ay documentos que se leen y documentos que se sufren. El pliego petitorio que la Central Obrera Boliviana presentó el 15 de junio de 2026, bautizado con la grandilocuencia característica del género como “Agenda Mínima para un Gran Diálogo Nacional”, pertenece decididamente a la segunda categoría. No por su densidad intelectual —de eso, lamentablemente, adolece en cantidades industriales— sino por la proeza retórica de presentar la derrota como victoria, el agotamiento como fortaleza y la rendición negociada como conquista histórica. En el olimpo de la pirotecnia verbal boliviana, este documento merece, al menos, medalla de plata.
Conviene recordar el contexto, porque el contexto, en política, lo es todo. La COB emerge de 47 días de bloqueos que paralizaron rutas, encarecieron la vida, destruyeron cadenas productivas y costaron al país, según estimaciones conservadoras 2.500 de millones de dólares en actividad económica perdida. Una organización que se presenta como defensora del pueblo trabajador organizó, con ejemplar coherencia, el desabastecimiento de ese mismo pueblo. Tras semanas de resistencia gubernamental y un costo social descomunal pagado por los más vulnerables, no precisamente por los dirigentes sindicales, la COB llega ahora a la mesa de negociación. Y llega, naturalmente, exigiendo. Porque en la gramática política boliviana, la derrota siempre se redacta en modo imperativo.
Punto 1. Derechos Humanos, Garantías Orgánicas y Pacificación: o el arte de pedir impunidad con vocabulario constitucional
El primer punto del pliego es, sin duda, el más audaz intelectualmente. Requiere una gimnasia conceptual considerable presentar como “garantía de derechos” lo que en términos jurídicos elementales constituye una solicitud de amnistía para quienes cometieron actos tipificados como delitos. Se exige el cese de la “criminalización de la protesta” y la liberación de los “presos políticos”. Traducido del eufemismo al castellano llano: se pide impunidad política y jurídica para la decena de ilícitos documentados durante los bloqueos, desde el ataque a instalaciones públicas hasta agresiones a personas.
La demanda de prohibir las acusaciones de terrorismo o narcotráfico “sin pruebas individualizadas” suena razonable hasta que uno recuerda que precisamente la individualización de pruebas es lo que los tribunales intentan hacer, no la COB. La organización parece confundir el principio de presunción de inocencia ,que nadie niega, con el derecho a la impunidad preventiva, lo cual es un avance jurisprudencial que no encontrará respaldo ni en Montesquieu ni en la Constitución que el propio documento invoca con tanta frecuencia.
En cuanto a la Ley Antibloqueos: oponerse a una norma que ni siquiera estaba formalmente en agenda legislativa es el equivalente político de derribar molinos de viento. Cervantes lo llamó locura; la COB lo llama “defensa de la protesta social”. Interpretaciones hay para todo.
Y sobre el racismo: es un fenómeno estructural real, de raíces históricas profundas, que merece un tratamiento serio. Pero reducirlo a un decreto coyuntural, ignorando que en los recientes conflictos el racismo fluyó en ambas direcciones con una simetría incómoda para todos, no es análisis; es propaganda. La COB descubrió el racismo estructural exactamente en el momento en que le resultó útil invocar.
Punto 2. Cumplimiento de Compromisos y Control Social: o la ley como sustituto de la realidad
Este punto merece el Premio Nacional de Fetichismo Jurídico, si tal distinción existiera. La COB propone que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que obligue al gobierno a cumplir sus promesas electorales. La idea, conviene detenerse a contemplarla en toda su magnitud, supone que la razón por la que los gobernantes no cumplen sus promesas es la ausencia de una norma que los obligue a cumplirlas, y no, digamo, la quiebra del Estado, el agotamiento del modelo rentista, la deuda insostenible, el déficit fiscal estructural y la escasez de divisas.
Alguien debería explicarle a la dirigencia cobista que las restricciones presupuestarias no se derogan por decreto. Que un estado en bancarrota técnica no puede legislar la prosperidad. Que la demagogia electoral del gobierno de turno no se convierte en realidad económica por el simple expediente de convertirla en artículo de ley. La escasez de dólares no desaparece con una ley de cumplimiento programático; los bonos siguen venciendo aunque la Asamblea lo prohíba; y el déficit fiscal no se cierra por voluntad legislativa.
En términos académicos, esto se denomina confundir la norma con el hecho. En términos populares, es creer que poner en el papel “habrá pan para todos” garantiza la harina.
