como Gobierno no hemos enviado ningún proyecto”, sostuvo el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, al descartar que el Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley para que Paz designe magistrados interinos en el Tribunal Constitucional y en el Supremo de Justicia.