a democracia pierde legitimidad cuando no logra responder al ritmo de una ciudadanía que exige eficacia, no la parsimonia del Estado. Menos aún en una era de gratificación casi inmediata como la actual. La asincronía entre la velocidad de la vida digital y la lentitud política genera tensiones que hoy amenazan la estabilidad democrática.
En ese nuevo marco temporal, el ciudadano ya no interpreta la demora de la clase política como una garantía de prudencia ni como un sistema necesario de “pesos y contrapesos” La percibe, más bien, como desidia e ineficiencia. En ese contexto, cualquier propuesta concreta —si existiera— termina empantanada en el debate retórico, lo que archiva los cambios estructurales y urgentes que la sociedad espera.
Cuando esta percepción de ineficacia se prolonga, la frustración ciudadana puede derivar en el sentir de “que se vayan todos”, descalificando a la democracia misma. De allí surge la búsqueda de figuras y formas antisistema para encarar los retos y expectativas ciudadanas. Este fenómeno se evidencia en el informe Latinobarómetro 2023, que señala una caída significativa en la satisfacción con la democracia en la región y advierte una “recesión democrática”: solo el 48% de los latinoamericanos apoya hoy este sistema.
Este desencanto no es nuevo ni exclusivo del presente. En su discurso inaugural de 1989, Carlos Menem planteó una tesis opuesta al título de esta columna al afirmar ante el Congreso de la Nación: "Estamos mal, pero vamos bien". Con esta frase, reconoció la profundidad de la crisis y propuso una visión de reformas estructurales claras, cuya ejecución eficiente impulsó el PIB en un 44% a lo largo de sus dos periodos presidenciales.
Aunque han pasado décadas y el contexto económico y social es distinto, la reaparición de una crisis de representación similar explica el ascenso de Milei: no fue una demanda para más debates, sino una exigencia de eficacia. Ante una situación percibida como terminal, el electorado dejó de creer en el 'pensamiento mágico' que los políticos de siempre traerían soluciones creíbles.
Conscientes de que el capital político se agota ante errores mal explicados y peor gestionados, tanto Menem como Milei evitaron limitarse a la queja del relato de la “herencia recibida”. En su lugar, consolidaron su autoridad mediante reformas contundentes que, en los hechos, neutralizaron a la oposición. Prefirieron el ejercicio del poder real antes que el intercambio de culpas o la mera administración de la paciencia ciudadana, aun asumiendo tensiones con los equilibrios democráticos.
No se trata de equiparar trayectorias ni proyectos, sino de identificar una lógica de demanda ciudadana que atraviesa a la región. En Bolivia, la elección de Paz Pereira en 2025 respondió a la misma crisis regional de representación: una apuesta por una vía intermedia frente a los extremos de los políticos de siempre. En un mundo de alta frecuencia, el ciudadano percibe el voto como una transacción de baja velocidad cuando el aparato político no responde a los retos del momento y que, por lo tanto, la aprobación inicial de la que goza tiene fecha de caducidad.
La democracia es, por definición, una conversación que exige tensión, convicción, credibilidad y claridad sobre qué se ofrece y a cambio de qué. Sin embargo, este diálogo está hasta hoy ausente entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia clave para las tantas veces anunciadas leyes sectoriales cuya demora posterga el diálogo con los potenciales inversores que Bolivia necesita.
El Barómetro de las Américas (LAPOP) advierte que, ante el proceder analógico del sistema, una parte considerable de los latinoamericanos justificaría un "golpe ejecutivo" o un autoritarismo que gobierne a espaldas del Legislativo. Si la democracia boliviana no agiliza sus interfaces de respuesta, corre el riesgo de volverse irrelevante para una generación que no dudará en "cerrar la pestaña" de la institucionalidad.
El desafío es transitar hacia una “democracia de alta velocidad”, liderada por un Estado digitalmente nativo. Ello exige que los datos abiertos sepulten las evasivas burocráticas habituales y que el Ejecutivo asuma, finalmente, el reto de coordinar eficazmente con la ALP. Esta urgencia la confirma el último Índice de Democracia del Economist Intelligence Unit, que sitúa a Bolivia estancada bajo la etiqueta de “Régimen Híbrido”.
A más de catorce semanas de la asunción de Paz Pereira, los anuncios oficialistas de cambio estructural aún no se han traducido en decisiones concretas. Como advierten varios analistas, a la falta de iniciativa política del Ejecutivo se suma un escenario legislativo complejo que, según Hernán Terrazas, no “garantiza la vía rápida para ninguna ley”.
Así, el país ha ganado tiempo, pero no ha resuelto su parálisis. Estamos bien porque persiste la esperanza en el sistema, pero vamos mal porque la Asamblea Legislativa opera con la “inercia del mínimo esfuerzo” —según Edwin Herrera—, mientras que el Ejecutivo permite que su popularidad eclipse las realidades a largo plazo que exigen soluciones urgentes.
En la era de la inmediatez, la democracia no muere por el ruido del disenso, sino por el silencio de la inacción.
José Luis Contreras es economista experto en seguros, gestión empresarial, inversiones y estrategia.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
