uesta entender las cosas fuera de la lógica de ganadores y perdedores, más aún después de haber vivido las consecuencias de un conflicto que duró 50 días: el más prolongado, aunque no el más cruento, de cuantos ha enfrentado Bolivia en este primer cuarto del siglo XXI.
Y es que, después de todo lo ocurrido, hay perdedores que aparecen poco en el balance final, pese a que probablemente sean los más importantes. La discusión sobre si el gobierno o los movilizados lograron imponerse sigue abierta. Lo que no admite debate es que la mayoría de los bolivianos —sobre todo los paceños y alteños— han sido, y probablemente seguirán siendo durante mucho tiempo, los grandes derrotados.
El cierre de un reconocido restaurante de comida criolla en La Paz —Vagón del Sur—, tras casi tres décadas de resistir la inestabilidad política y las recurrentes turbulencias económicas, está lejos de ser una simple anécdota. Es una muestra tangible de la profunda secuela que deja haber puesto al país en una pausa forzada.
Si un negocio con trayectoria y reconocimiento no pudo resistir el golpe, es fácil imaginar la suerte de cientos o miles de establecimientos más pequeños, con menos recursos y menor capacidad para soportar una crisis como la vivida. Para muchos de ellos, que ya caminaban al borde del abismo debido al deterioro económico, los 50 días de bloqueos fueron el empujón definitivo.
La mortalidad empresarial entre las micro y pequeñas empresas en Bolivia es alarmante. Por diversas razones, más del 70% no sobrevive a su primer año de vida. Todo indica que esa cifra será aún más alta después de esta crisis. Los pocos o muchos empleos que se habían generado alrededor de innumerables actividades económicas desaparecieron casi de la noche a la mañana.
Hay perdedores entre quienes producen y se vieron obligados a dejar de hacerlo; entre quienes consumen y también tuvieron que resignarse a no hacerlo; entre quienes pasaron días enteros y noches interminables haciendo fila para conseguir unos litros de gasolina que les permitieran trabajar o simplemente llegar a sus fuentes de ingreso. La lista es extensa y alcanza a casi todas las actividades que fueron paralizadas por la fuerza.
Nadie puede proclamarse vencedor en medio de los escombros. Ni los activistas del desastre, que casualmente fueron quienes administraron el país de una manera que terminó conduciéndolo a la peor crisis económica de su historia. Ni quienes optaron por la mesura —o por la debilidad, según se quiera interpretar— para evitar que la sangre volviera a correr y que la confrontación desembocara en la tragedia que algunos parecían buscar.
Los más optimistas sostienen ahora que, al menos, los sectores más radicales de ambos bandos perdieron esta batalla. Y que, precisamente por ello, se abre una oportunidad para construir nuevas fórmulas de entendimiento sobre la base de coincidencias mínimas.
La crisis de mayo y junio debería servir, cuando menos, para que el Gobierno corrija aquello que venía haciendo mal, que no es poco. También para que los sectores que habitualmente se movilizan comprendan que no pueden convertirse en rehenes de causas personales o ajenas. Mucho menos arrogarse el derecho —que no tienen— de asfixiar a dos ciudades y a millones de habitantes para imponer demandas sobre las que no existe margen de negociación, como la exigencia de la renuncia del presidente.
Después de lo sucedido, resulta imposible volver a abril como si nada hubiera pasado. Si el camino ya era difícil antes, ahora lo será mucho más. Eso obliga a revisar prioridades, ajustar agendas y actuar con urgencia.
Salir de la crisis sin trasladar todo el peso de las decisiones a los más débiles; combatir el atraso que persiste en amplios sectores, especialmente en el altiplano paceño; dar señales reales de austeridad y sensatez desde el Gobierno; enfrentar de manera conjunta al crimen organizado, que opera a plena vista y, en ocasiones, con complicidad estatal; aislar y eventualmente extirpar de raíz a los grupos y liderazgos que promueven sistemáticamente la violencia.
Esas son algunas de las tareas pendientes, quizá las más urgentes, si de verdad se quiere encaminar un cambio en el que, por una vez, todos tengan algo que ganar.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
