a discusión pública boliviana de estas semanas se ha organizado alrededor de una dicotomía familiar y, sin embargo, profundamente insuficiente: shock o gradualismo.
Ambos términos suelen interpretarse como simples diferencias de velocidad, como si el dilema nacional fuera decidir entre pisar el acelerador o levantar levemente el pie del freno. Esa es una mirada incompleta, porque la estabilización y la recuperación del crecimiento no es solamente un asunto de tiempo: es, sobre todo, un asunto de rumbo .
El país no necesita únicamente que las políticas públicas se ejecuten más rápido; necesita que sean, sobre todo, distintas. Que la estabilidad y el crecimiento tengan horizonte y no apenas apuro.
Es entendible la prudencia de la administración Paz. Ningún gobierno, y menos uno recién instalado, puede transformar en días un país que ha sido gobernado por ideas equivocadas durante dos décadas. Pero, sin duda, no hay que perder de perspectiva que todo nuevo gobierno tiene una ventana de oportunidad para realizar transformaciones. Lo que en la jerga política se conoce como la luna de miel, una predisposición social y política de aceptar el cambio y apoyarlo. Entretanto la frontera entre la prudencia y el cambio es muy tenue. Lo peligroso es quedarse en la frontera.
Está claro que reducir el shock a hacer las cosas “rápido” es perder de vista lo esencial. El verdadero shock es conceptual y en la narrativa: abandonar el agotado patrón de desarrollo extractivista y adoptar una misión nacional articulada alrededor de la conquista del planeta del capital humano y del crecimiento verde, de las exportaciones de servicios, de la innovación intensiva en conocimiento, del emprendimiento global y de un Estado profesional, austero y eficaz.
Ahí está el giro. No se trata de acelerar lo viejo, sino de inaugurar lo nuevo, aun cuando su implementación pueda ser gradual
El imaginario político colectivo, sin embargo, ha quedado secuestrado por el nivel de dos precios: el tipo de cambio y el valor de los combustibles. Son variables importantes y requieren reformas profundas. Pero han sido postergadas, por el gobierno por razones de cálculo político y de gobernabilidad. Ese compás de espera de tres o cuatro meses no tendría por qué ser traumático si el país avanza rápidamente por otros carriles.
La estabilización integral y la recuperación del crecimiento económico no tienen por qué limitarse a esos dos temas.
La ciudadanía boliviana, por su parte, ya hizo un milagro propio: expulsó con el voto, en paz y con civismo, a uno de los peores gobiernos de la historia. Ese comportamiento admirable exige correspondencia.
La política pública debe convertirse en una forma de gratitud y de promesa cumplida. Las victorias tempranas son una manera de honrar esa esperanza que brotó en las urnas, y deben ser simultáneamente técnicas, simbólicas y estructurales.
La nueva administración llega con un conjunto de cinco eslóganes de campaña útiles políticamente, pero programáticamente insuficientes sino se toman acciones concretas y vistosas políticamente: Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, capitalismo para todos, eliminar el Estado tranca, 50/50 con las regiones, y lucha contra la corrupción.
La debilidad fundamental de muchas plataformas políticas contemporáneas es la confusión entre medios (instrumentos) y fines (misiones/objetivos). Cuando un plan de gobierno eleva el “cómo” al nivel del “qué” y el “para qué”, se corre el riesgo de crear una gestión tecnocrática que funciona “bien” en el papel, pero que pierde de vista el bienestar humano.
A continuación, presento la deconstrucción de los cinco pilares del gobierno actual, evidenciando que ninguno constituye un objetivo de desarrollo en sí mismo, sino meras herramientas operativas. Además, se propone políticas para cada pilar.
El desarrollo real se mide en indicadores de bienestar humano: salud, educación, libertad, capacidad de agencia, felicidad. Todo lo demás es infraestructura para llegar ahí.
1) Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia: La apertura comercial y financiera es un canal, no un destino. Un país puede estar totalmente integrado como exportador de materia prima barata y seguir siendo subdesarrollado. La apertura es la tubería; el objetivo debería ser soberanía económica mediante competitividad global.
Este pilar se sostiene mediante una política comercial audaz: eliminar licencias y trabas discrecionales ahora en exportaciones e importaciones, implementar una ventanilla única digital para comercio exterior, reformar las aduanas aplicando gestión de riesgo y escáneres, abrir el mercado aeronáutico ahora, para generar turismo y competencia, y adoptar un régimen de visas ultraliberal para atraer inversión, talento y visitantes. Estas medidas le dan contenido real a la inserción global, convirtiéndola en palanca de desarrollo productivo.
