ambio de posición gubernamental en torno al contenido del pacto firmado el viernes de la semana pasada por la COB y el Gobierno, aquel que promovía la impunidad para los responsables de los 53 días de bloqueos del evismo. Este miércoles, el presidente Rodrigo Paz lanzó un dato sobre la afectación solo en carreteras y advirtió lo que debe suceder con los culpables.
“Por ejemplo, doy una cifra: 90 millones de bolivianos solo en daños de carreteras, quién va a pagar eso, quién pagará todo ese daño que debería ser para el comercio, para el trabajo, para la exportación, importación, para la convivencia y el desarrollo entre los bolivianos”, dijo el presidente Rodrigo Paz en el Bicentenario de la Policía.
“Tiene que haber responsables y hoy les pido la mayor de las firmezas para cumplir con nuestro mandato”, añadió el mandatario en el acto por los 200 años de creación de la Policía Boliviana, en la plaza Murillo de La Paz.
Paz no se limitó a proporcionar datos económicos relacionados con la afectación de los bloqueos sobre la infraestructura carretera del país. También lanzó una advertencia vinculada con el castigo que deberían tener los responsables de la destrucción de las vías, propiedad del Estado boliviano, es decir de todos.
En ese marco, Paz pidió a la estatalidad boliviana “actuar con firmeza” contra “aquellos que han hecho daño” en los bloqueos del evismo que se extendieron por 53 días con muertes, pérdidas económicas, destrucción de infraestructura y toma de rehenes en el caso de los choferes de transporte pesado.
“En estos 50 días tiene que haber responsables que ante la Justicia, a través de nuestro Ministerio Público, con la colaboración del Gobierno y la familia boliviana, tengamos que ponerlos en el justo lugar que es la cárcel por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”, sostuvo el presidente.
El viernes pasado, Paz y Mario Argollo, desaparecido secretario ejecutivo de la COB, firmaron un acuerdo cuyos cinco puntos del bloque referido a las consecuencias de los bloqueos señalan, por ejemplo, no criminalizar la protesta social, es decir no aprobar la denominada Ley Antibloqueos, y "gestionar la liberación de los detenidos" mediante una comisión integrada por el Ejecutivo, la COB y la Fiscalía General del Estado.
El acuerdo también establece que el Gobierno no deberá privatizar empresas públicas y no deberá someterse a los condicionamientos de organismos internacionales de financiamiento, menos permitir el saqueo de los recursos naturales que posee el país.
