a Asamblea Legislativa sesiona este viernes para definir la suerte del fiscal general Róger Mariaca en medio de denuncias cruzadas sobre una supuesta compra de votos con dinero del narcotráfico y del mecanismo regional de de derecha denominado Escudo de las Américas.
“Desde ayer han vuelto a surgir los mismos rumores de que quieren comprar votos con dinero del narcotráfico para seguir manteniendo intacto el mismo esquema”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien pidió a los legisladores definir si respaldan una transformación de la justicia.
Por su parte, la senadora Ana María Crispín y la diputada Patricia Patiñ, ambas del PDC, denunciaron que un funcionario vinculado al denomando Escudo de las Américas estaría realizando pagos mediante códigos QR a legisladores para influir en la votación contra Mariaca.
El diputado oficialista Alejandro Medinaceli afirmó que supuestos operadores de Mariaca estarían ofreciendo entre $us 10.000 y $us 40.000 a parlamentarios para que lo defiendan en la sesión. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden sus acusaciones.
Aprovechando el cuarto intermedio en la sesión de la Asamblea Legislativa, la senadora Crispín denunció que supuestamente se estarían realizando pagos mediante QR, mientras la diputada Patiño expresó sus sospechas sobre la circulación de esos códigos que remplazan a las transacciones en físico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también endureció su posición y advirtió a quienes participan del debate legislativo: “O están con la ley, con el desarrollo de nuestra patria (...) o están con el delito, con el narcoterrorismo”.
El diputado de Libre Rafael López le respondió: “No nos vamos a dejar amedrentar ni con un diputado que se inventa que recibimos dinero, ni con un vocero, ni con un ministro de Gobierno”. Exigió pruebas sobre la supuesta circulación de recursos.
La sesión fue adelantada para este viernes por el presidente del Senado, Diego Ávila, ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, quien se encuentra en España. Lara cuestionó la convocatoria y rechazó que se pretenda “destituir arbitrariamente” a Mariaca o designar directamente a un nuevo Fiscal General.
Según Lara, la Ley 260 establece los procedimientos para la cesación y suplencia del Fiscal General, mientras que el artículo 227 de la Constitución dispone que la nueva autoridad debe ser elegida por dos tercios de la Asamblea, previa convocatoria pública, evaluación de méritos y concurso. “Lo que no podemos hacer es saltarnos el procedimiento”, sostuvo.