2) Terminar con el Estado tranca: La eficiencia administrativa no es un proyecto civilizatorio. Un Estado puede ser ágil sin ser justo. Quitar trámites es aceitar la máquina, pero no define hacia dónde va el vehículo. El objetivo real debe ser liberar tiempo ciudadano para la vida digna.
Aquí encaja el rediseño del aparato estatal: reorganizar el Ejecutivo en torno a 10 ministerios coherentes (se debe seguir cortando), cerrar empresas públicas improductivas (¿qué se espera para cerrar Quipus o la fábrica de papas fritas? Así hay varias) y reestructurar las que tienen potencial, instaurar austeridad estricta en el gasto corriente, controlar digitalmente el consumo de combustible estatal y transformar el servicio exterior en una plataforma económica (quédense con solo 10 embajadas, el resto se cierra).
Todo esto reduce fricciones, libera tiempo y recursos, y permite que la ciudadanía viva una relación más digna y útil con el Estado.
3) Capitalismo para todos: El modelo económico es el motor, no el viaje. La inversión es un insumo, no el destino. Si no se traduce en movilidad social, creación de patrimonio familiar y empresarial y reducción de desigualdad, se convierte en fetichismo de mercado.
Además de hacer desaparecer algunos impuestos, la reforma tributaria se vuelve clave: bajar el IVA y ampliar la base impositiva incorporando cooperativas mineras, productores de coca comercial y gremiales de gran escala mediante un monotributo productivo; eliminar privilegios fiscales injustificados; digitalizar completamente la administración tributaria y aduanera.
Una estructura tributaria justa y moderna permite que el crecimiento económico se traduzca en beneficios reales para las familias, no solo para las élites.
4) Justicia descentralizadora (50/50): Transferir dinero no es transferir desarrollo. Si la gobernación o el municipio no tienen capacidades, el dinero se pierde igual. Lo que importa no es quién gasta, sino qué calidad de servicios recibe la gente.
El enfoque productivo regional plantea que Bolivia avance hacia un federalismo fiscal orientado al desarrollo, donde las regiones no solo reciban recursos, sino que construyan capacidades propias a partir de sus ventajas territoriales. Por ejemplo, esto implica promover especializaciones estratégicas, como un eje Sucre–Potosí–Oruro centrado en turismo histórico y cultural, y un corredor. Beni–Pando–Santa Cruz enfocados en agroindustria y bioeconomía, articulados con fondos concursables, infraestructura de alto impacto y cadenas de valor sostenibles. El objetivo es transformar la descentralización-federalización en un mecanismo activo de creación de riqueza local y no en una simple redistribución administrativa.
5) Lucha frontal contra la corrupción: La honestidad no es una propuesta de valor, es un estándar mínimo. Un país puede ser honesto y seguir siendo pobre. La lucha anticorrupción es mantenimiento del sistema, no define visión de futuro.
De este análisis surge una conclusión: estos cinco puntos responden a la pregunta ¿cómo administrar el Estado?, pero no responden la pregunta esencial: ¿qué tipo de sociedad queremos construir?
La construcción de confianza pública requiere un ecosistema institucional que combine transparencia radical, control efectivo y participación ciudadana significativa. Para ello, es indispensable implementar plataformas abiertas de trazabilidad del gasto público en tiempo real, establecer una Oficina de Integridad Institucional independiente, dotada de capacidad sancionatoria y mecanismos de protección a denunciantes, y consolidar. Presupuestos Participativos 2.0, donde la ciudadanía pueda verificar, auditar y validar digitalmente la ejecución de proyectos.
Esta arquitectura fortalece la rendición de cuentas, reduce espacios de opacidad y transforma al ciudadano en un actor activo del control democrático. Bolivia necesita una visión de desarrollo que garantice libertad, dignidad y oportunidades reales para todas las personas, convirtiendo talento en prosperidad, diversidad en innovación e instituciones en confianza social.
Su misión es construir un pacto social basado en capital humano, equidad territorial, creatividad económica y solidez institucional, articulando Estado, sector privado y ciudadanía para reducir desigualdades y generar prosperidad sostenible.
Para sostener este rumbo se requiere una gobernanza robusta: un Consejo de Estabilización y Desarrollo con seguimiento permanente, una Ley de Responsabilidad Fiscal que imponga disciplina macroeconómica y un pacto nacional que asegure continuidad política durante al menos un quinquenio.
Estas son políticas shock que tienen que ser anunciadas rápidamente, son victorias tempranas, y que ciertamente, con la sociedad esperanzada y motivada, implementarlas de manera gradual.
Gonzalo Chávez Álvarez es economista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
