l presidente Luis Arce y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunciaron el incremento de 5.85% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico, lo que ha generado desesperanza entre empresarios, economistas, autoridades y analistas que manifestaron su rechazo a la medida, misma que ha sido calificada como política y que lógicamente no responde a la realidad económica que vive Bolivia.
Las opiniones de quienes generan economía en el país coinciden en la postura de que la disposición provocará un estancamiento en la creación de empleos formales, supone una asfixia para el sector privado y generará un mayor incremento en la inflación. Los empresarios ratificaron también que la medida afectará a la economía de las empresas, anticipando el posible cierre de unidades productivas.
El incremento, el mayor de los últimos tiempos, es calificado como un “sablazo”, especialmente para las medianas y microempresas, debido a que la mayoría del empleo formal lo genera la pequeña empresa, el 20% lo genera la mediana empresa y las empresas grandes, menos del 1%. Es evidente que se generará el estancamiento del empleo formal y la caída de la productividad y competitividad nacional de cara a los mercados internacionales.
El incremento anunciado, como siempre, no beneficiará al 100% de los trabajadores (la mayoría en el mercado informal). El mayor beneficiario será esa masa burocrática generada por el Gobierno, que crea empleos en el sector público solamente para los masistas afines a Lucho y que deben respaldar su candidatura. La ironía viene para el propio Gobierno que agrandará y generará un mayor gasto público, porque tendrá que incrementar el salario a los más de 600 mil empleados públicos, lo cual es contraproducente para la economía del país que está en medio de una escasez de divisas, una caída de las exportaciones y una creciente inflación que viene afectando a la población.
La decisión tomada, en medio de la confrontación entre masistas y en la lucha por quedarse con la sigla del MAS para determinar quién será el candidato, genera preocupación, porque no se está calculando el daño que ocasionará a la economía de las empresas. No se ha tomado en cuenta los problemas económicos de fondo del país y pareciera que la medida solo pretende asegurar la fidelidad de los “arcistas” para sostener la candidatura de Lucho de cara a las elecciones 2025. En esa dimensión, estamos sometidos al capricho político de quienes quieren eternizarse en el poder.
¿Será posible garantizar que los empresarios se arriesguen a realizar nuevas contrataciones?, evidentemente que no. Esto va a suponer un aumento del empleo informal, porque la falta de fuentes de trabajo empujará a los desempleados hacia ese sector; las empresas, cualquiera sea su lugar en la economía, sufrirán porque no tendrán la capacidad de producir la cantidad de bienes determinados por la falta de recursos humanos suficientes, consecuentemente se profundizará la caída de la productividad laboral, que entre otras mediciones nos ubica, en esa eficiencia, en el último lugar de Latinoamérica.
Lastimosamente, el incremento decidido por el Gobierno originará una caída de la inversión privada y, por otro lado, la pérdida del 10% del poder adquisitivo. La estimación de los empresarios advierte del riesgo de perder una alta cantidad de fuentes de empleo generados por ese sector, como también obligará al sector privado a acrecentar su aporte para cumplir con el incremento, sin contar el porcentaje que significan las cargas sociales. Del otro lado del río, el ajuste aumentará el salario del secretario ejecutivo de la COB, trabajador minero declarado en comisión desde hace seis años, quien tendrá un salario de 15.450 bolivianos retroactivo a enero de este año. ¡Así, cualquiera!
Fernando Berríos es politólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
