o hay vuelta de hoja, el cambio de era está en curso, se ha caído el llamado Estado Plurinacional que debe ser reemplazado por otro modelo de estado, sociedad y poder político.
En este proceso, la voluntad del gobierno o de los actores políticos, solo y únicamente cuenta o, para darle un rumbo promisorio asumiendo su conducción o, en la inacción o complicidad, ser parte del derrumbe final.
Dada la gravedad de la crisis, las decisiones gubernamentales no pueden ser tomadas en fila india sino en abanico, con tareas a ser cumplidas en paralelo en un mismo tiempo, desde las de carácter estructural hasta las referidas a la cotidianidad, como poner las cosas en su lugar como manda la norma que permitirá a los ciudadanos diferenciar con mayor precisión el estado de derecho de la dictadura electoralizada derrotada que imponía su voluntad usando la fuerza, el engaño, la estupidez o todo lo que fuese necesario.
No se debe olvidar que el punto de partida del autoritarismo fue haber forzado la aprobación de un texto constitucional manchado de sangre e impulsado por la violencia estatal. La Asamblea Constituyente reunida en Sucre no cumplió con el mandato en los plazos establecidos por ley, por lo que los constituyentes debían haber cesado en sus funciones y dejar vigente la Constitución de ese entonces.
Los partidos políticos declinantes, en lugar de cumplir con la norma, contribuyeron en la imposición de un texto, con acuerdos logrados en un órgano derivado que no tenía competencia para el efecto, de este modo sentaron la oscura base normativa del periodo.
En los pasillos se negoció un texto remendado e incoherente, los autoritarios obtuvieron un instrumento justificador de la confrontación, la división y la destrucción institucional.
El MAS, el MNR, Unidad Nacional, Podemos y otros, acordaron que Bolivia es un estado “Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” sin comas, la primera vocal o consonante de cada palabra con mayúscula. Inventaron una palabra compuesta, contradictoria, como lo hicieron con la expresión indígena originario campesino, para contentar a la media luna, incluyeron “y con autonomías”.
El acuerdo dio lugar a un Frankenstein jurídico político, la ausencia de los principios de unidad y razonabilidad en su estructuración, impidió tener una Constitución coherente, cuyos vacíos y colisiones en su aplicación fueron frecuentes y en beneficio del poder político.
Quisieron ignorar la cualidad constitucional identitaria histórica de Bolivia, la República, despropósito que fue frenado en las negociaciones, ratificando nuestra condición y su existencia en el articulo 11 a pesar del masismo.
Pero las puertas habían sido abiertas, los autoritarios siguieron su tarea de imponer su voluntad, modificando arbitrariamente el contenido constitucional no para mejorarlo sino para enrevesarlo mucho más y decretar su inviabilidad.
Se percataron que el estado boliviano no tenía un nombre a su medida o tenía demasiados “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Utilizar una designación tan extensa no era recomendable porque secundarizaba la difusa idea de lo plurinacional, entonces inventaron el hipocorístico de estado plurinacional con el que reemplazaron al que debía ser.
Lo hicieron a su estilo, la Constitución sufrió su primera violación once días después de su promulgación, no fueron sensibles con el flamante texto, sin piedad lo violentaron.
En las sombras del Palacio Quemado, sin levantar polvareda, dictaron el Decreto Supremo 048 del 18 de marzo de 2009 que en su artículo único dice: “En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación: Estado Plurinacional de Bolivia” a partir de ese momento, impusieron abusivamente un apodo.
Se pasaron por las narices la supremacía de la CPE, el Órgano Ejecutivo dictó un decreto supremo, bautizando al Estado boliviano mediante un instrumento meramente administrativo.
En la actualidad se perciben cambios que reponen la jerarquÍa normativa, tal vez por eso, en sus discursos Paz Pereira dice Estado y utiliza un lenguaje sin aditamentos ni tergiversaciones, mientras sus colaboradores siguen mencionando al estado como plurinacional y con reminiscencias distorsionadoras de nuestro lenguaje.
A pesar de ser una Constitución forzada y mientras no se la reforme, algo que es necesario e inevitable, su cumplimiento no es opcional es de carácter imperativo, somos República de Bolivia.
Para evitar debates ociosos, el presidente Paz Pereira debe abrogar el Decreto Supremo 048 y evitar confusiones en gobernantes y gobernados. Así se habrá repuesto una designación histórica y constitucional con lo que se contribuirá a recuperar nuestra identidad.
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
