me opongo totalmente por las siguientes razones:
Primero, las legales: No existe ninguna ley ni ningún decreto que haya dado origen a este organismo. El Consejo Económico y Social (CEyS) es solamente un acuerdo político inestable, que se pretende genere efectos técnicos y administrativos superiores a los de los órganos designados por ley, como el Consejo de Ministros, o por la costumbre (el “gabinete económico”).
Segundo, las políticas: Con la creación del CEyS, el presidente Rodrigo Paz incorpora al gobierno a las fuerzas que fueron derrotadas en las elecciones generales de 2025, es decir, excluidas por los ciudadanos de ejercer el poder. Eso equivale burlar la voluntad ciudadana y extender un certificado de larga vida a las políticas colectivistas, intervencionistas y estatistas del masismo. Equivale también a postergar un acuerdo con las fuerzas políticas democráticas para gobernar el país.
El CEyS será el escenario en el que el gobierno postergará la dictación de medidas esenciales para la evitación de la catástrofe económica, a saber, el cierre de las empresas públicas, la reducción drástica del gasto fiscal hasta que el gobierno no presente ningún déficit y el levantamiento de barreras para que las empresas privadas puedan constituirse y operar libremente.
De algún modo la creación del CEyS expresa confianza en la “tercera vía”, una opción que sería equidistante del capitalismo de libre mercado y del socialismo. A ella se llegaría, principalmente, por la negociación de intereses, como proponen sus propagandistas. Nada de eso es cierto. Al final, sólo existen dos vías. O los países optan por la economía de mercado, que exige disciplina y ahorro para invertir, innovar y cosechar empleos, ingresos y bienestar, u optan por entregar los medios de producción al Estado para que éste rompa los derechos de propiedad, elimine las libertades, arruine la división del trabajo y la productividad y ahogue a la sociedad en escasez, inflación y pobreza. Ningún órgano burocrático puede eliminar esa encrucijada inevitable.
Tercero, las gerenciales. No queda claro cuál es el campo específico de competencia del CEyS, que es lo peor. Éste podrá intervenir en política económica, política social, asuntos exteriores y cualquier otro asunto que a las aristocracias sindicales les parezca interesante. Tampoco se sabe cómo el CEyS deslindará responsabilidades con el “gabinete económico”; lo más probable es que ambas entidades compitan entre sí, hasta que finalmente una logre imponerse. Tampoco se ve cómo el CEyS podría afectar al contenido y ejecución del naciente plan general de desarrollo económico y social (PGDES). No se ve cuáles serán los mecanismos operacionales del CEyS. Se me responderá que por ser un organismo de alto nivel sólo verá asuntos de suma importancia. Eso reforzaría mis argumentos en contra, porque se estaría entregando a los perdedores asuntos que los ciudadanos no quieren que aquellos vean. Pero hay más: Nadie sabe por qué el CEyS sería superior a otras opciones que existieron en el pasado, como el CONEPLAN. No se ha explicado cómo el CEyS se contradirá o complementará con el CenGob, una entidad supraministerial creada recientemente y específicamente para la articulación interinstitucional. Me pregunto, por fin, cómo se elegirá a los miembros del CEyS. ¿Habrá un concurso de méritos público y abierto para que se escoja a los mejores? ¿O serán las aristocracias sindicales las que elijan a “sus” representantes y envíen, como enviaron a la ASL, a los más tercos y obsecuentes, que suelen ser también los más ignorantes? Y no queda claro cómo se gobernará el CEyS. ¿Será una asamblea general permanente? ¿Al mando de quién? ¿Cómo se tomarán sus decisiones? ¿Cuáles serán sus límites? ¿A quién responderán?
Last, but not least: Hay razones éticas en contra del CEyS. La principal y más grande, es que los ciudadanos decidieron darle a Rodrigo Paz la misión de sacarnos del masismo, no de perpetuarnos en él. Que en el curso de la batalla electoral Rodrigo Paz haya hecho promesas imprudentes a las aristocracias sindicales y al Comité Pro Santa Cruz, que se haya volcado inicialmente en favor de éste (como refleja la composición de su gabinete) y que ello haya motivado que las aristocracias sindicales se sientan traicionadas (como realmente ocurrió), no es un justificativo para que ahora pretenda corregir su error haciendo concesiones extremas.
En resumen: La creación del CEyS es un error. Su operación será costosa, fuente de conflictos y no producirá resultados de importancia. Necesitamos soluciones, no más organismos burocráticos, que inevitablemente, vivirán del presupuesto general del Estado, es decir, de los aportes de los ciudadanos.
Gonzalo Flores es sociólogo y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
