uan es un trabajador boliviano que, como millones, aporta cada mes a la Gestora Pública con la esperanza de asegurar su futuro y el bienestar de su familia. Sin embargo, esa esperanza se ha convertido en incertidumbre: la poca información que recibe sobre el monto de su futura pensión solo le anticipa una vida precaria y llena de limitaciones.
Antes, cuando los fondos eran administrados por las AFP extranjeras, tampoco la transparencia era la regla. Se sabía muy poco sobre el destino de esos dineros de millones de aportantes que, como Juan, confiaban en que su esfuerzo mensual se transformaría en seguridad. Hoy, en teoría, lo sabemos: el dinero debería estar siendo invertido para generar ganancias y mejorar nuestras jubilaciones. Pero la realidad es otra. Los aportes se inyectan al sistema financiero, a los bancos, y aun así no favorecen en nada a los ahorristas.
Cuando Juan fue a buscar un crédito, se encontró con puertas cerradas. “¿Por qué no me dan un crédito si mi dinero está ahí?”, se pregunta. La respuesta es tan cruda como simple: los bancos no ven a Juan como un cliente rentable. Prefieren usar los recursos de la Gestora para prestar a otros, minimizar riesgos y maximizar ganancias. Juan, el verdadero dueño de esos fondos, queda relegado.
La Ley 065 de Pensiones (2010) establece que los recursos administrados por la Gestora Pública deben ser invertidos de manera segura, rentable y líquida, bajo supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Por qué los bancos pueden arriesgar nuestros aportes en créditos a terceros, pero nos niegan acceso a nuestro propio dinero?
La desconfianza crece. La Gestora Pública, creada para administrar los fondos de jubilación, ha generado más dudas que certezas. Por eso, hoy existe un movimiento ciudadano que exige la devolución de los aportes. Liderado por Yerko Orozco, este movimiento busca beneficiar a más de dos millones de personas, planteando una devolución total y voluntaria de los fondos acumulados, a cambio de renunciar a la jubilación.
La consigna es clara: es nuestro dinero. Hemos aportado durante años con la promesa de seguridad, pero lo que recibimos es opacidad, inversiones cuestionables y pérdidas millonarias.
Por eso, la lucha por la devolución de los aportes no es solo económica: es una lucha por la justicia y la transparencia. Es hora de que el gobierno y la Gestora Pública escuchen a los bolivianos. Es hora de que nos permitan acceder a información clara, generen confianza o devuelvan lo que nos pertenece.
Eliana Ballivián Ríos es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
