a Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) expresó este sábado su "profundo malestar y preocupación" por la actuación del fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en el manejo de la investigación relacionada con cocaína impregnada aparentemente en cargamentos de madera boliviana.
A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que la forma en la que se manejó la denuncia generó un escenario de incertidumbre que provocó un "enorme daño" al sector forestal boliviano, afectando su reputación en los mercados internacionales y poniendo en riesgo contratos de exportación construidos durante décadas.
La FEPSC calificó de "muy grave" que una actuación que, a su juicio, careció del debido rigor técnico haya ocasionado perjuicios a un sector estratégico para la economía boliviana, sin que hasta la fecha exista una rectificación pública.
Ante este escenario, la entidad exhortó al Estado boliviano a presentar un reclamo formal ante el Gobierno de Chile y solicitar una investigación sobre la actuación del Fiscal Regional de Arica, además de promover las acciones administrativas y legales que correspondan por los daños ocasionados al sector forestal.
Asimismo, demandó que el caso sea esclarecido "con la mayor celeridad y transparencia" ante la comunidad internacional, con el objetivo de restablecer la confianza en las exportaciones forestales bolivianas.
La controversia comenzó el 8 de junio, cuando la Fiscalía Regional de Arica informó sobre la presunta detección de 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas químicamente en 1.080 toneladas de madera boliviana distribuidas en 45 contenedores retenidos en los puertos chilenos de Arica y Valparaíso.
La magnitud del supuesto hallazgo llevó a que el caso fuera denominado como el de las "narcomaderas", al ser presentado como una de las mayores incautaciones de droga a nivel mundial. Semanas después, ocho camiones con madera boliviana fueron retenidos en las ciudades fronterizas brasileñas de Corumbá y Cáceres, también con la sospecha de "narcomaderas".
Sin embargo, pruebas realizadas en laboratorios especializados de Chile y Brasil descartaron la presencia de sustancias controladas en la madera, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por la Fiscalía ariqueña. Pese a esos resultados, la Fiscalía Regional de Arica informó que la investigación continúa vigente y que, por el momento, no emitirá un pronunciamiento definitivo mientras se desarrollan nuevas diligencias.
El gobierno boliviano también cuestionó la actuación del fiscal Carrera. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, dijo a Datápolis y Encontrados, que el Gobierno y las empresas madereras, apoyados por agencias internacionales, acudirán a una instancia del estado chileno para el esclarecimiento total y el resarcimiento por falsos positivos en cargamentos de madera boliviana.
"Vamos a apelar a la Defensoría Penal Pública de Chile, contrapeso de la Fiscalía, con dos objetivos: esclarecimiento total de este tema y el resarcimiento por los daños ocasionados contra el país y la actividad maderera, además de las exportaciones", afirmó el viceministro Paredes.
El viceministro explicó que, de acuerdo a protocolos internacionales las pruebas que se aplican a la madera tienen entre 40 segundos a un minuto para saber si contiene narcóticos. "Pasado ese tiempo, el resultado es considerado un falso positivo", dijo y añadió que el fiscal de Arica Mario Carrera habría utilizado los mismos para denunciar tráfico de drogas en paneles de madera.
Paredes mencionó que el Gobierno ha recibido información en sentido de que el fiscal Carrera, quien estaba en carrera para convertirse en fiscal general de la región norte de Chile, estaría realizando gestiones para que las 108 toneladas retenidas sean incineradas con la intención de que desparezcan los indicios relacionados con los falsos positivos.