Punto 3. Soberanía Económica y Defensa de Empresas Públicas: o cómo proteger el pillaje con bandera tricolor
El tercer punto alcanza cumbres de ironía que el documento no parece advertir, lo cual lo hace aún más notable. Se exige que no se privaticen las empresas públicas estratégicas. Nadie discute este principio en abstracto. El problema surge cuando uno recuerda que la mayoría de esas empresas, YPFB, BoA, ENTEL en sus distintas etapa, han sido sometidas durante años al saqueo sistemático por parte de grupos corporativos vinculados precisamente a los movimientos sociales que hoy firman este pliego. El latrocinio fue estatal, sí, pero con cara sindical y con carnet de militante del proceso de cambio.
Proteger empresas públicas quebradas del capital privado extranjero para preservarlas en manos del capital político interno no es exactamente soberanía económica: es monopolio de la captura. Un matiz que el documento omite con elegante discreción.
La cláusula que prohíbe cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es, en el contexto actual, de una creatividad fiscal admirable. Bolivia necesita financiamiento externo con urgencia matemática. Los organismos internacionales son, en este momento, prácticamente la única ventanilla disponible dado el cierre de los mercados voluntarios de deuda. Prohibir al médico que administre la medicina mientras el paciente se desangra es una posición filosófica coherente, pero médicamente suicida. La COB, con esta cláusula, demuestra que prefiere la retórica antiimperialista a la sobrevivencia fiscal del Estado que dice defender.
La distribución 50/50 del presupuesto entre el gobierno central y las regiones merece también una mención especial. Distribuir equitativamente lo que no existe es un ejercicio redistribucionista de notable originalidad. Un Estado quebrado no tiene nada que repartir: ni 50 para el centro ni 50 para las regiones. Sólo deudas, y esas sí se distribuyen solas.
Punto 4. Transparencia, Fiscalización e Investigación Soberana: pelear con fantasmas y ganar
De todos los puntos del pliego, este es el más fácil de atender y el que menos cambia. Se exige la salida del asesor argentino Fernando Cerimedo, presentada con la solemnidad de una demanda de Estado. El Gobierno podría atenderla mañana mismo sin que el precio del dólar paralelo varíe un centavo, sin que la deuda disminuya un dólar y sin que la vida del boliviano promedio mejore un ápice. Es, en el lenguaje de la negociación política, una victoria simbólica de bajo costo para el gobierno y alto rendimiento retórico para la COB. Un candidato ideal para el “ofrecimiento de apertura” en cualquier manual de negociación de Harvard.
La Comisión Especial para investigar “narcomaderas” y “narcomaletas” es igualmente bienvenida en el catálogo de las comisiones bolivianas, ese cementerio de verdades donde los escándalos van a morir de prescripción. Existen ya instancias formales investigando ambos casos. Una comisión legislativa adicional será, como sus predecesoras, un saludo a la bandera de excelente factura protocolar y resultado nulo. Pero cumple su función política: da trabajo a los comisionados, genera titulares y permite a todos declarar victoria.
Punto 5. Política de Hidrocarburos y Resarcimiento Técnico: el gasolinazo aceptado con buena letra
Hay en este punto una confesión implícita de notable valor político, aunque escondida entre demandas técnicas. Al exigir que no se incrementen los precios de los combustibles, la COB está de facto aceptando el ajuste que ya se produjo: los precios actuales, resultado del llamado “gasolinazo” que desencadenó parte del conflicto, se consagran como piso. La organización que movilizó a Bolivia contra el incremento de combustibles llega a la mesa aceptando ese incremento como dato de la realidad. Es lo que los negociadores llaman “anclar el statu quo adverso”: no lo querías, pero lo aceptas, y lo enmas caras en una demanda de congelamiento que en realidad consolida lo que protestabas.
El resarcimiento por gasolina adulterada es una demanda legítima y técnicamente atendible. El gobierno puede reabrir esa ventanilla sin costos políticos mayores y con un impacto real en familias y transportistas afectados. Curiosamente, es uno de los puntos más concretos del pliego y, paradójicamente, uno de los menos discutidos en los medios.
Punto 6. Socialización Legislativa y Democracia Participativa: el veto corporativo disfrazado de consulta
La exigencia de consulta previa obligatoria para cualquier ley, decreto o medida macroeconómica encierra una aspiración corporativa de considerable alcance: convertir a las organizaciones sociales en co-legisladoras de facto, con poder de veto sobre la agenda del Estado elegido democráticamente. La COB, cuya representatividad orgánica —no electoral— nadie ha sometido recientemente a escrutinio, pretende equiparar su peso institucional al de los poderes del Estado elegidos por más de seis millones de bolivianos.
El principio de consulta es legítimo y está consagrado constitucionalmente para pueblos indígenas en asuntos que afecten sus territorios y derechos colectivos. Extenderlo a toda medida macroeconómica convierte al gobierno en rehén permanente de cualquier sector que pueda movilizar suficiente presión de calle. No es democracia participativa: es chantaje institucionalizado con buenos modales.
