asaron veinte años después de la Asamblea Constituyente, inaugurada con bombos y platillos en agosto de 2006. Hoy día podemos evaluar con cuidado y mayor certeza todos los detalles de aquel singular fracaso, estando, además, prestos a responder a la pregunta: ¿en la actualidad, Bolivia necesita realmente una nueva Constitución? Asimismo, ¿el país entiende lo que significa una reforma del Estado? Una vez más, la demanda por impulsar otra “reforma constitucional” se ha convertido en una cáscara que oculta problemas más profundos, especialmente al comprobar que la Asamblea Constituyente no fue un espacio deliberativo para construir un nuevo pacto social, sino que fue un campo de “batalla por el poder”, donde la lógica de ciertas mayorías eventuales y la confrontación extrema, anularon la posibilidad de un consenso genuino.
El famoso “pacto de unidad” del Movimiento Al Socialismo (MAS), en agosto de 2006 llegó con un proyecto de país predefinido y la oposición política de Poder Democrático y social (Podemos), estuvo fragmentada y sin estrategia, terminando arrinconada. Lo que emergió, posteriormente, en 2009, no fue la conclusión de un debate nacional, sino la imposición de un proyecto político con ropaje constitucional.
El texto de la Constitución aprobado en 2009, fue completamente “apócrifo” porque su origen nunca estuvo afincado en la voluntad popular, expresada dentro de un proceso limpio y reflexivo, sino que todo el proceso constituyente fue producto de una maniobra política que destruyó la legitimidad del texto final, sin importar ni siquiera los aspectos positivos. Ese pecado original persigue a la Constitución y explica por qué, veinte años después, no es un texto que tenga la capacidad de unir, sino que divide al país de una manera desastrosa.
Hoy se habla de reformar la Constitución, principalmente para evitar una nueva reelección presidencial o para ejecutar ajustes políticos cortoplacistas. La reforma se plantea como un problema de ingeniería constitucional (artículos, reelección, competencias), pero no como un problema de reforma del Estado. Veinte años después, la reforma constitucional sigue siendo una cáscara. Se quiere volver a discutir el texto, pero se “ignora la realidad” que la Constitución debería ordenar. Los profundos problemas no se discuten con seriedad.
Primero, la crisis de una gestión pública eficiente. La Constitución de 2009 creó un Estado “plurinacional” con autonomías; sin embargo, en la práctica construyó un monstruo burocrático, clientelar y con una capacidad de gestión casi nula. No se trata de cambiar la Constitución, sino de transformar una cultura política prebendal y un sistema de administración pública colapsado e incompetente. Una nueva Constitución no crea, automáticamente, funcionarios honestos y eficientes.
Segundo, qué hacer frente al agotamiento del modelo productivo. La Constitución no resolvió la dependencia que Bolivia tiene de sus materias primas. Al contrario, la profundizó cuando se decidió estatizar en extremo la economía, usando la renta extractiva para financiar un modelo político clientelar, acostumbrado solo a gastar. Discutir sobre una “reforma constitucional” sin un debate nacional sobre cuál podría ser el nuevo modelo productivo (diversificación, valor agregado, transición energética, seguridad jurídica para la inversión productiva), es un esfuerzo inservible. Es más fácil debatir sobre los artículos de un texto muerto, que sobre el fin de la economía del gas y la falta de empleo genuino.
Tercero, ¿quiere Bolivia una nueva Constitución o un nuevo pacto social? Esta es la pregunta del millón, ya que Bolivia no tiene un consenso sobre qué significa una reforma del Estado después del fracaso constituyente y del Estado plurinacional. Lo que existe son demandas sectoriales, corporativas y políticas que usan un lenguaje constitucional.
El ciudadano común no quiere una reforma del Estado en abstracto. Quiere que no le mientan, exige salud, educación, justicia, empleo. Si una nueva Constitución no se traduce en eso, le es indiferente o la ve como una nueva estafa de la clase política. Los actores políticos quieren la reforma para redistribuir el poder en su beneficio, no para limitarlo o hacerlo más eficiente; mientras que los movimientos sociales quieren blindar sus conquistas corporativas y acceder a más recursos, sin asumir las responsabilidades de una gestión pública eficiente.
Lo que Bolivia realmente necesita, y que quizás fue la gran oportunidad perdida en el periodo 2006-2007, es un nuevo pacto social y territorial. Eso va mucho más allá de una Constitución. Un pacto implicaría un acuerdo sobre el modelo productivo: ¿De qué vamos a vivir como país en los próximos 30 años? Esto requiere un diálogo entre el Estado, el sector privado, cooperativas, comunidades indígenas y academia. La Constitución debería ser el reflejo de ese acuerdo, no un obstáculo.
Un acuerdo sobre la gestión de lo público equivale a preguntar también ¿cómo construimos una burocracia basada en el mérito y no en la militancia? ¿Cómo hacemos que la justicia funcione? Esto no se logra con artículos constitucionales, sino con pactos políticos de largo aliento que aíslen a las instituciones del clientelismo. Un acuerdo sobre el territorio y las autonomías también obliga a reflexionar ¿cómo hacemos para que las autonomías no sean mini-repúblicas feudales e ineficientes, sino espacios de desarrollo real, coordinados con un proyecto nacional?
Veinte años después, la autopsia de la Constituyente permite analizar por qué fracasó el proceso deliberativo. Comparar el modelo de Asamblea Constituyente boliviano con otros (el chileno reciente de 2022) para extraer lecciones. Cuando una Asamblea se convierte en un campo de batalla por el poder y no en un espacio de construcción de consensos y confianza, el resultado es una Constitución inaplicable en su frondoso capítulo sobre derechos y maleable en sus partes más autoritarias.
Desde 2006, se transitó de la Constitución apócrifa hacia un Estado inviable. El problema no es solamente que el texto sea espurio en origen (nunca fue escrito por los constituyentes), sino que ha sido eficaz en la creación de un Estado disfuncional. La plurinacionalidad, mal entendida y peor aplicada, ha seguido creando ciudadanías de primera y segunda clase, junto con una maraña burocrática ingobernable. La “refundación” nunca existió, solo se superpuso un aparente nuevo andamiaje institucional sobre viejas prácticas prebendales.
Antes de hablar de una nueva Constitución, Bolivia necesita un verdadero “Proceso de Diálogo Nacional por un Pacto Productivo y por la Gestión de una Reforma estatal”. La Constitución debería ser la cereza del pastel de un consenso nacional, no el primer paso. En las actuales circunstancias, es fundamental pensar en ¿cómo generamos riqueza? y ¿cómo la gestionamos con decencia? Sin “consensos previos”, una nueva Asamblea Constituyente está condenada a repetir el fracaso del pasado, pero en un país todavía más polarizado y económicamente más débil. No se puede refundar un país a martillazos. Se necesita un verdadero diálogo nacional sobre la vida material de la gente, y de ahí, recién, redefinir la Constitución.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo político y catedrático Fulbright de Ciencias Políticas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
