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E

l poder político de turno ha decidido jugar al ilusionismo institucional colocando —mediante una conveniente votación secreta en la Asamblea Legislativa— a un solo hombre al frente del Ministerio Público para que transforme, cambie y, si se quiere, haga una reingeniería de todo el sistema de justicia boliviano. Analizado desde la consultoría senior en estrategia y gestión de instituciones, hasta ahí el enunciado suena atractivo si ese fuera realmente el mandato operativo.

Sin embargo, al tratarse del arché, el principio fundamental de la existencia misma de una república, resulta imperativo detenerse y formular las preguntas que los operadores estatales evitan atemorizados: ¿cuenta el sistema constitucional existente, partiendo desde la misma Carta Magna del país, con los permisos jurídicos necesarios para realizar semejante tarea dentro del aparato judicial? Más aún, ¿tiene la arquitectura actual los candados institucionales indispensables para amarrar y mantener esos cambios frente a los venideros ciclos políticos, sean estos de cualquier orientación ideológica? La respuesta técnica es un rotundo no, lo que demuestra que se está chapuceando y colocando simples parches de saliva sobre una endemia de corrupción estructural.

La Constitución Política del Estado vigente contiene en su propio diseño el germen de la crisis que hoy atraviesa el sistema de justicia, la cual se pretende maquillar con relevos de nombres en la cúpula fiscal o con normativas financieras coyunturales como la reciente Ley 1779 de consolidación de depósitos judiciales. Mientras persista el mandato constitucional de elegir a las altas autoridades judiciales mediante un voto popular previamente filtrado por el cuoteo parlamentario, cualquier intento de meritocracia en los tribunales es una quimera normativa.

El ordenamiento actual carece de los permisos para una depuración profunda y, lo que es peor, adolece de candados reales que impidan que una futura mayoría legislativa circunstancial modifique las leyes orgánicas del sector a su antojo para revertir cualquier avance administrativo. Pretender que un interinato de noventa días en la Fiscalía resuelva décadas de captura partidaria, extorsión procesal y manipulación informática de causas, o confiar en que una mesa de expertos logre una gran reforma a partir de enero de 2027 sin tocar primero la base constitucional, equivale a intentar enderezar un edificio con los cimientos colapsados cambiando únicamente la pintura de la fachada.

Una obra tan grande como la refundación del sistema de justicia, exige asumir con responsabilidad civil que el problema no se resuelve entregando superpoderes coyunturales a un operador, ni dejando que los mismos abogados, jueces y fiscales sean juez y parte en el rediseño de una estructura de la cual extraen sus privilegios corporativos. La reingeniería institucional demanda abrir el candado constitucional mediante una reforma parcial a la CPE. enfocada exclusivamente en extirpar la política de los tribunales, garantizar una autonomía financiera real para el Órgano Judicial y el Ministerio Público, e institucionalizar la carrera de sus operadores frente al capricho del poder político de turno. Mientras se siga administrando esta crisis con golpes de efecto mediáticos y nombramientos a puerta cerrada, el país seguirá caminando directo hacia el cadalso de la inseguridad jurídica.

Destapada esta trampa de origen, el siguiente paso obligado es trazar con precisión la hoja de ruta con lápiz afilado, los tiempos reales y los equipos multidisciplinarios que Bolivia necesita para construir, de una vez por todas, una justicia digna de ese nombre.

Continuará… parte 2.

Wilfredo Áñez Saavedra es administrador de empresas.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.