a Defensoría del Pueblo informó que los incendios forestales de 2024 en el país devastaron 12.658.157 de hectáreas de bosques y pastizales, sobre todo en el oriente del país, cifra que supera "todos los registros históricos".
"De esta superficie afectada, 7.215.149 hectáreas (57 %) eran bosques y 5.443.008 hectáreas (43 %) pastizales. Estos eventos afectaron gravemente a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas (NPIOC) y la biodiversidad", precisó la Defensoría del Pueblo.
El reporte de la entidad encargada de defender los derechos de los ciudadanos y las libertades colectivas viene a sustituir informes que no realizaron los ministerios de Medio Ambiente y Defensa, como ocurrió en anteriores años.
La extensión quemada es tan grande como toda la superficie de Cuba o casi del mismo tamaño de Nicaragua, pues las 12,6 millones de hectáreas bajo fuego equivalen a 126.000 km cuadrados. Cuba tiene una extensión de 109.884 km cuadrados, y Nicaragua 130.373 km cuadrados.
La superficie quemada por incendios forestales descontrolados y provocados por grupos de interculturales y empresarios inescrupulosos representa el 11,5% de toda la extensión de Bolivia.
La Defensoría del Pueblo valoró los "esfuerzos iniciales" de las entidades gubernamentales para cumplir una resolución que dispuso pausa ambiental, emitida en octubre de 2024 y que fue impulsada por la misma Defensoría "ante los graves efectos e impactos de los incendios forestales y quemas descontroladas" registrados en el país.
No obstante, también consideró que esos esfuerzos fueron "insuficientes ante el grave riesgo de repetición de la crisis ambiental de 2024".
Por esto, la entidad expresó su "profunda preocupación por la protección" de los ecosistemas y urgió a las autoridades nacionales, regionales y municipales "a priorizar y asumir con seriedad la previsión y prevención necesarias para evitar la recurrencia de afectaciones ambientales como los registrados en las últimas dos décadas".
También ratificó la necesidad de que el Estado rinda "cuentas públicas" e informe sobre el avance de sus planes y acciones preventivas para evitar que se repita lo ocurrido en 2024.
Los incendios forestales son un problema recurrente en Bolivia entre junio y octubre, y el fuego se atribuye en muchos casos a los chaqueos, las quemas controladas para habilitar las tierras para la siembra o el pastoreo.
Indígenas y ambientalistas han pedido varias veces que el Ejecutivo anule las llamadas 'leyes incendiarias', las normas que desde hace algunos años autorizan los chaqueos.
El gobierno de Luis Arce tuvo que declarar el "desastre nacional" ante la magnitud de los incendios ocurridos en 2024, que superaron los 5,2 millones de hectáreas quemadas en todo el país en 2019, que hasta ese momento fue el año con más afectaciones.
La Defensoría del Pueblo precisó que hace unos días acompañó "en calidad de veedor" una convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para el proceso de elaboración del Plan de Acción de Prevención de Incendios Forestales 2025.
Entre los objetivos de esa estrategia están "recoger las demandas de recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos necesarios para prevenir, controlar y responder de manera efectiva ante la amenaza de incendios forestales en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas", agregó.
