l Poder Legislativo es el órgano del Estado que debe materializar con normas la esperanza y los requerimientos de los ciudadanos, y ejercer de esa manera la representación que le ha sido confiada, como resultado del voto. Sin embargo, analizando la realidad, se advierten varias contradicciones, originadas desde el inicio de su conformación.
Pudiera pensarse que, después de asumir su curul, los legisladores son personas independientes, se dedicarán a crear, aprobar y sancionar las leyes, que el país en su conjunto necesita. Pero, nosiempre es así.
Uno de los asuntos cruciales es que los parlamentarios representan diversidad de fuerzas, con intereses políticos distintos y, a veces, contrapuestos. Además, los legisladores siguen instrucciones de su partido político, cuyos principios no siempre condicen con la esencia de su elección.
Algunos parlamentarios honestos, se ven presionados entre seguir la instrucción de sus jefes políticos mandantes: bloquear y hacer difícil la aprobación de leyes; o asumir la conducta correcta: presentar proyectos de ley, activar su aprobación y solucionar las dificultades primordiales de los votantes. ¿Cómo resolver el contraste?
En esta línea de análisis, es pertinente referirse a un tema de importancia trascendental: "la iniciativa legislativa", reconocida como una atribución, y también como un derecho, —según de quien se trate— que se refiere, específicamente, a dictar leyes, por iniciativa propia.
Lo dicho viene al caso, porque en los meses que lleva la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), su posición ha sido cómoda: esperar que el Poder Ejecutivo presente iniciativas de normas.
El Poder Legislativo tiene una atribución excepcional, ejercer la función de crear leyes por cuenta propia, hasta lograr los cambios comprometidos durante la campaña electoral. Le sobró tiempo para interpelar a uno y otro ministro, que, si bien está entre sus atribuciones, hizo falta el mismo empeño para dictar normas: diversas leyes que todavía faltan, y otras por corregir.
En este y otros sentidos, el Parlamento no puede reclamar que vive en "estado de gracia". Esa misma ausencia se nota con la atribución de controlar y fiscalizar las empresas públicas: las de capital mixto, y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado, una función importante que tampoco cumple.
Sobre estos mismos asuntos, puntualizar que "la Iniciativa legislativa Institucional"(con tratamiento obligatorio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional), alcanza a otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, y también a los gobiernos subregionales y municipios, que tienen la opción de proponer normas en materias específicas de su competencia. El Órgano Judicial se limitó a reclamar más dinero, mientras los otros se quedaron esperando el 50/50.
Esta prevista también la "iniciativa legislativa ciudadana" que alcanza al común de los ciudadanos organizados, una opción complicada por la tramitología, hasta ahora sin definir.
Finalmente, si la fuerza parlamentaria decide modificar la Constitución Política del Estado, puede impulsar esa reforma. La ALP tiene cuatro años para mejorar la celeridad legislativa, sin descuidar su atribución soberana para crear leyes.
Mario Malpartida es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
