l refrán: “Dios da pan al que no tiene dientes” es una sentencia popular que suele utilizarse para mostrar situaciones donde los recursos, las oportunidades o el poder económico y político, tienden a estar en manos de quienes no los merecen o no los utilizan de manera justa. Y esto es lo que sucedió exactamente en Venezuela, donde la caída de Nicolás Maduro dejó al descubierto una confabulación muy grave: la actual presidenta, Delcy Rodríguez, negoció con Washington desde muy temprano, probablemente desde el 22 de enero de 2026, la extracción violenta del presidente a manos de un comando estadounidense.
El periódico británico, The Guardian, advirtió, citando fuentes reservadas, que personajes importantes del régimen chavista habían comunicado a funcionarios estadounidenses y cataríes su disposición a aceptar la eliminación de Maduro. Esa información alimentó las sospechas sobre la existencia de entendimientos previos, aunque no permite presentar como un hecho judicialmente demostrado cada versión sobre una supuesta traición personal.
La cuestión política, sin embargo, va más allá de determinar quién conspiró contra quién en los pasillos del palacio de Miraflores en Caracas. La contradicción está a la vista: quienes participaron en el gobierno de Maduro, pudieron convertirse también en interlocutores de Washington, mientras la promesa de una transformación democrática quedó totalmente relegada a las negociaciones entre élites políticas. ¿En qué consiste, entonces, la transición venezolana? ¿En sustituir a Maduro sin desmontar el sistema dictatorial que le permitió gobernar autoritariamente? ¿En negociar la apertura petrolera, mientras se mantienen intactas las estructuras capaces de intimidar a la sociedad? ¿En aceptar una nueva relación con Estados Unidos, pero sin garantizar que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes?
El informe de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes británica, publicado el 24 de septiembre de 2026, registra avances parciales en la liberación de presos y cambios en la relación diplomática entre Washington y Caracas. Pero también advierte que persisten centenares de presos políticos, según los registros citados por organizaciones de derechos humanos, así como restricciones a la libertad de expresión y la permanencia en puestos relevantes de funcionarios, previamente identificados por graves violaciones a los derechos humanos. El mismo informe señala que Estados Unidos condicionó la celebración de elecciones libres a la existencia de garantías institucionales y políticas que todavía no se han consolidado porque Trump priorizó al petróleo y los negocios directos entre algunos empresarios venezolanos privilegiados y poderosos inversores estadounidenses.
La continuidad del chavismo es el verdadero problema en Venezuela, no necesariamente la traición individual de Rodríguez al ex dictador Maduro, sino la posibilidad de que la aspiración democrática de millones de ciudadanos fuera sacrificada para asegurar la supervivencia de una parte del antiguo régimen. Los venezolanos no reclaman simplemente un cambio de ocupante del Palacio de Miraflores, exigen recuperar el derecho a decidir, reconstruir sus instituciones y terminar con la impunidad. Si los responsables de la represión permanecen protegidos por acuerdos políticos, la captura de Maduro habrá cambiado la cúspide del poder, sin resolver el problema fundamental de la justicia y la reconstrucción democrática del todo el sistema político.
La segunda paradoja se encuentra en Washington. Donald Trump convirtió la política exterior estadounidense en una prolongación de su liderazgo caudillista: decisiones concentradas en la figura presidencial, demostraciones de fuerza, negociaciones improductivas y una preferencia por los acuerdos que puedan presentarse como victorias inmediatas.
No hace falta explicar que el “trumpismo” es idéntico al fascismo histórico para advertir semejanzas preocupantes en su relación con el poder. El desprecio por determinadas restricciones institucionales, la exaltación de la voluntad personal del líder, la retórica nacionalista excluyente y racista, junto con la tendencia a representar la política como una confrontación entre amigos y enemigos que permite hablar de rasgos autoritarios y fascistoides. La descalificación ideológica a la que Trump se acostumbró, rápidamente se transformó en un esfuerzo permanente por destruir las institucionales tradicionales que controlan el poder. El paralelismo con el chavismo también resulta incómodo, precisamente porque ambos proyectos, el de Trump y el de Hugo Chávez, pese a sus diferencias ideológicas y a la enorme asimetría de poder entre ambos países, han privilegiado la concentración del liderazgo y la subordinación de los principios de la Constitución a la supervivencia política, a como dé lugar.
Maduro invocaba la soberanía nacional para defender un sistema que había reducido las posibilidades de alternancia democrática. Trump invoca la seguridad y el interés nacional estadounidense para justificar una política exterior en la que la fuerza militar y el control de recursos estratégicos adquieren una importancia decisiva. Uno utilizó el nacionalismo revolucionario para proteger al régimen; el otro utiliza el nacionalismo estadounidense para ampliar el margen de acción del gobierno autoritario.
El resultado venezolano muestra hasta dónde puede llegar esa coincidencia: Trump, como adversario declarado de Maduro, terminó negociando con una de las figuras más importantes de su propio gobierno: Delcy Rodríguez, borrando de golpe todo el historial dictatorial y la retórica de liberación legítima a favor de la democracia.
El informe de una de las organizaciones más importantes para el estudio de las relaciones internacionales, la británica, Chatham House, indica que la captura de Maduro planteó desde enero de 2026, interrogantes sobre las consecuencias de la intervención para el orden internacional, considerando muy negativa la decisión estadounidense de asumir un papel directo en la conducción de Venezuela. No se trata solo de un debate sobre la legitimidad del chavismo, sino de determinar si una potencia puede imponer sus objetivos políticos mediante la fuerza, sin crear precedentes peligrosos para otros Estados, ni fomentar una real transición a la democracia. El personalismo trumpista es, en el fondo, una política exterior fallida.
La captura de un Maduro, acusado de graves delitos como narcotráfico y organización delincuencial transnacional, no justifica, automáticamente, a una potencia extranjera el derecho a decidir el destino de todo un país. La legitimidad cuestionada de Maduro tampoco elimina las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Si la defensa de la democracia depende de la voluntad unilateral de un presidente extranjero, entonces deja de ser un principio universal y se convierte en un instrumento de poder, donde Trump, no solamente destrozó el derecho internacional para encarcelar a Maduro, sino que ahora se toma la libertad de apoyar o no la democratización a gusto y sabor. Este es un abuso mucho más dramático que la invasión a Panamá, perpetrada por los Estados Unidos en 1989.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo político y catedrático Fulbright de Ciencias Políticas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
