n América Latina, la imagen del expresidente caminando hacia tribunales ya no sorprende. Lo hemos visto una y otra vez: en Perú, Guatemala, Panamá, Brasil o El Salvador, los juicios contra exmandatarios tienen un hilo conductor bastante claro: enriquecimiento ilícito, sobornos, lavado de dinero o uso del Estado para fines económicos privados. La región está marcada por el mismo patrón: corrupción política.
Pero, cuando miramos hacia Bolivia, el panorama cambia y, paradójicamente, empeora. Porque si bien existen denuncias de corrupción, daño económico y contratos lesivos, lo más grave que hoy rodea a Evo Morales y Luis Arce no está únicamente relacionado con el manejo del Estado, sino con conductas inmorales que rompen cualquier estándar ético en la función pública. Mientras otros países procesan a sus expresidentes por casos que afectan al tesoro público, Bolivia enfrenta el escenario donde exmandatarios son denunciados e investigados por asuntos vinculados a su vida privada y, peor aún, por conductas que tocan la frontera entre delito y abuso.
Evo Morales no enfrenta únicamente cuestionamientos por proyectos fallidos o decisiones políticas discutibles; carga denuncias, imputaciones, ordenes de aprehensión por trata agravada de personas, abuso sexual de menores de edad, en cualquier país, significarían un antes y un después para la moral colectiva. Luis Arce, terminó su gobierno en medio de un escándalo amoroso, una importante funcionaria de gobierno, declaró ser madre de un hijo del ex presidente, y exigió lo que manda la ley, asistencia familiar para el pequeño. El ex presidente evadió prueba de ADN y propuso un monto de asistencia familiar, quedó claro, reconoció paternidad. Lo que en otros países puede ser corrupción administrativa, en Bolivia se convirtió en degradación personal.
El contraste es inevitable. Perú tiene a Humala, Toledo, Vizcarra y Castillo procesados y condenados por sobornos, lavado, coimas y redes de corrupción montadas desde el Estado. Guatemala encarceló a Otto Pérez Molina por liderar una estructura criminal que desviaba recursos aduaneros. Panamá condenó a Ricardo Martinelli por delitos financieros vinculados a poder económico y control mediático. En todos esos casos, la justicia actuó frente a delitos contra el Estado. En Bolivia, la justicia atiende denuncias e imputaciones por conductas privadas que revelan otra dimensión: la moral personal del poder.
Aquí no solo se discute si hubo contratos irregulares, sobreprecios o negociados; se discute si desde la presidencia del Estado se utilizó el poder político para obtener beneficios personales inconfesables. Y eso, más que corrupción, es decadencia moral. Si una administración se sostiene en la ética indígena, en la moral comunitaria y en el discurso de respeto a la dignidad humana, pero termina investigada por comportamientos que violentan justamente esos valores, el daño trasciende lo económico: destruye la credibilidad social.
El MAS nació proclamando ética y terminó quebrándola desde adentro. Hay denuncias por corrupción, sí, pero lo verdaderamente destructivo es el derrumbe moral. Los proyectos fracasados, las fortunas inexplicables y los vínculos turbios son graves, pero la pérdida de valores es devastadora para un país que depositó ahí su confianza política.
Hoy Bolivia no vive simplemente un proceso judicial; vive un quiebre ético. No es solo la justicia la que debe actuar, también la memoria colectiva: ¿cómo pasamos de un discurso moralizante a enfrentar acusaciones que cuestionan la conducta íntima de quienes juraron proteger la dignidad del Estado y de las personas ? Mientras Latinoamérica juzga corrupción pública, Bolivia enfrenta el juicio a la moral del poder. Y eso deja una conclusión irrefutable: cuando un proyecto político destruye los valores que decía defender, deja de ser ideología para convertirse en simple degradación. Aquí la discusión ya no es política, es moral, y esa es la herida más profunda.
El nuevo tiempo, la reconstrucción de la Patria debe realizarse en un marco de valores y virtudes, Rodrigo Paz Pereira y su círculo de confianza, tienen la obligación de constituirse en la antítesis de la degradación moral en la que cayeron los ex presidentes de MAS. Evo Morales y Luis Arce deben rendir cuentas a la justicia, no es venganza política, es reivindicación moral colectiva.
Jaime Navarro Tardío es político y exdiputado nacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
