n bloqueo no destruye riqueza de forma pareja. Destruye continuidad, y lo que distingue a un actor económico de otro no es su tamaño sino su capacidad de sobrevivir a esa pausa forzada. Un gobierno puede congelar gastos, postergar pagos, emitir deuda o renegociar con sus propios sindicatos mientras el país está paralizado; sale debilitado de la crisis, pero sale. Una microempresa con tres empleados, un avicultor con aves que no llegan al mercado, o una startup que depende de su próxima ronda de inversión no tienen ese margen: para ellos, treinta o cincuenta días sin flujo de caja no son un mal trimestre, son el fin del negocio. Esa asimetría —entre quien puede absorber la discontinuidad y quien no— es la clave para entender por qué el mismo instrumento de presión, el bloqueo de rutas golpea hoy en día, de manera completamente distinta a como golpeaba hace cuarenta años, y por qué ese cambio importa especialmente para el emprendedor y la MyPyMe boliviana en 2026.
En los años ochenta, cuando la Central Obrera Boliviana alcanzó su mayor protagonismo, el actor que más dependía de la continuidad operativa era el propio Estado. Entre 1982 y 1985, con el PIB cayendo más de seis puntos en 1983 y una inflación que superó el once mil por ciento anual, empresas como COMIBOL, YPFB, ENTEL y ENDE concentraban no solo el empleo formal sino el grueso de la actividad productiva del país. Cuando un paro general las paralizaba, el daño se sentía, pero el Estado conservaba herramientas que ningún privado pequeño tiene: podía diferir pagos, recurrir a emisión monetaria, sostener nóminas con déficit.
El bloqueo dañaba a un actor con reservas, aunque esas reservas se estuvieran agotando por otras razones. El Decreto 21060 de 1985 y las privatizaciones posteriores desmontaron ese modelo, transfiriendo el control de sectores enteros a privados, pero lo que emergió en las décadas siguientes no fue un puñado de grandes corporaciones con la misma capacidad de absorción, sino un tejido económico radicalmente distinto en su relación con la continuidad: miles de actores que, por diseño, no pueden permitirse una pausa.
Ese tejido es la Bolivia de hoy. Cerca del noventa por ciento de las unidades económicas del país son microempresas, generan entre el setenta y el ochenta y tres por ciento del empleo, y casi ocho de cada diez registros empresariales corresponden a negocios unipersonales, donde el dueño y el trabajador son la misma persona y donde no existe una nómina que diferir porque no hay caja de la que diferirla.
A esto se suma una informalidad que cubre entre el sesenta y el ochenta por ciento de los trabajadores, sin contrato, sin seguridad social, sin colchón de crédito formal al que recurrir cuando se corta el suministro. El punto no es solo que esta economía sea más grande en número de actores que la de los ochenta; es que cada uno de esos actores individualmente tolera mucho menos la interrupción que el aparato estatal de antes. Bolivia pasó de tener una economía concentrada en un actor con reservas, a una economía dispersa en millones de actores sin ninguna.
El ciclo de bloqueos de 2026, de más de cincuenta días, fue el primer gran experimento sobre qué pasa cuando se aplica el mismo instrumento de presión sobre esa nueva estructura. Y la respuesta llegó en cifras: pérdidas estimadas entre 2.700 y más de 3.000 millones de dólares, con un daño diario de entre 50 y 60 millones para la economía nacional. Pero lo revelador no es el total, sino dónde se concentró. La industria perdió entre 10 y 12 millones de dólares diarios porque dejó de recibir materias primas y combustible, no porque perdiera competitividad.
El comercio y las MyPyMes vieron cerrar temporalmente ocho de cada diez negocios en La Paz y El Alto, con pérdidas superiores a 1.600 millones de dólares, no por una caída de demanda estructural sino porque la mercadería no llegaba y los clientes no podían movilizarse. Los exportadores agropecuarios apenas lograron despachar el veinte por ciento de sus volúmenes habituales, perdiendo cerca de 1.000 millones de dólares en mercados externos que no se recuperan con la misma velocidad con que se pierden. En cada uno de estos casos, el negocio en sí seguía siendo viable: lo que se rompió fue la continuidad que esos negocios necesitaban para seguir existiendo. Es la diferencia entre una empresa que pierde rentabilidad y una que simplemente deja de poder operar.
Sobre ese mismo principio de fragilidad ante la discontinuidad opera, con una intensidad todavía mayor, el ecosistema emprendedor de base tecnológica que Bolivia ha empezado a construir en la última década. El Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2025 registra 155 startups activas, concentradas en Santa Cruz y La Paz, que en conjunto reúnen el ochenta por ciento del total nacional. Es un ecosistema que recién está aprendiendo a sostenerse: el sesenta y nueve por ciento de las startups se financia con inversión propia, solo el catorce por ciento ha logrado acceso a capital de riesgo, y el runway promedio —los meses que una startup puede operar sin una nueva ronda de inversión— ronda los dieciocho meses. Una startup boliviana no tiene reservas para absorber un choque de cincuenta días sin que eso le cueste meses de pista de supervivencia; depende, de manera todavía más literal que una MyPyMe tradicional, de que el flujo de clientes, de pagos y de confianza inversora no se interrumpa.
Y ese flujo se interrumpe por varias vías a la vez cuando hay un bloqueo prolongado. La más directa es operativa: las startups de logística, comercio electrónico y soluciones para el agro dependen de las mismas rutas cortadas que paralizan a la industria y al comercio tradicional. La segunda es financiera: cada episodio de inestabilidad refuerza, ante los fondos regionales que apenas empiezan a mirar a Bolivia —Babasú Ventures, Escalatec, iThink VC, Newtopia—, la percepción de que el país es un entorno de mayor riesgo, justo cuando las startups bolivianas recién están aprendiendo a levantar rondas y mirar hacia mercados como Paraguay y Perú para escalar. La tercera vía, menos visible pero igual de determinante, es la de la demanda: gran parte de las startups bolivianas vende sus soluciones precisamente a las MyPyMes y a los trabajadores informales que constituyen el grueso de la economía, de modo que cuando ese cliente pierde semanas de ingresos por un bloqueo, lo primero que recorta es el gasto en herramientas digitales. El bloqueo no solo le corta el camino a la industria pesada; le corta, en cascada, la base de clientes a la startup que recién estaba encontrando tracción.
Lo que conecta todos estos hechos —la historia de la COB, la transformación de la estructura productiva boliviana, las pérdidas sectoriales de 2026, la fragilidad financiera de las startups— es un mismo mecanismo: la economía boliviana se reorganizó, durante cuarenta años, hacia una mayoría de actores que dependen de la continuidad operativa para sobrevivir, mientras el instrumento político que se usa para presionar al gobierno sigue siendo el mismo que se diseñó para golpear a un Estado con reservas.
El bloqueo de 2026 no fue más dañino porque haya durado más días que los paros de los ochenta; fue más dañino porque encontró, del otro lado, a millones de microempresarios, comerciantes y un puñado de startups recién nacidas que no tenían ningún colchón con el que absorber la pausa.
Esa es la verdadera repercusión, y la que debería pesar más en cualquier balance de lo que cuesta, hoy, paralizar al país: no cuántos millones se pierden en total, sino cuántos negocios y emprendimientos no vuelven a abrir cuando termina el bloqueo.
Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
