n diez meses la administración de Rodrigo Paz ha perdido dos condiciones esenciales para gobernar: base social y estructura partidaria. Los resultados de encuestas que se han difundido en las últimas semanas y los comentarios en las calles de la ciudad de La Paz, donde la política palpita, son coincidentes en que el mandatario ha perdido respaldo ciudadano al extremo de que el 65% que lo apoyaba a fines de 2025 se ha transformado en exactamente 65% de desaprobación en agosto de este año.
Las pulsaciones recogidas por IPSOS Ciesmori y otras encuestadoras dejan de ser fríos datos estadísticos en determinados momentos y se convierten en acaloradas discusiones en mercados, minibuses, oficinas públicas, centros de trabajo, filas en surtidores y otros espacios de la sede de gobierno en los que se habla vibrantemente de política y de políticos. No es difícil concluir, entonces, que la base social-electoral que le dio el triunfo al binomio Paz-Lara en primera y segunda vuelta se ha escurrido entre los dedos.
En cuanto a la estructura partidaria, otro requisito primordial para ejercer el poder, el PDC llegó por primera vez a la conducción del país dejando de ser cola de león. Pero, ni bien quiso instalarse en el poder, se partió en varios pedazos que transformaron un grupo parlamentario compuesto inicialmente por 16 senadores y 49 diputados en minibancadas que responden a Paz, a Lara, a la democracia cristiana, a intereses inmediatos. Hace unos días, el PDC se alejó públicamente del gobierno de Paz. La orfandad partidaria se hizo evidente, el abandono social, también.
Ambos fenómenos aparecieron con fuerza en medio del agravamiento de la crisis multidimensional, sobre la cual no se han visto salidas claras en estos diez meses. Lo más alarmante, por supuesto, es el irresuelto desabastecimiento de carburantes, particularmente de diésel, que ha provocado que el país entero camine en cámara lenta, con el riesgo de quedar completamente paralizado. El nuevo régimen cambiario no está acompañado por la reaparición de los dólares y los índices macroeconómicos volverán a tener ribetes de preocupación al cierre de esta gestión.
Las preguntas que desatan las encendidas discusiones ciudadanas en los ámbitos ya señalados pasan por: ¿acabará el presidente Paz su gestión?, ¿estamos yendo por primera vez a un referéndum revocatorio?, ¿renunciará Paz y Lara se hará cargo?, ¿tendrán que irse todos para elegir nuevamente?, ¿hay que sostener a este gobierno ante la amenaza del retorno del populismo autoritario?
Sin piso social ni partidario, el Gobierno aparece suspendido en el aire, apenas sujeto por las circunstancias que tienen que ver con la última pregunta. Una complejidad que no atenúa lo que no se ha hecho o se hizo mal en diez meses de gobierno. Corrupción heredada y consolidada, decisiones demoradas, medidas a medias… Desde las regiones, el maltrecho sistema político y los organismos extranjeros se han mandado señales de ayuda para evitar al colapso definitivo.
El Gobierno las ha recibido, pero no parece dimensionar aún el sentido de urgencia. El gobernador de Santa Cruz, los cívicos y los agropecuarios de ese departamento, le han propuesto una alternativa para acabar la subvención de los carburantes. El Ejecutivo ha respondido con confusión. Decretos por aquí y por allá; dos y hasta tres precios para el diésel que generan incertidumbre en el conjunto de los agentes económicos.
Las fuerzas del mercado han comenzado a operar en medio de la anomia. En estaciones de servicio de empresas privadas en Santa Cruz ya se vende diésel y gasolina a precios internacionales, mientras los decretos de la confusión se tornan en inaplicables. ¿Qué conlleva todo esto? Falta de comprensión del principal problema que enfrenta el país y pérdida de autoridad ante la sociedad.
Los liderazgos políticos con representación parlamentaria, en el terreno institucional, le han propuesto al Gobierno ir a la reforma parcial de la Constitución para luego dar paso a la aprobación de leyes estructurales anunciadas reiteradamente en estos diez meses. La respuesta ha sido la encrucijada entre la ampliación del estado de excepción o los cambios constitucionales urgidos por los sectores, excepto los ligados al evismo.
Se podría entender que la postura salga de un régimen con gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, pero resulta una broma de mal gusto viniendo de una administración raquítica en lo partidario. ¿Qué busca la ambigüedad? Probablemente abrirse paso entre las fuerzas opositoras que trabajan la reforma constitucional al margen de las formalidades del Órgano Legislativo para intentar capitanear el esfuerzo colectivo y que el presidente aparezca como el timonel de los acuerdos políticos.
En el ámbito económico, su margen de extrañas respuestas ha sido considerablemente menor tratándose del Fondo Monetario Internacional que tiene la llave de 1.900 millones de dólares hasta 2029 y la posibilidad de apalancar hasta 6.000 millones de dólares de otros organismos multilaterales este año. En los hechos, el FMI le ha dotado al Gobierno del plan de gobierno reclamado por muchos en estos diez meses y puso metas de cumplimiento en cuanto al ajuste fiscal y el fin de los subsidios a los combustibles, todo esto en 2027.
Tras culminar la última Asamblea de la Cruceñidad que extendió el plazo para que el Gobierno solucione de una buena vez la crisis de los carburantes hasta el 10 de octubre, el presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, dijo públicamente lo que mucha gente reitera en las polémicas ciudadanas: El Gobierno no se deja ayudar. La ventana de oportunidad para un cambio de rumbo se está cerrando.
Las señales están ahí y lo que se espera es seriedad y proactividad en la reacción gubernamental. El tiempo se agota. Cuidado con que el reclamo de un gobierno que no se deja ayudar transite al refrán popular que sentencia: “Mucho ayuda el que no estorba”.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
