as elecciones de autoridades ejecutivas (gobernadores y alcaldes) y legislativas (concejales y asambleístas departamentales) son bastante más de lo que se transmite al llamarlas “subnacionales”, como acostumbran políticos profesionales, periodistas y otros difusores masivos de informaciones. Son, real e históricamente, elecciones autonómicas, porque el voto corresponde a las autonomías municipales y departamentales; las indígenas y regionales no tienen espacio en las votaciones de marzo.
La Constitución de 2009 recoge el profundo sentimiento descentralizador de los movimientos democráticos, originados en el seno de la sociedad civil, antes que del impulso de las asociaciones de políticos profesionales; sea que se llamen partidos, o decidan adoptar cualquier otra identidad.
Antes de los movimientos departamentales y regionales, el impulso descentralizador en su vertiente más antigua y profunda, proviene de la resistencia interna contra la ocupación y domino de a la corona española, hasta el extremo de haberse visto obligada a reconocer “dos repúblicas”, la “de españoles” y la “de indios”, que distinguieron la colonización española en nuestro continente, frente a la británica y de otras potencias europeas.
Desde aquellos orígenes a la elección de alcaldes a partir de 1985, debido a prolongadas e intensas luchas regionales encabezadas por Santa Cruz y, luego, la de prefectos (2005), después gobernadores, igual que las marchas indígenas de 1990 (por territorio, tierra y dignidad) y los pueblos del TIPNIS (2011) son momentos clave de las movilizaciones descentralizadoras y autonómicas, sucesoras de las grandes batallas de las épocas colonial y republicana.
El centralismo hizo siempre todo lo que podía para contener y subyugar las demandas descentralizadoras, desde leyes que las recortan y deforman a represión directa.
Nombrar a las próximas elecciones como "subnacionales” esconde, así sea sin intención, los orígenes, recorrido y proyecciones de centrales demandas democráticas, distintivas de nuestra historia, aplanándolas a escala de la visión y cálculos de los profesionales políticos, que simplemente las contabilizan como otra oportunidad para insertarse en puestos públicos, alimentando a su clientela y promocionando su imagen.
Este es el motivo principal que permite explicarse cómo y por qué, autonomías departamentales y municipales, como las de Tarija, entre otras, que dispusieron de recursos muy grandes obtuvieron resultados tan tristes y pobres, tan distantes a las esperanzas depositadas en ellas.
La inflada multiplicación de candidaturas para las elecciones del próximo mes muestra que el apetito por mantener la carrera política como la más rentable y rápida para acumular capital material e intangible, es mucho más vigoroso que las proclamas y discursos del autonomismo de ocasión.
Esa miserable actitud de los representantes y mediadores políticos, ya establecidos y los que buscan estrenarse, también explica que los resultados de las autonomías, a escala social, hayan sido tan decepcionantes, al compararse con los beneficios extraordinarios obtenidos por dirigentes y los grupos de seguidores más cercanos que los sustentan, gracias a sus prácticas patrimonialistas (manejar los bienes públicos como privados) y prebendalistas.
Los servicios de educación o salud a cargo de las autonomías funcionan tan mal como los manejados centralmente, de forma que todos los niveles estales presentan fallas demasiado profundas —sea en manos de oficialistas, opositores, izquierdas o derechas— facilitando, además, que las tensiones políticas y sociales abran brechas de violencia cotidiana, en múltiples planos.
La producción, distribución y comercialización de drogas ilegales, —a cargo de empresas uni y multipersonales— es su motor principal, pero no el único. El tráfico de tierras y la expansión del mercado ilegal de este bien, igual que la disputa por yacimientos minerales, seguidos muy de cerca por el contrabando a gran escala, ocupan un lugar cada vez mayor, como generadores de explosiones de violencia.
La responsabilidad principal de contener estas manifestaciones es indiscutiblemente nacional y central, porque los aparatos armados y de inteligencia son de su monopolio, pero la posibilidad cierta y concreta de cambiar esta tendencia y atajarla depende de acciones locales, en los territorios que funcionan bajo lógica autonómica. Sus autoridades y la sociedad —cuyo silencio sobre estos temas resuena— son las más interesadas en tomar iniciativas, ya mismo.
Hasta ahora es difícil encontrar a alguno, entre los miles de candidatos, que tengan sensibilidad y propuestas ante estos temas y otros de igual importancia como el modelo productivo, las culturas y el territorio.
Predomina el ruido perturbador producido por el parloteo de ávidos buscadores de un nido donde prospere su codicia.
Róger Cortez Hurtado es docente investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
