se refrán retrata al recién llegado que, por entusiasmo o por deber, empieza haciendo bien las cosas. Vale para la vida cotidiana y vale, sobre todo, para la política. Cada vez que un nuevo gobierno asume, desenvaina dos espadas que parecen infalibles: “transparencia” y “cero corrupción”. Y para dar la sensación de que esta vez sí, convierten esas palabras en gestos, decretos, anuncios. Todo muy luminoso… al principio.
Verbigracia: en enero de 2006, el nuevo gobierno inauguró su era prometiendo una cruzada implacable contra la corrupción. Creó un Viceministerio anticorrupción. Luego un Ministerio. Promulgó una Ley de Lucha Contra la Corrupción. Y como sello moral, se proclamó a sí mismo “reserva moral de la humanidad”. ¿El resultado? El gobierno más largo… y más corrupto de la historia democrática boliviana.
¿Qué falló? ¿Por qué ni los ministerios ni las leyes lograron evitar el cáncer de la corrupción? Responderé más adelante.
El gobierno que asumió el 8 de noviembre vuelve por el mismo camino: “transparencia”, “cero corrupción”. Perfecto. Para demostrar que quiere ser distinto, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció la publicación diaria y detallada del gasto público. Cumplió.
Pero el jueves, un ciudadano —Carlos Olivera Terrazas— escribió en X una frase que define el punto ciego del entusiasmo oficial: “Aplaudo la iniciativa, pero una captura de pantalla sin trazabilidad, sin datos abiertos, no es rendición de cuentas. Necesitamos auditar la fuente, no sólo ver el gráfico”.
Exacto. La palabra clave aquí no es “transparencia”, es acceso. Sin acceso real, verificable, auditable a la información pública, todo esfuerzo es gesto, no política de Estado. Y el acceso a la información sólo existe cuando hay una Ley de Acceso a la Información Pública. Lo demás es buena voluntad… que dura lo que dura una escobita nueva.
El nuevo comandante de la Policía, Mirko Sokol, dijo a sus camaradas al asumir: “no se arriesguen a perder su libertad por unos centavos”. Y aseguró jamás haber recibido un soborno. Le creo. Consulté a policías probos: todos coinciden en que Sokol es un hombre recto, un árbol bien crecido.
Magnífico. Pero contra el monstruo de la corrupción no basta la integridad individual. El voluntarismo no sustituye a las instituciones. Un buen comandante inspira; una buena ley de acceso a la información previene.
Y aquí entra en escena la neurociencia. La profesora Susana Gaytán, de la Universidad de Sevilla, explica que cuando una acción corrupta se repite con éxito —un soborno que nadie descubre, un contrato amañado que nadie revisa— se refuerzan en el cerebro las conexiones que normalizan esa conducta. El miedo al castigo se desvanece; los estímulos de ganancia personal ocupan su lugar. La ley se vuelve un papel muerto. El impulso derrota al control. El cerebro sucumbe.
Peor aún: cuando varios cerebros perciben como “normal” aprovechar el poder para robar, la corrupción se vuelve cultura. Y quien no entra en ese juego es un “sonso”. El honesto es el “gil”. El que no recibe coimas es un “cojudo”. La frase “así nomás funciona” se convierte, literalmente, en ley sociológica. Y la presión del grupo es devastadora: todos lo hacen… ¿por qué yo no?
En ese punto, la persona con poder pierde empatía, se vuelve más egoísta, y si permanece años en el cargo, termina cambiando el servicio público por un proyecto personal de acumulación.
Vuelvo a mis preguntas: ¿por qué ni el Ministerio ni la Ley anticorrupción funcionaron? Porque un político vigilando a otro político es una trampa circular. Porque una ley punitiva castiga al descubierto, pero no previene al oculto. Y porque donde no hay luz, hay sombra… y donde hay sombra, prospera el abuso. Platón lo sabía hace 2.400 años. El mito del anillo de Giges lo resume: hasta el más justo cometería una injusticia si supiera que nadie puede verlo. La impunidad es un afrodisíaco. Por eso, lo que más teme un corrupto no es la cárcel: es la luz. Temen la luz como los vampiros al sol.
Esa luz se llama Ley de Acceso a la Información Pública.
Una ley que no persigue: ilumina. Que no castiga después: previene antes. Que permite que los gobernados vigilen a los gobernantes. Que convierte a la ciudadanía en fiscal colectiva. Que transparenta no porque el gobierno quiere, sino porque la ley obliga.
El poder puede intentar controlar la agenda mediática. Ya lo hemos visto. Pero no puede controlar la agenda de una sociedad que exige saber en qué se gasta su dinero, cómo se decide su futuro y quién administra sus esperanzas.
La información es el único detergente capaz de hacer que la escobita nueva barra bien toda la vida, no sólo en los primeros cien días. No será la solución total, pero es la piedra angular de cualquier democracia que aspire a no repetir su pasado. Si este gobierno quiere ser distinto, debe empezar por ahí. Si no lo hace, terminará donde terminaron todos: en la penumbra y la decepción.
En otra columna expondré las virtudes indispensables de esta ley. Por ahora, basta una certeza: sin acceso a la información, la transparencia es sólo un bonito eslogan recién desempacado.
Andrés Gómez Vela es periodista y abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
