xiste una variable que ningún fundador de startup quiere mirar de frente pero que, tarde o temprano, determina si su empresa recibe capital o muere en la pizarra. No es el product-market fit, ni el tamaño del mercado direccionable, ni siquiera la calidad del equipo. Es el riesgo país, ese número silencioso que los mercados calculan cada día y que para Bolivia llegó a superar los 2.000 puntos básicos entre 2023 y 2024, convirtiendo al país en la segunda economía más riesgosa de América Latina, apenas por detrás de una Venezuela en colapso institucional crónico.
El riesgo país, medido mediante el EMBI de JP Morgan, representa el sobreprecio que un soberano debe pagar para financiarse respecto a los bonos del Tesoro estadounidense. Cuando ese número es alto, no solo encarece la deuda pública: actúa como un techo gravitacional sobre toda inversión privada de largo plazo. Para el venture capital, la mecánica es implacable. El spread soberano se incorpora como piso mínimo al retorno exigido por cualquier fondo institucional, lo que significa que una startup boliviana debe prometer rendimientos extraordinarios simplemente para compensar el ruido macro del país en el que opera. Al mismo tiempo, muchos limited partners institucionales tienen límites explícitos de exposición a jurisdicciones con EMBI elevado o calificación crediticia deteriorada, lo que reduce estructuralmente el universo de capital disponible antes incluso de que un fundador haya abierto un pitch deck.
A esto se suma una capa de riesgo que no guarda relación con la calidad del negocio: el riesgo político, el cambiario, el de expropiación y los controles de capital. Una startup puede ejecutar con precisión quirúrgica su estrategia de crecimiento y aun así perder valor si el gobierno decide intervenir el mercado de divisas, si los bloqueos de carreteras paralizan la logística durante semanas o si la incertidumbre electoral dispara el EMBI otros trescientos puntos de un trimestre a otro, como Bolivia demostró que era perfectamente capaz de hacer.
El patrón que emerge en mercados de alto riesgo a lo largo de América Latina es consistente y bien documentado. Venezuela prácticamente no tiene venture capital tradicional; lo que subsiste son operaciones oportunistas, capital de impacto muy especializado y estructuras montadas fuera del país con equipos distribuidos. Ecuador, con un EMBI que ha oscilado frecuentemente por encima de los 1.500 puntos, atrae flujos reducidos, casi siempre en tickets pequeños apuntalados por programas multilaterales o aceleradoras internacionales.
Argentina es el caso más instructivo: pese a un indicador que rondaba los 600 puntos a inicios de 2026, sigue atrayendo capital de riesgo gracias a su profundidad de talento, al tamaño de su mercado y a su probada capacidad exportadora de servicios tecnológicos. La respuesta de los fondos, sin embargo, no ha sido ignorar el riesgo, sino sofisticar las estructuras para contenerlo. Esa sofisticación tiene nombre y arquitectura propios. El llamado "Cayman Sandwich" se ha consolidado como estándar regional: una holding en las Islas Caimán, una entidad intermedia constituida en Delaware y la compañía operadora localizada en el país latinoamericano de turno. La lógica es transparente. El capital de los LPs internacionales fluye hacia una jurisdicción con derecho societario predecible, alta protección al inversor y tratados fiscales favorables. Los litigios se resuelven en tribunales de Nueva York o Londres, no en sistemas judiciales locales percibidos como poco confiables. Y los activos intangibles, la propiedad intelectual y la expansión comercial pueden gestionarse desde un marco regulatorio estable, independientemente de lo que ocurra en el país de operación.
En términos prácticos, una startup de un país de EMBI elevado que aspira a levantar capital institucional internacional no tiene una opción real: debe incorporarse fuera y dejar la sociedad local como subsidiaria operativa. Quien no lo hace, reduce drásticamente su universo de inversores potenciales antes de hacer una sola llamada.
Bolivia llega tarde y en condiciones adversas a esta conversación. Entre 2023 y 2024, su EMBI superó los 1.800 puntos, quintuplicando el promedio regional y sextuplicando el global. En 2025 comenzó una mejora frágil, impulsada más por expectativas de ajuste fiscal y negociaciones de financiamiento externo que por cambios estructurales consolidados, y para inicios de 2026 el indicador había descendido a un rango de entre 470 y 561 puntos, comparable al de 2022. La caída es significativa en términos relativos, superior al 70% respecto al pico, pero Bolivia sigue siendo el segundo país más riesgoso de la región, muy lejos de Uruguay con sus 78 puntos o de Paraguay con 129. La mejora reciente no borra el hecho de que el Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index ubica al país en el puesto 104 de 125 economías evaluadas, con una puntuación de 25,7, lastrado especialmente por sus indicadores de protección al inversor, gobernanza corporativa y profundidad del mercado de capitales.
