espués de 53 días de bloqueos, Bolivia no solo quedó con carreteras interrumpidas y una economía golpeada. Quedó, sobre todo, con una pregunta pendiente: ¿qué prioridades debe asumir un país que aún intenta recuperarse? Mientras miles de personas siguen haciendo filas durante horas para conseguir gasolina y diésel, el debate político parece haberse desplazado hacia otro tema: la nacionalización de los vehículos indocumentados, los conocidos "chutos".
La propuesta promete recaudar recursos para municipios e infraestructura. En tiempos de estrechez fiscal, cualquier ingreso adicional resulta tentador. Sin embargo, antes de celebrar sus posibles beneficios, conviene mirar el contexto. Preocupa que el proyecto de ley 494 se presente como una tabla de salvación fiscal cuando, en realidad, podría convertirse en el ancla que termine de hundir nuestra estabilidad logística. La propuesta de nacionalizar entre 500.000 y 1,2 millones de vehículos, bajo el argumento de recaudar entre 1.000 y 6.000 millones de dólares para carreteras y municipios, suena atractiva en el papel, pero ignora la realidad de nuestras estaciones de servicio.
No se trata solo de números; se trata de planificación. Si el problema actual es la falta de combustible, aumentar el consumo sin resolver antes el abastecimiento parece una decisión difícil de sostener técnica y económicamente. Las necesidades fiscales no deberían justificar medidas que terminen agravando una crisis que ya afecta al transporte, la producción y el costo de vida de la población.
Pero hay otro aspecto que merece tanta atención como el económico. Durante años, miles de ciudadanos pagaron impuestos, aranceles y cumplieron todos los requisitos para adquirir un vehículo de manera legal; otros eligieron un camino distinto. Si ahora ambos terminan recibiendo prácticamente el mismo reconocimiento del Estado, el mensaje es difícil de ignorar: esperar una regularización puede resultar más conveniente que cumplir la ley desde el principio.
A esto debemos sumar el costo internacional. La propuesta ya encendió alarmas en países vecinos como Chile, donde incluso se produjeron debates parlamentarios que derivaron en expresiones racistas contra nuestra identidad, alimentadas por la percepción de que Bolivia podría convertirse en un santuario para vehículos robados.
La pregunta, entonces, es sencilla: ¿es esta la prioridad del país?
Por eso, el debate sobre los "chutos" no debería limitarse a cuánto dinero podría ingresar al Tesoro. La discusión de fondo es otra: qué tipo de país queremos construir. Uno donde las normas se respeten porque generan confianza o uno donde siempre exista la expectativa de que, tarde o temprano, llegará una nueva excepción.
Miroslava Fernández Guevara es periodista y politóloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
