Imagen del autor
N

adie puede negar que, en los papeles, la estrategia ha funcionado. De los casi 100 puntos de bloqueo que asfixiaban al país en mayo, hoy quedan poco más de 50. La Central Obrera Boliviana (COB) está balcanizada; sus ampliados se suspenden porque las bases regionales —hartas de perder el día a día— ya no acatan las órdenes de una cúpula que almuerza con el dinero de los aportes sindicales. El "evismo" se radicaliza en su discurso, pero su capacidad de convocatoria se achica porque el asfalto cansa y las piedras no se comen.

El acierto del Gobierno ha sido no darles los mártires que la oposición radical necesita para encender la pradera. Sin embargo, este cálculo político tiene un costo humanitario inaceptable: catorce muertos por falta de atención médica, desabastecimiento en los mercados y una pérdida acumulada para el sector productivo que ya rasguña los 2.700 millones de dólares. El superávit fiscal histórico de Bs 2.100 millones logrado gracias a la austeridad y al Decreto Supremo 5503 corre el riesgo de convertirse en una victoria de mesa si las industrias clave, como la farmacéutica o la agroindustrial, terminan de quebrar este mes.

Detrás de este ajedrez de paciencia se esconde una verdad incómoda que las carillas editoriales independientes ya no callan: los paros y bloqueos no buscan el bienestar del obrero ni el precio de la canasta básica. Su verdadero beneficio es la impunidad judicial para los líderes del caos, el control mafioso de la comercialización del oro que se fuga de contrabando sin dejar un dólar en las reservas del Banco Central, y la defensa de las empresas estatales deficitarias que solo sirven como agencias de empleo político.

El ciudadano que madruga ya se dio cuenta de la extorsión. El riesgo actual no es que los bloqueadores ganen; el riesgo es que la mayoría silenciosa estalle de frustración. Cuando el transportista que debe cuotas al banco, el comerciante que ve podrirse su mercadería y la madre de familia que no encuentra alimentos decidan hacer justicia por mano propia ante la parálisis del Estado, la crisis mutará de un conflicto político a una guerra civil en las calles.

La estrategia de desgaste ha cumplido su ciclo útil. Sirvió para deslegitimar a los profesionales del caos frente a la opinión pública, pero prolongarla un día más es jugar a la ruleta rusa con la paz social. Un gobernante no espera a que el pueblo sufriente resuelva los problemas a golpes en las carreteras; un estadista utiliza la legitimidad que le da esa ciudadanía agotada y el parlamento, para aplicar la ley con la firmeza necesaria.

El "decido yo" del presidente debe ejecutarse antes de que termine junio mediante el congelamiento inmediato de las cuentas de las federaciones bloqueadoras por responsabilidad civil, el control administrativo total del oro para estabilizar el tipo de cambio y el control de las rutas troncales como infraestructura crítica del Estado.

La paciencia es una virtud, pero en la política económica de emergencia, la indecisión es un crimen. Bolivia se levanta hoy a través del trabajo, o se rompe mañana en el asfalto. La moneda está en el aire.

Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.