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a crisis multidimensional convirtió este miércoles a la ciudad de La Paz en una pista de protestas de empresarios, ganaderos, gremiales, cívicos, camioneros, exportadores... sectores que conforman las cadenas productivas, exigiendo soluciones a los problemas económicos estructurales. De su lado, miles de cooperativistas mineros tomaron el centro paceño para pedir al gobierno de Luis Arce que atienda sus demandas.

La reacción del Gobierno fue diferenciada ante ambas movilizaciones: el ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, convocó al diálogo a los mineros junto con los ministros de Hidrocarburos, Defensa, Economía y Gobierno.

En el caso de la marcha multisectorial contra el hambre y la pobreza, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, fue el encargado de cuestionar la protesta protagonizada por sectores de varias partes del país y recordar que sus representantes rechazaron la instalación del diálogo.

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La minería y la agropecuaria son los dos pilares de la economía nacional, tras la era del gas natural que produjo un auge económico durante el régimen de Evo Morales, aunque no supo prevenir el agotamiento de reservas y el colapso del sector.

Los miles mineros cooperativistas de Potosí bloquearon puntos clave del centro de la sede de Gobierno, sobre todo adyacencias de entidad públicas como el Ministerio de Minería, Minetrio de Economía, Comibol, Ajam y otras. En la ciudad de Potosí otra enorme cantidad de mineros marcharon bajo la nieve que cayó esta mañana en la capital potosina.

Loa mineros piden esencialmente dos cosas: abastecimiento regular de diésel para que centenas de cooperativas mineras, una buena parte de manera ilegal, realicen sus actividades extractivas con normalidad y la rebaja de explosivos que utilizan para la explotación de minerales en el departamento de Potosí y otras regiones como Oruro. La crisis económica, por tanto, llegó a los insumos de los mineros cooperativizados.

El ministro Santos Laura convocó a mediodía a los dirigentes de los movilizados en instalaciones de YPFB en El Prado paceño. Representantes de los mineros en pie de movilización llegaron al lugar de la reunión con su pliego de 17 puntos y la advertencia de que si el diálogo no resuelve sus demandas, se mantendrán en La Paz.

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Y mientras eso sucedía con el sector afín al gobierno de Arce, los que componen las cadenas productivas del país, marcharon desde la ciudad de El Alto hasta el centro de la urbe paceña para hacer conocer su protesta por la incapacidad del Gobierno de aplicar soluciones a la crisis multidimensional y entregar un documento de 10 puntos que plantea salidas a la critica situación a nivel nacional.

Klaus Frerking, presidente de la CAO, y César Gonzáles, máximo dirigente de los gremiales, coincidieron en señalar a los medios de comunicación que la marcha busca llegar a la Casa Grande para entregar su pliego y esperar una respuesta para el tratamiento de los 10 puntos demandados por empresarios, exportadores, gremiales, exportadores, transportistas de carga pesada, cívicos y otros sectores productivos.

Sobre la exigencia de la abrogación de la disposición confiscatoria del Presupuesto 2025 que pone en riesgo la propiedad privada, según los movilizados, Silva sostuvo que "prácticamente está abrogada" con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender su aplicación.