uis Fernando Camacho y Marco Pumari, por una parte, y Jeanine Áñez, por otra, están cerca recuperar su libertad. Si se materializa, será un duro revés político al gobierno de Luis Arce que los persiguió, encarceló y sometió a procesos judiciales indebidos. El Ejecutivo sabe lo que se viene. Quiere evitar la liberación de esos opositores con apelaciones. ¿Lo conseguirá?
La Justicia paceña resolvió este miércoles el cese de la detención preventiva de Camacho, gobernador de Santa Cruz, en el proceso judicial que enfrenta por su papel en el paro de 36 días realizado entre octubre y noviembre de 2022, en demanda del Censo Nacional.
Pumari fue retornado a Potosí para encarar una nueva audiencia este viernes sobre la aparente quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019. Su familia se mostró absolutamente confiada en que el exlíder cívico vencerá y la justicia potosina determinará su liberación.
Áñez, expresidenta de Bolivia entre 2019 y 2020, también protagonizará una audiencia virtual en el caso Sacaba y es casi seguro que el tribunal que la juzga en un proceso ordinario decline competencia y ordene que sea sometida a un juicio de responsabilidades como ocurrió en los casos Senkata y EBA.
De inmediato, los equipos de abogados deberán tramitar mandamientos de libertad para que Camacho vuelva a Santa Cruz, Pumari sala y retome la acción política y Áñez recupere su libertad y retorne con su familia a preparar su defens en un eventual juicio de responsabilidades.
Camacho deberá cumplir medidas sustitutivas en el caso 36 día de paro como la detención domiciliaria, el arraigo y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos.
El presidente Luis Arce y la ministra de Justicia, Jessica Saravia, buscan que eso no ocurra, al menos no hasta el 8 de noviembre de este año, fecha en la que el todavía mandatario del país entregue el poder al ganador de la segunda vuelta, inédita en Bolivia.
Saravia informó que se presentaron apelaciones a la determinación de liberación de Camacho y Pumari. No descartó que se utilice la misma acción defensiva en el caso de la exmandataria Áñez.
“Una de las partes que conforma el Estado ha presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar la resolución”, dijo Saravia.
Por su parte, cambiando el tono con el que manejó su relación en prácticamente todo su gobierno, hasta el punto de avalar la prórroga de magistrados del TCP y del TSJ, Arce pidió a los operadores de juticia que piensen en las víctimas de los casos por lo que Camacho, Pumari y Áñez están a punto de ser liberados.
“En ese contexto, y con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, escribió en sus redes sociales
