a base de la descentralización de 1994 fue la Participación Popular, un régimen de autonomías incorporado en la Constitución del 2009, fue aprovechada por los actores territoriales para la promoción de liderazgos políticos locales. Fue la base para la búsqueda del desarrollo de cuestiones administrativas en los gobiernos locales, sirvió para ampliar los servicios públicos sociales y económicos, fue promotora de la participación vecinal e indígena en la planificación y uso de los recursos asignados a esos gobiernos, fue la otra cara de la medalla sobre la tradición concentradora de la administración estatal. Luego de la revolución de 1952, la Participación Popular podría considerarse la más profunda reforma en democracia de una acción descentralizadora, paradójicamente impulsada desde el Gobierno central en su decisión de compartir el poder político, ceder responsabilidades administrativas y transferir recursos financieros que siempre se hallaban bajo la absoluta decisión del poder central.
Su fortaleza fue su propia debilidad, descentralizar un Estado tradicionalmente débil supuso un riesgo porque el mundo rural arrastraba una sostenida migración hacia los centros urbanos, a su vez pequeños poblados lucharon por la creación de nuevos territorios municipales, era la manera de conseguir administrar fondos que no sirvieron para mejorar los sistemas de vida de sus habitantes, los hizo cada vez más vulnerables. El sistema político no estaba preparado para generar liderazgos capaces en la administración de la estructura municipal. Fue mas importante trasladar las autoridades municipales al plan de gobierno del MAS, la política pública se hizo corporativa y clientelar, una de las escasas reformas estatales con mayor trascendencia en la historia de Bolivia, fue devaluada.
No se puede negar la tensión que existe entre la descentralización y el régimen de autonomías, el propio Gobierno superpone competencias sobre la gestión de los gobiernos municipales y esto los debilita y asfixia política y financieramente, aumenta la burocracia estatal, congestiona los servicios, como por ejemplo salud y educación que eran competencia exclusiva municipal las vuelve concurrentes para justificar la presencia del Gobierno central en el territorio municipal, esa es una competencia desleal creando instituciones paralelas y disponiendo de recursos especiales para llegar a esos territorios con programas de alcance nacional. Un estudio revela que la mayoría de los municipios que en 1992 se hallaban en umbrales de pobreza, treinta años después, continúan en el mismo sitial sin que nada haya logrado mejorar sus condiciones de exclusión y extrema pobreza.
Lo cierto es que es imposible revertir la descentralización municipal de 1994, pero también es cierto que debe convertirse en la piedra angular del nuevo modelo de Estado. En el escenario político nacional, desde las ciudades grandes e intermedias hasta los municipios pequeños hay que atender las demandas sociales, económicas y de servicios en favor de los más vulnerables, esa fue la visión del modelo de descentralización.
Los defectos del modelo original de descentralización ha dejado muchas asignaturas sin la debida atención, tanto en la operación o por acción o por omisión en los conceptos; sin embargo, tres décadas después, luego de una nueva Constitución y una Ley Marco de Autonomías, hay que recuperar su espíritu y hacerlo vigente, con mayor asentamiento en un nuevo sistema de Gobierno, con menos conflictividad, con mayor responsabilidad, bajo el liderazgo de nuevos actores en los gobiernos municipales, un nuevo liderazgo en el Gobierno central que implemente una auténtica descentralización y aproveche el régimen de autonomías vigente. Es tiempo del cambio.
Fernando Berríos es politólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