Punto 7. Canasta Familiar, Derechos Laborales y Seguridad Social: la jubilación del 100% o el sueño eterno
La COB lleva décadas incluyendo en sus pliegos petitorios la demanda de jubilación al 100% del salario para todos los trabajadores del país. Es, en la mitología sindical boliviana, lo que el Vellocino de Oro fue para los argonautas: el destino que justifica el viaje, aunque nadie llegue nunca. Los técnicos del sistema de pensiones han calculado el costo de esta medida en cifras que hacen palidecer cualquier presupuesto nacional. Un Estado que no puede pagar sus facturas corrientes no puede crear un fondo soberano para financiar jubilaciones universales al 100%.
Esto no es ideología: es aritmética. Y la aritmética, a diferencia de los pliegos petitorios, no negocia.
La demanda terminará, como siempre, en una comisión de estudio técnico que producirá un informe que nadie leerá, que será archivado con respetuosa solemnidad, y que reaparecerá en el pliego petitorio de 2027 con idéntico vigor reivindicativo. Es el movimiento perpetuo de la política sindical boliviana.
Punto 8. Medio Ambiente y Política Internacional Pacifista: el ambientalismo selectivo y la geopolítica de Twitter
El último punto del pliego exhibe un ambientalismo de geometría variable que merece reconocimiento por su audacia. Se protegen parques nacionales y reservas naturales de la minería y los hidrocarburos —una demanda legítima— pero el documento guarda un silencio elocuente, sepulcral, ensordecedor sobre los dos principales depredadores ambientales de Bolivia en la actualidad: los cooperativistas mineros y los cocaleros. Ambos sectores están orgánicamente vinculados a movimientos sociales que suscriben este mismo pliego. El ambientalismo cobista, al parecer, protege la naturaleza de todos excepto de sus propios aliados.
En cuanto al “principio pacifista” que cierra el documento, con su rechazo al “sionismo israelí” y la exigencia de coherencia internacional constitucional: es el tipo de declaración que sirve para ganar aplausos en foros de solidaridad latinoamericana sin costar absolutamente nada y sin cambiar absolutamente nada. Bolivia tiene problemas con el precio del pan, la escasez de dólares, la quiebra del sistema de pensiones y la infraestructura deteriorada. Resolver la geopolítica de Medio Oriente desde La Paz, con un sello del Comité Ejecutivo Nacional, es una ambición que honra el espíritu internacionalista pero que difícilmente figurará en las prioridades del ciudadano que no encontró gasolina la semana pasada.
Conclusión: El arte de perder bien
Leído en su conjunto, el pliego petitorio de la COB del 15 de junio de 2026 es un documento políticamente inteligente en su lógica interna, aunque económicamente fantasioso y jurídicamente heterodoxo. Su función real no es transformar Bolivia —para eso se requeriría, entre otras cosas, reconocer la gravedad de la crisis que los propios bloqueos profundizaron— sino proveer a una dirigencia desgastada de los materiales narrativos suficientes para presentar ante sus bases un fracaso como victoria.
La COB salió del conflicto militarmente derrotada: el gobierno no cayó, el modelo de ajuste no se revirtió, el aparato institucional resistió. Necesitaba, con urgencia política, reposicionarse como actor relevante en la negociación postconflicto. Este pliego es precisamente eso: no un programa de gobierno alternativo, sino un menú de banderas que permite a la dirigencia cobista regresar a sus federaciones con algo en la mano, aunque ese algo sea, en su mayor parte, promesas de comisiones, saludos a la bandera y demandas que el propio Estado quebrado que critican no puede cumplir.
Hay en esto una lección clásica de negociación que Fisher y Ury habrían reconocido: cuando no puedes ganar en el terreno, cambia el terreno. La COB cambió el campo de batalla de las rutas bloqueadas a los papeles timbrados. Es un movimiento legítimo y, dentro de sus límites, hábil.
Pero Bolivia necesita algo más que habilidad táctica. Necesita, con urgencia existencial, un debate serio sobre cómo reconstruir un Estado que se quedó sin dólares, sin reservas, sin crédito y sin el rentismo petrolero que financió durante veinte años la paz social. Ese debate no está en este pliego. Quizás, en el fondo, tampoco está en la agenda de nadie. Y eso es lo verdaderamente preocupante.
La emancipación de los trabajadores, dice el lema histórico de la COB, será obra de ellos mismos. Probablemente. Pero difícilmente ocurrirá mediante la magia legislativa, la jubilación del 100% financiada con reservas inexistentes, o la expulsión de un asesor argentino como acto fundacional de la nueva Bolivia.
Mientras tanto, la aritmética espera. Y la aritmética, a diferencia de la dirigencia sindical, no tiene ninguna urgencia por negociar.
Gonzalo Chávez Álvarez es economista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
