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E

l exvicepresidente Álvaro García ha “reactivado” el asilo político que México le otorgó en 2019, luego del fracaso del plan que el MAS urdió para que “arda Bolivia” y de su fuga (conjuntamente Evo Morales y Gabriela Montaño), que trató de disimularse con el invento “golpe de Estado” que nunca ocurrió.

Dijo que inicialmente salió del Bolivia para asistir a eventos académicos en Argentina y que, una vez en ese país, se enteró de ciertos “movimientos político-judiciales” que había en Bolivia, en referencia a la investigación que se ha iniciado por el caso “Hotel Las Américas”, en el que está comprometido junto a su antiguo compañero Evo, acusados de asesinato y torturas y sobre el que hablaremos en otra oportunidad.

Añadió que se fue a México porque “hoy, en Bolivia, la justicia simplemente ha colapsado, está prostituida, está destruida”, y afirmó que “la mejor manera de preservar mis derechos constitucionales es asilándome, ojalá sea temporalmente y que la justicia se reconstruya en sus niveles de moralidad y apego a la legalidad para poder apersonarme para dar mi versión sobre los hechos”.

Contradictoriamente, en respuesta a la pregunta de si la administración de justicia en Bolivia se deterioró durante los gobiernos del MAS, respondió que {esta “siempre ha funcionado mal” (entonces, ¿qué niveles de moralidad y apego a la legalidad pretende que se reconstruyan?) para añadir que “Eso de los 20 años es una sonajera para tontos” (grase que recuerda a que el sol y la luna se escaparían si Evo no ganaba el referéndum del 2016), para agregar que, durante los 30 años anteriores a la llegada del MAS al poder, los jefes de bancada de los partidos políticos nombraban a las autoridades judiciales, por lo que la justicia era “mala y corrupta”.

En el colmo del delirio dijo que el gobierno de Evo Morales consideró que la mejor forma de cambiar el sistema era permitir que la población eligiera a las autoridades del Órgano Judicial, para agregar que, si bien esa medida “mejoró algo en el sentido de que pudieron (sic) haber personas con otros apellidos y color de piel”, los problemas persistieron. En un ataque de sinceridad no común en él, aseguró que los niveles actuales de “corrupción y degradación son inéditos en la historia boliviana”.

Esto último es referencia explícita a las investigaciones por narcotráfico y organización criminal que enfrentan quienes hasta hace poco fueron las máximas autoridades judiciales, entre las que se encuentran el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y el exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, amén de otros connotados sicarios judiciales.

Ahora bien, es bueno preguntar cómo así estos sujetos accedieron a funciones en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público y, con poco que se indague al respecto, se llegará a la convicción de que lo hicieron de la mano del ex “Jefazo” y sus adulones.

Y no sólo ellos. No se puede olvidar que, cuando el MAS llegó al poder en 2006 se dio a la tarea de desinstitucionalizar todo cuanto estuvo a su alcance: Corte Nacional y Cortes Departamentales Electorales, Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Cortes Superiores de Justicia, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, etc., etc., etc.

La intención era eternizarse en el poder y uno de los instrumentos para ello era contar con una administración de justicia y un Ministerio Público sometidos y dóciles. A diferencia de las dictaduras, que arremetían contra la oposición con las fuerzas de represión política como el DOP o el SES, los gobiernos del MAS convirtieron a los jueces y fiscales en vulgares mercenarios a su servicio.

Los nombres de Guerrero, Lanchipa y Mariaca en la Fiscalía General y los de otros fiscalillos y de muchos juececillos de diverso rango, nos recordarán por siempre la prostitución en que terminó la administración de justicia en este país.

Luego vino el invento de la elección judicial por voto popular, un absurdo tan grande como el alegar que Bolivia no perdió nada en la Haya en 2018 o que en 2019 hubo golpe de Estado (o “ruptura del orden constitucional” como la llamó alguien).

Cualquier con dos dedos de frente sabe que los miembros de un Órgano que ejerce jurisdicción no puede ser fruto del voto ciudadano, precisamente por eso, porque ejercen jurisdicción, porque administran justicia.

Absolutamente todos los que integraron e integran el Órgano Judicial en este país desde 2011, fueron preseleccionados por el MAS, en atención a sus “atributos” de sumisión y llunk’erío con quienes detentaban el poder. En algunos casos, las universidades ejercieron de celestinas. Para edulcorar las cosas, fue precisamente García quien inventó el examen de los pretendientes a ocupar un cargo en ese Órgano del Estado, y lo llamó, ufano, ”la pasarela”, por la cual desfilaron muchos candidatos, varios de ellos ayudados indisimuladamente por parlamentarios mediante señas para responder correctamente a las preguntas que se les formulaban.

En suma, el exvicepresidente sabe de lo que hable cuando se refiere como lo hace, a la “justicia” de este país. Él fue fundamental en la estructuración del lamentable plan que echó por tierra lo poco de institucionalidad que había en ella.

Carlos Derpic Salazar es abogado.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.