alta poco para el primer 6 de Agosto con Rodrigo Paz en la presidencia de Bolivia. Seguramente se está planificando su presencia en el Legislativo, donde juró el 8 noviembre del año pasado y desde donde debe dar su primer informe sobre el estado del Estado. No es un año, aunque parece más. Serán nueve meses del nuevo gobierno, nueve meses que requieren el balance del mandatario, además en el inicio del tricentenario de la República, fundada hace 201 años.
No cuesta imaginar lo que dirá el presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en el pleno congresal —espero que esta vez sin uniforme—, cuando le toque retratar al país desde su perspectiva y posición como primer vicepresidente de Bolivia en haberse declarado públicamente como opositor a su gobierno.
Por estos días suena más fuerte, en la sede de gobierno, los 217 años de la revolución liberadora del 16 de julio de 1809. Paz también se estrenará como presidente en el encendido del fuego de Pedro Domingo Murillo, el desfile de teas, las sesiones de honor y los discursos sobre la trascendencia del hecho histórico que produjo la instalación del primer gobierno libre en Latinoamérica. Se escuchará del mandatario las proyecciones que tiene para departamento de La Paz, sobre todo en el área de la riqueza hidrocarburífera.
Antes de asumir la presidencia y en las primeras semanas de su mandato, Paz comunicó reiteradamente que una de las principales tareas de su administración sería poner la casa en orden para dar paso a un nuevo ciclo en Bolivia. Mencionó en términos generales los componentes que acabarían con el despelote nacional ocasionado por los regímenes del MAS en 20 años de conducción del país. Muchos esperábamos conocer el proyecto estatal que guiaría todas las políticas de gobierno en este período. Seguimos esperando.
Por supuesto, la economía encabeza la lista de cosas que había que poner en orden, pero, a nueve meses de gestión, aún se encuentra entre los asuntos pendientes. La crisis de los carburantes se ha convertido en crisis energética; los avances se transformaron en retrocesos —anulación del Decreto 5503 y de la Ley de reconversión de tierras, por ejemplo—; envío tardío del Presupuesto General a la ALP que prefiere irse de vacación en lugar de aprobarlo; instauración de un nuevo régimen cambiario para estabilizar el dólar, pero sin dólares en el sistema; medidas que se anuncian como cambios, pero que terminan pareciéndose a retoques del estatismo…
En lo político, se han hecho tal cantidad de anuncios que, de haberse concretado algunos, tal vez se hubiera evitado el escenario del acorralamiento y debilitamiento gubernamental. Corría diciembre de 2025, primer mes de la nueva gestión, y el presidente se sentó frente a las cámaras para mandar un mensaje al círculo rojo y al conjunto de la “patria”: Cumbre de líderes políticos para trazar juntos la ruta del nuevo ciclo con leyes de carácter estructural. El anuncio no pasó de eso, teniendo al masismo reducido a la mínima expresión en el Órgano Legislativo y con posibilidades de impedir su rearticulación en las calles.
Para mostrarle al país hasta qué punto llegaron la corrupción y el despilfarro en tiempos del MAS, se conformó la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, integrada casi en su totalidad por autoridades del Ejecutivo. No se conoce un solo informe de los hallazgos y menos si la ley caerá sobre los responsables. No se ha cumplido hasta el momento el objetivo de poner al descubierto los negociados en el “proceso de cambio” y en el “proceso de industrialización con sustitución de importaciones” para poner en orden un sector tan complejo como el de los hidrocarburos. Al contrario, el escándalo de la denominada “gasolina basura” ha minado la credibilidad y transparencia del nuevo gobierno.
A principios de mayo, con los bloqueos del evismo en sus primeras jornadas, se encaró una nueva iniciativa. Un Encuentro Nacional que reunió en Cochabamba a buena parte de los liderazgos políticos a nivel nacional, flamantes gobernadores y alcaldes, y representantes de órganos del Estado. Se acordó conformar una comisión para la reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009, producto de la Constituyente controlada por el MAS, y el envío de diez leyes estructurales que urge el país para el nuevo ciclo. Los acuerdos siguen esperando la voluntad política de los gobernantes.
Otro aspecto que ha imposibilitado que la casa quede en orden es lo que sucede en el Órgano Ejecutivo, en el núcleo del ejercicio del poder. Paz comenzó con 16 ministerios. Producto de su tempranero divorcio político con Lara, se decidió eliminar el Ministerio de Justicia para que el vicepresidente no reclame la promesa de que controlaría esa área. Van seis ministros y ministras que se apartaron o fueron apartados de sus responsabilidades cuando se esperaba que el cambio de ciclo sea administrado por un equipo ministerial sólido y coherente.
Resultado del desorden, el socio político que es y no es parte del Gobierno, la alianza Unidad de Samuel Doria Medina, se ha tomado la atribución de anunciar una crisis de gabinete luego de replegar a su ministra del área de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. Además, de manera preocupante, personajes del masismo, operadores políticos en muchos casos, han sido nombrados como viceministros, directores nacionales, presidentes de entidades desconcentradas, gerentes en empresas estratégicas y otras responsabilidades desde las que pueden poner freno a cualquier iniciativa de cambio.
Pero, no podrán hacerlo porque sensiblemente no hay hasta el momento un nuevo proyecto estatal en lo político, económico, social e institucional. El país no conoce el nuevo horizonte y mientras ese norte no aparezca, todo lo demás quedarán en buenas intenciones o incluso en improvisaciones. La casa sigue desordenada a poco del 6 de agosto, momento en que el presidente Paz debe rendir cuentas las y los bolivianos —espero sin las consignas de campaña—; momento en el que quisiéramos conocer un proyecto estatal.
Para Evo Morales y el evismo, el 6 de agosto es otra fecha más. Están esperando octubre, mes en el que acabará la vigencia del estado de excepción, mes en el que Paz estará cerca de cumplir un año de gestión y mes caracterizado por las convulsiones sociales. En octubre puede producirse una nueva ofensiva sobre la población, con cualquier pretexto. El caudillo y sus seguidores dominan el mecanismo perverso de arrinconar gobiernos haciendo sufrir a millones de bolivianos.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