En este contexto, el ecosistema boliviano de venture capital es, por necesidad más que por diseño, un ecosistema de adaptación. Según datos de la Fundación IES, el país cuenta con un fondo local y tres internacionales con foco de inversión en Bolivia, cifra que contrasta desfavorablemente con la de pares regionales como Perú o Ecuador. El primer reporte de la industria VC en Bolivia, elaborado junto a Startups Latam, identificó apenas 25 rondas entre 2019 y 2023, casi todas en etapas de presemilla y semilla, concentradas en fintech, movilidad, logística, e-commerce y SaaS. El capital foráneo que llega lo hace con mandatos de impacto o de desarrollo, proveniente de fundaciones, organismos multilaterales y fondos que aceptan horizontes más largos y retornos más moderados a cambio de resultados medibles en empleo, inclusión financiera o sostenibilidad. Los grandes fondos generalistas globales, los mismos que despliegan cientos de millones en Brasil, México, Colombia o Chile, sencillamente no aparecen.
El actor más revelador del ecosistema boliviano es Escalatec, el primer fondo de venture capital constituido en el país, fundado en 2019 con el respaldo de las fundaciones SOLYDES y FUNDA-PRÓ. Escalatec invierte en startups de base tecnológica en etapas tempranas con tickets de entre 50.000 y 250.000 dólares, concentrándose en SaaS, fintech y e-commerce. Su tesis es clara en Crunchbase: apuesta por talento digital boliviano con potencial de crecer y generar soluciones para Bolivia y América Latina. El problema es que esa tesis, admirable en su intención, no está blindada estructuralmente contra el riesgo soberano que afecta a todos sus portafolio companies.
Escalatec está constituido en Bolivia, opera bajo el marco regulatorio boliviano y no cuenta, al menos según la información pública disponible, con una estructura offshore que aísle el riesgo país del vehículo inversor en sí mismo. Esto contrasta con Babasú Ventures, el otro fondo de referencia del ecosistema, que tomó una decisión diferente: está constituido en Delaware. No es un detalle menor. Es la diferencia entre un fondo que puede recibir capital de LPs internacionales en condiciones competitivas y uno que, por su domicilio legal, enfrenta fricciones adicionales para atraerlo.
La pregunta que se deriva de esto no es si Escalatec es un actor valioso para el ecosistema boliviano, porque claramente lo es. La pregunta es si un fondo domiciliado en Bolivia puede garantizar un exit a sus inversores en condiciones comparables a las de fondos con estructura offshore. La respuesta honesta es que resulta considerablemente más difícil. Un exit en venture capital requiere, en la mayoría de los casos, que la compañía adquirida o que hace una oferta pública tenga una estructura legal limpia y reconocible para un adquirente estratégico o para los mercados de capitales internacionales.
Una startup boliviana invertida por un fondo boliviano, con holding en Bolivia y operaciones en Bolivia, presenta un perfil de due diligence más complejo, más costoso y más incierto para cualquier comprador o coinversor internacional. Los exits del ecosistema regional se producen casi exclusivamente en compañías con estructura Delaware o Caimán, porque son las que los adquirentes globales saben cómo comprar. Las que no tienen esa estructura suelen vender más barato, tardar más o simplemente no vender.
El camino que los fundadores bolivianos y los propios fondos deberían recorrer está trazado por la experiencia regional. Primero, constituir la holding fuera de Bolivia desde el día uno, idealmente en Delaware o en las Islas Caimán si se anticipa participación de LPs institucionales, y dejar la operación local como subsidiaria. Segundo, diseñar el modelo de negocio con una lógica de expansión regional explícita y temprana, priorizando verticales que generen ingresos en moneda fuerte o que puedan escalar hacia mercados de menor riesgo como Brasil, México, Chile o Colombia. Tercero, preparar el terreno narrativo para los inversores: no vender Bolivia como mercado principal, sino como laboratorio de validación desde el que se construye una tesis regional. Cuarto, en el caso específico de los fondos locales como Escalatec, evaluar seriamente la posibilidad de re-domiciliar el vehículo o crear una estructura paralela en una jurisdicción neutral que permita recibir coinversiones internacionales en condiciones estándar. No hacerlo no invalida las inversiones ya realizadas, pero sí limita el universo de salidas posibles para las compañías del portafolio.
Bolivia ha demostrado en los últimos años una capacidad notable para generar startups con ambición regional, particularmente en fintech y SaaS. El ecosistema existe, tiene actores serios y está ganando sofisticación. Pero mientras el país mantenga un EMBI que lo sitúa en el segundo lugar de la tabla regional de riesgo, los fundadores y los fondos que apuestan por él no pueden darse el lujo de ignorar la plomada soberana que pesa sobre cada valoración y cada negociación.
El riesgo país no desaparece por no mirarlo. Desaparece, o al menos se contiene, cuando se construyen las estructuras correctas para trabajar a pesar de él.
Marcelo Camacho Herrera es experto en startups y emprendimiento.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
