urante la semana pasada, el presidente anunció que promoverá un encuentro con jefes políticos de partidos que tienen representación parlamentaria para debatir sobre la elección de vocales y magistrados del TSE, TSJ y TCP. Excelente noticia: la ciudadanía recibe con entusiasmo y esperanza cuando los políticos dialogan y buscan soluciones a los temas que atañen a la población.
Una agenda restringida a la elección de vocales y magistrados es importante, pero insuficiente respecto de los temas nacionales que nos preocupan. Es fundamental abrir esa agenda para buscar el Gran Acuerdo Nacional.
La legitimidad ya fue definida mediante el voto popular. El pueblo decidió quién debe conducir el país y cuál es el proyecto político que debe ejecutarse en los próximos años. Nada de esto está en debate. Lo que falta no es elección, es correlación legislativa.
Transformar el Estado en uno descentralizado y liberal, combatir la corrupción y el narcotráfico, y brindar seguridad ciudadana es algo que no puede esperar. Un Estado eficiente, regionalizado y cercano a la gente. Capitalismo para todos y la Agenda 50/50 se constituyen en los ejes del desarrollo económico, la justicia social y la autonomía regional. Esa fue la oferta que cautivó a los bolivianos; ahí está la agenda en torno a la cual los políticos deben garantizar el respeto a la decisión del electorado.
La elección general no es un supermercado donde cada fuerza política recoge la parte que más le conviene del resultado. Las elecciones definen jerarquías, responsabilidades y mandatos. En Bolivia, el electorado decidió mayoritariamente: Rodrigo Paz Pereira es presidente, su visión y programa de gobierno deben ponerse en marcha.
Ese es el mandato. Ese es el contrato político firmado con la ciudadanía. Todo lo demás es un intento de reescribir lo que ya fue definido por el pueblo. El Acuerdo Nacional no es una coalición de cargos, ni una mesa para distribuir cuotas de poder, ni una invitación para que los perdedores intenten imponer parte de sus agendas.
Hoy, los líderes políticos con representación parlamentaria —jefes de partidos, jefes de bancadas y legisladores que conocen el peso de su voto— deben comprender algo básico: Bolivia necesita que las reformas avancen, y esas reformas solo avanzan con dos tercios.
La política democrática tiene reglas, y una de ellas es elemental: los que no ganaron no definen el programa de gobierno. Pueden aportar, dialogar, corregir, supervisar y fiscalizar. Pero no pueden exigir que se aplique su visión en lugar de la visión que el pueblo eligió.
El Acuerdo Nacional debe poner fin justamente a ese tipo de prácticas. No se trata de invitar al segundo, al tercero o al cuarto a cogobernar; se trata de convocarlos a cumplir el mandato democrático.
El acuerdo no implica renunciar a convicciones, diluir identidades partidarias ni someterse. Exige respetar el resultado electoral.
Bolivia se encuentra en un momento definitorio. Si la Asamblea Legislativa opta por el bloqueo, la revancha o por usar sus votos como moneda de cambio, el país no solo se estancará: retrocederá. La falta de coherencia política puede devolvernos al ciclo de crisis permanente.
Si la clase política se pone a la altura del momento histórico, el Gran Acuerdo Nacional puede convertirse en la herramienta que permita que Bolivia entre, finalmente, en un periodo de reformas serias, estructurales y duraderas.
Eso —y solo eso— es lo que está en juego.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
