urante gran parte del siglo XX, la legislación laboral se construyó sobre una idea relativamente estable del trabajo: indefinido, a tiempo completo, con un empleador identificable, sujeto a seguridad social y protegido por normas y derechos. Este modelo, construido sobre la base del desarrollismo liberal, suponía una relación triangular entre el trabajador, el empleador y el Estado.
Hoy, ese triángulo ha sido fragmentado, complejizado y, en muchos casos, disuelto por nuevas realidades que van desde la digitalización y la globalización hasta los cambios profundos en la organización productiva, la financiación de las empresas y la resignificación de los conceptos de obrero, empleado, dependiente o asalariado.
No se trata de un proceso uniforme ni exento de problemas o injusticias, pero sí de una tendencia global que ha reconfigurado la relación entre empresa y trabajo. Lo que antes era la excepción como la subcontratación, la prestación de servicios independientes o el servicio a demanda, se ha convertido en la norma para una porción creciente de la fuerza laboral en el mundo. Y, sin embargo, en muchos países, las normas laborales siguen diseñadas como si el empleado de tiempo completo con planilla fuera la regla universal.
Las empresas de hoy requieren estructuras más ágiles, especializadas y adaptativas. Al mismo tiempo, miles de trabajadores, especialmente los jóvenes, buscan mayor autonomía, flexibilidad horaria o nuevas formas de generación de ingresos. Esto ha dado lugar a múltiples modalidades laborales como el teletrabajo, el empleo híbrido, la contratación por proyectos, el trabajo freelancer, el trabajo temporal especializado, la tercerización de servicios, los contratos por objetivos o resultados, el empleo a tiempo parcial, las consultorías independientes, el empleo estacional, el pago en participación accionaria o las compensaciones vinculadas a resultados.
En el caso de Bolivia, la brecha entre las políticas de trabajo y la realidad tiene consecuencias críticas. La legislación fue concebida para una economía industrial, con relaciones verticales y empleo asalariado estable, aunque en el universo laboral predominan los servicios, el comercio, la informalidad, la tercerización y las actividades de baja escala.
La consecuencia es paradójica. En lugar de proteger efectivamente al trabajador, la rigidez normativa termina incentivando la informalidad. El propio Estado recurre masivamente a consultores en línea y contratos temporales para eludir las barreras del sistema formal.
El problema no es únicamente contractual ni tiene que ver con niveles salariales o inamovilidad. Lo que debe cambiarse es el propio modelo de trabajo contemporáneo, es decir, sus mecanismos de organización, acceso y protección. Los derechos laborales no pueden abstraerse de la realidad material del trabajo. Si las formas de empleo cambian, las instituciones que regulan y representan esas relaciones también deben transformarse.
El gran desafío no consiste en desmantelar los derechos laborales, sino en preservarlos, pero adaptándolos a nuevas realidades productivas. El objetivo debe ser salvar el empleo digno, no preservar mecánicamente formas contractuales que ya no representan a la mayoría de los trabajadores.
El debate debe partir de la necesidad de separar del contrato laboral ámbitos como la seguridad social de corto y largo plazo, el pago de impuestos o los subsidios. Hoy en día, estas categorías, al estar ligadas al empleo formal, excluyen a los trabajadores informales (90% del total) y concluyen al finalizar la relación laboral, coartando derechos individuales.
Otro cambio importante debería incluir el reconocimiento de contratos laborales flexibles, permitiendo modalidades contractuales más adaptables a proyectos, productividad o temporalidad e incorporando a los trabajadores semiindependientes, autónomos o asociados. Esto debiera acompañarse de la creación de regímenes especiales para pequeñas empresas, trabajadores independientes con cargas tributarias y laborales progresivas y simplificadas.
Asimismo, es necesario regular el teletrabajo y la economía digital desarrollando marcos modernos para empleo remoto, plataformas tecnológicas y servicios digitales, evitando tanto la desprotección como la sobrerregulación.
El mercado laboral contemporáneo ya cambió. Lo que permanece pendiente es la transformación de las normas y las políticas públicas. La cuestión estratégica es cómo construir un nuevo pacto laboral capaz de integrar flexibilidad productiva, competitividad económica y protección social.
El empleo digno no se garantiza negando las nuevas formas de trabajo, sino reconociéndolas, regulándolas y construyendo sobre ellas un sistema de derechos que le dé sentido, en el siglo XXI, a la promesa constitucional del trabajo como derecho y como deber social. Precisamente por eso, resulta urgente construir nuevas instituciones laborales que permitan preservar la dignidad del trabajo en un mundo profundamente distinto.
Ronald Nostas Ardaya es administrador de empresas e industrial.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
