l presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la Ley N.º 1352 y amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, una vez que hayan cesado o sido destituidas de sus cargos.
Con la norma puesta en vigencia a partir de la promulgación, exautoridades del gobierno del encarcelado expresidente Luis Arce no podrán dejar el país hasta el 8 de mayo, sobre todo aquellas que son investigadas o procesadas por el sistema judicial.
El artículo único de la norma establece como objeto de la ley la obligación de permanecer en el país durante un periodo de seis meses posteriores al cese de mandato o destitución de la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o Ministros de Estado, Gobernadoras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleístas Nacionales y Departamentales, Concejales Municipales, así como de las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
En el caso de las autoridades regionales y locales, su mandato concluye el 3 mayo de este año, por lo que están obligadas a permanecer en territorio nacional hasta inicios de noviembre, más aún aquellas que enfrenten procesos judicial por aparentes hechos de corrupción cometidos en sus gestiones departamentales o municipales.
Esta disposición tiene como finalidad garantizar la rendición de informes requeridos por las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y la protección de los intereses del Estado.
La ley fue sancionada por unanimidad, de manera virtual, este sábado por el Senado como parte del tratamiento legislativo del proyecto de ley remitido hace tres días por la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que el proyecto de ley anterior establecía una permanencia obligatoria de tres meses; sin embargo, a partir de este sábado, la nueva norma amplía este plazo a seis meses.
La medida busca prever la eventual responsabilidad de las exautoridades en el ejercicio de la función pública o su posible remisión a investigaciones judiciales por hechos de corrupción.
