l vicepresidente del Estado, Edmand Lara, tiene derechos políticos expectaticios y condicionados. Estos derechos solo pueden concretarse en la medida en que el presidente, Rodrigo Paz, viaje al exterior u ocurra algún hecho extraordinario que le impida ejercer la presidencia. Incluso en esta eventualidad, el vicepresidente tiene atribuciones acotadas y muy limitadas porque cualquier decisión de fondo debe tomársela en coordinación y la aquiescencia del jefe del Estado.
Sin embargo, Lara se ha convertido en opositor del gobierno y principal critico de Rodrigo Paz, figura contradictoria e inédita en la política boliviana. Esto plantea interrogantes no solo sobre la institucionalidad de la vicepresidencia, sino sobre el rumbo futuro del gobierno nacional y la gobernabilidad del país entero.
El vicepresidente debe “asumir la presidencia del Estado…” en cuanto se abra la sucesión presidencial o en aquellos casos extraordinarios (una enfermedad compleja, etc.), cuando el presidente se encuentre imposibilitado de ejercer la jefatura del Estado.
Que la Constitución boliviana reconozca que el vicepresidente del Estado forma parte tanto del Órgano Ejecutivo como del Legislativo, constituye una aberración mayúscula. Esta configuración de la vicepresidencia boliviana y sus ubicuas atribuciones torpedea la independencia de los Órganos que proclama el artículo 12 CPE. Los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) se fundamentan en la independencia, separación, coordinación y cooperación para asegurar el funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho, así como el sistema de control de frenos y contrapesos.
Esta estructura y organización del poder público supone un impedimento expreso para modificar la organización de los cuatro órganos del Estado, así como reunir las funciones de éstos en uno solo, ni que las funciones de un órgano puedan ser delegadas a otro.
En cualquier caso, Bolivia adoptó el modelo presidencial de origen norteamericano, que luego se extrapoló a los países latinoamericanos. A lo largo de la historia republicana, la jefatura del Estado y del gobierno la ha tenido y la tiene el presidente del Estado. Pero también adoptó la centralización político-administrativa de origen francés, que ha prevalecido y aún prevalece, pese a todos los cambios políticos y constitucionales.
El vicepresidente (Edmand Lara) goza de una peligrosa ubicuidad, que debe erradicarse con una ley (orgánica) del Órgano Ejecutivo. Se tiene que establecer con claridad meridiana cuáles son las atribuciones vicepresidenciales, y en qué momento asume y hasta dónde puede llegar como vice y luego en ejercicio de la presidencia. En esa delimitación de atribuciones y competencias tiene que eliminarse igualmente la invasión que hace al Poder Legislativo.
La Constitución define como estructura orgánica que “la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores…” (art. 145). Y si el vice fuera parte del Legislativo tenía que figurar al definir su estructura y organización, y no está. Las atribuciones que aparecen en el artículo 153 constituyen una aberración jurídico-constitucional, que rompe la coherencia y la unidad que debe tener la Ley Fundamental.
La vicepresidencia ha sido una figura enigmática a lo largo y ancho de nuestra historia republicana. No han faltado los que la han considerado una figura inútil no solo porque goza del don de la ubicuidad sino también porque no tiene definida ni se conoce exactamente hasta dónde alcanzan esas competencias, más allá de estar permanentemente en guardia esperando el momento de ejercer la presidencia. En muchos casos el rol que ha llegado a desempeñar el vicepresidente ha dependido de sus propios conocimientos y personalidad y la coyuntura política del momento.
Edmand Lara, convertido en un verdadero fenómeno vicepresidencial, debe saber que solo tiene derechos políticos expectaticios y totalmente condicionados. No tiene autonomía de vuelo; no puede realizar ningún compromiso en nombre del Estado, tratos ni contratos, salvo que sean autorizados por el presidente del Estado. Tampoco parece coherente ni consecuente que haya dejado de pertenecer al partido gobernante, y lo inefable que se convierta en opositor del propio gobierno, y busque bloquear la gestión de Rodrigo Paz.
El cargo vicepresidencial siempre ha sido voluntario, y cuando el proyecto político se rompe (como en cualquier matrimonio), lo honesto y natural es renunciar al cargo y comenzar a buscar otras opciones políticas; por ejemplo, en las próximas elecciones departamentales y municipales.
William Herrera Áñez es abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
