ay una tentación recurrente en la política económica: creer que los problemas estructurales se arreglan con buena redacción, un par de considerandos solemnes y un decreto bien peinado. Es lo que podríamos llamar el optimismo tecnocrático o, en su versión más refinada, el pensamiento mágico administrativo. El Decreto Supremo 5503 parece caer, con elegancia y buena intención, en esta categoría.
Porque el populismo, conviene decirlo sin rodeos, no es un error técnico ni un desliz de política macroeconómica. No es una tasa mal calibrada ni un subsidio mal focalizado. El populismo es un arreglo de poder, una arquitectura político–económica compleja que mientras haya plata funciona como reloj suizo… aunque por dentro esté hecho con piezas recicladas.
Desde la economía política comparada, el populismo no se define sólo por su discurso antiélite ni por su amor eterno al “pueblo”, sino por algo mucho más terrenal: la distribución discrecional de rentas económicas a cambio de lealtades políticas. El Estado no gobierna; reparte. Y quien reparte, manda. Así de simple.
En su versión clásica, el populismo económico expande el gasto, congela precios, subsidia todo lo que se mueva (y también lo que no), fija el tipo de cambio como si fuera una ley de la física y posterga cualquier preocupación por el largo plazo. ¿Para qué pensar en mañana si hay elecciones pasado mañana? La literatura económica ha mostrado con paciencia franciscana que estos ciclos terminan siempre igual: crisis externa, inflación, escasez y conflictos distributivos. Spoiler alert: nunca termina bien.
Pero la versión moderna del análisis es aún más incómoda para los tecnócratas. El populismo no colapsa porque sea intelectualmente débil, sino porque se queda sin plata. Mientras haya renta económica hay populismo. Cuando se acaba la renta aparece la realidad, sin anestesia.Bolivia es un caso de manual. Durante más de 20 años, el populismo de izquierda se sostuvo sobre un regalo del cielo, o del mercado internacional: el boom del gas y los minerales. Esa renta permitió construir un bloque histórico de poder en el sentido gramsciano: sectores populares, sindicatos, movimientos sociales, élites burocráticas y actores territoriales, todos unidos por un noble ideal… llamado excedente extractivo. A eso lo bautizamos “nacional–popular”. Sonaba épico y mientras hubo dólares funcionó.
El Estado se convirtió entonces en el gran distribuidor de premios. Hubo bonos y transferencias financiadas por el gas, subsidios a los combustibles que beneficiaban tanto al minibús como al Hummer; un tipo de cambio fijo que hacía sentir ricos a los importadores y felices a los contrabandistas; y una tolerancia estratégica en ciertos territorios donde el Estado prefería no ver, no oír y no regular, siempre que el apoyo político estuviera garantizado.
A esto se sumó la captura corporativa del Estado: cargos, empresas públicas, salarios, vehículos, edificios y poder simbólico repartidos como si fueran canastas navideñas. Y, por supuesto, las rentas políticas: impunidad selectiva, acceso privilegiado al poder y control de decisiones clave. El populismo no solo redistribuyó dinero, redistribuyó poder.
Todo este sistema fue estable mientras hubo gas. Cuando la renta empezó a caer, el castillo mostró que era de arena. Menos exportaciones, menos dólares, más emisión, inflación, pérdida de reservas y una guerra campal por quién paga el ajuste. Exactamente lo que dice la teoría. Nada exótico, nada inesperado.
Aquí viene la parte incómoda: salir de este modelo no es un trámite administrativo. No basta con un decreto, ni siquiera con uno bien escrito. Cambiar un Estado rentista por una economía basada en la libertad positiva, la productividad, el mercado y la creación de valor público y privado implica generar un cambio político profundo en el patrón de desarrollo y produce huerfanos rentistas claros. Y esos deseredados no aplauden reformas; marchan y bloquean caminos.
Por eso, la experiencia internacional es clara: las salidas exitosas del populismo requieren un nuevo pacto político y social, un bloque de poder alternativo capaz de sostener el ajuste, repartir costos y ofrecer una narrativa creíble de futuro. No basta con decir “ahora sí vamos a ser responsables”. Hay que explicar quién gana, quién pierde y por qué vale la pena apostar al futuro.
Aquí es donde el DS 5503 muestra su principal debilidad. No tanto por sus detalles técnicos o sus flancos jurídicos, sino por algo más profundo: no tiene anclaje político ni social. Parte de la premisa de que parte de la sociedad aceptará dócilmente dejar la mamadera rentista solo porque alguien lo decretó en la Gaceta. Spoiler número dos: eso nunca pasa.
El actual gobierno llegó al poder más por el rechazo al pasado que por la adhesión a un proyecto común de futuro. Un matrimonio electoral por despecho, no por amor. Y cuando no hay proyecto compartido, desmontar el populismo se vuelve una tarea casi suicida.
“Destetar” a una sociedad rentista acostumbrada a subsidios, rentas cambiarias y prebendas no es una operación técnica; es una cirugía política mayor sin anestesia. Requiere acuerdos amplios, distribución de cargas adecuada y una narrativa honesta que diga, sin eufemismos, que el modelo anterior se acabó porque se acabó la plata, no porque alguien se volvió liberal de repente.
El bloque histórico que sostuvo al populismo está hoy en descomposición. Lo que fue nacional–popular mutó en nacional–prebendal: menos épica, más factura. Menos proyecto, más reparto. Cuando la renta desapareció, el pacto se vació.
Por eso, el problema no es si el DS 5503 está bien o mal diseñado; el problema es creer que un decreto puede reemplazar un acuerdo fundacional. La historia económica enseña algo con brutal claridad: el populismo no se desmonta con tecnocracia pura sino con política, consenso y un nuevo horizonte de creación de valor.
El DS 21060 dejó una lección brutalmente simple que hoy se quiere ignorar: las crisis se resuelven con política, no con decretos solitarios. Aquel ajuste sobrevivió porque tuvo un pacto de poder explícito, el Pacto por la Democracia, y porque aquella dirigencia entendió que gobernar es ordenar intereses, administrar costos y construir un nuevo bloque de poder, algo que debería interpelar sin rodeos a Rodrigo Paz Pereira, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, y a la nueva camada política.
La salida a la crisis no está en mejorar la redacción del DS 5503, sino en construir un acuerdo político real, porque sin gestión del poder, sin coaliciones y sin pacto social, cualquier decreto es solo papel con pretensiones históricas.
En resumen, el desafío no es solo cómo desmontar el populismo; sino con quiénes y bajo qué pacto hacerlo. ¿Pacto por el Bicentenario? Pretender desatar un nudo construido durante 20 con un instrumento administrativo es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una receta posible para el fracaso.
Gonzalo Chávez Álvarez es economista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
