l índice de riesgo país, técnicamente conocido como EMBI, suele ser interpretado en los pasillos gubernamentales, cuando este índice baja, como una medalla de honor. Sin embargo, en su esencia, es un termómetro de desconfianza: mide la sobretasa que un Estado debería pagar para atraer a inversionistas dispuestos a prestarle dinero. Pero —y este es el matiz crucial— el hecho de que el termómetro marque una temperatura menor no significa que el paciente esté sano ni que el banco esté abierto.
El riesgo país de Bolivia ha mostrado una volatilidad excepcional en el último año, descendiendo de un pico de 2.242 puntos en abril de 2025 a 572 puntos en enero de 2026. Para el ministro Espinoza esta caída del 70% refleja una "recuperación de la confianza en la nación" no obstante que, el nivel es apenas similar al de 2021, tras la pandemia. Más que un éxito, el descenso sugiere que el castigo extremo cesó, pero no garantiza el retorno de inversión genuina ni acceso fluido al crédito, pues ambos dependen de variables estructurales ajenas al índice.
Argentina es el espejo donde Bolivia debe mirarse. Pese a sus profundas reformas económicas, inversiones comprometidas por más de USD 30.000 millones y el triunfo legislativo de Milei en 2025 —factores que redujeron su riesgo a niveles bolivianos—, el vecino solo pudo colocar USD 1.000 millones de deuda a una tasa superior al 9%. Esto confirma una verdad incómoda: el riesgo país marca el costo potencial, pero no garantiza el flujo ni condiciones favorables. Un índice bajo es necesario, pero insuficiente para recuperar la credibilidad global.
Desde la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), el análisis del cierre de 2025 es pragmático y alejado del triunfalismo: los problemas estructurales de Bolivia persisten. La fragilidad de las reservas internacionales, la caída sostenida en la producción de hidrocarburos —histórica fuente de divisas del Estado Plurinacional— y un déficit fiscal crónico actúan como anclas que impiden un despegue económico real.
Por su parte, el balance de la ANF subraya una disonancia clave: el mercado ha dejado de "castigar" a Bolivia de forma extrema, pero todavía se resiste a "premiarla". Si bien el riesgo país ha mostrado una tendencia a la baja, la brecha cambiaria y la persistente escasez de dólares en el mercado interno sirven como un recordatorio de que la economía real se mueve a una velocidad muy distinta a la de los indicadores financieros internacionales.
En esta misma línea, el economista y académico Fernando Romero, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, destaca que aún no se han concretado soluciones de fondo para los desequilibrios de la economía nacional. A su juicio, no se perciben cambios estructurales de gran magnitud, con la notable excepción de la eliminación de la subvención a los carburantes, una medida que sobresale como el único ajuste significativo en un escenario que todavía demanda reformas integrales.
Pese a contar con un riesgo país inferior a los 500 puntos, Argentina ha descartado retornar a los mercados internacionales de crédito para cubrir sus vencimientos de deuda externa, los cuales superan los USD 4.000 millones este año. El presidente Javier Milei ha sostenido firmemente que los compromisos financieros se honrarán con recursos propios —incluyendo las reservas de dólares acumuladas por el Banco Central— y mediante la gestión de los vencimientos con "herramientas propias”.
Esta estrategia se apoya en pilares internos estratégicos al alcance del presidente: la liquidación de activos estatales y la consolidación del déficit cero. Su lógica es generar los recursos necesarios para garantizar el pago sin emitir nueva deuda externa. Al asegurar la solvencia mediante el superávit fiscal, el Gobierno argentino busca incentivar una subida en el precio de los bonos argentinos, lo que comprimiría las tasas de interés y reduciría aún más el riesgo país, consolidando una posición de fuerza antes de cualquier eventual regreso al mercado global.
Mientras Argentina elige la solvencia autogenerada, en Bolivia surge la tesis de analistas como Rolando Morales, quien sostiene que "no todo está mal" y que el ajuste del gasto o la reestructuración de empresas públicas no son urgentes. Ante esto, las alternativas son nítidas: o se ejecuta una visión estratégica con el sustento de acuerdos políticos de fondo, o se mantiene una postura parsimoniosa que confunde la inacción con una solución.
Es urgente concretar las leyes de minería, hidrocarburos y litio, anunciadas pero invisibles ante un hermetismo que impide conocer siquiera su contenido preliminar. Solo con certidumbre jurídica y reformas de fondo se podrá transformar la tregua del riesgo país en inversión real y reservas sólidas.
El mercado no premia discursos triunfalistas ni promesas, sino marcos legales que trasciendan gobiernos. De lo contrario, seguiremos celebrando que baje la fiebre en el termómetro mientras el paciente, privado de un diagnóstico honesto, languidece en un hospital sin medicinas.
José Luis Contreras es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
