arco Antonio Aramayo Caballero fue al calvario que le preparó el MAS-IPSP en 2014, por la denuncia de los actos de corrupción por millones de bolivianos que detectó en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC), siendo su Director, promovido por organizaciones indígenas. Todas cooptadas por el “instrumento político”, bajo estrategia fascista que Marco Antonio descubriría en su propio e irremediable via crucis.
Él era un profesional “(…) indígena del oriente cruceño que contaba con el respaldo del Pacto de Unidad” según una publicación de Bolivia News del 28 de junio de este año, que “fue posesionado por el entonces ministro de Economía y ahora presidente, Luis Arce, mediante la resolución suprema 10483 del 4 de septiembre de 2013. “El compromiso que les doy es de trabajar en nuestra casa grande, que es el Fondo Indígena, y convertirlo en instrumento liberador de nuestros pueblos”, dijo (…)”
Poco después denunció malversación de fondos, conductas antieconómicas e incumplimiento de deberes con daño por millones de bolivianos ante Evo Morales. De buena fe creyó que así operaría su cese y los procesos a los sujetos activos. Uno de ellos, Nemesia Achacollo. Actuó de buena fe, sin pensar que tales actos fueron perpetrados con la cúpula masista. No midió la perversión de las organizaciones indígenas, convertidas en componentes de una estructura criminal.
Así comenzó el tenebroso caso de conversión del denunciante en denunciado, a partir de marzo de 2015. Por cada delito cometido por la banda criminal masista denunciado por Marco Antonio, se abrió un proceso penal contra él. Sumaron 256. En cada uno se renovó la detención preventiva, encerrándolo en 56 recintos penitenciarios, entre cárceles y carceletas. Por más de siete años a lo largo de los cuales se demostró que el puño en alto era el símbolo de adhesión a una organización criminal.
Las transversales del abuso fueron las torturas, vejámenes y tratos crueles. Amplio catálogo de crímenes de lesa humanidad. Salpicados de ofertas de pago para que se declarara culpable, en busca de la exoneración de la cáfila delincuencial que pretendió 500 años de reinado. No cedió hasta el final. Demostró que estaba hecho de la madera de los grandes hombres, a costa de su vida.
Fue un concurso de delitos cometidos contra Marco Antonio. Asesinato de ejecución continuada, con todas las agravantes. A plena luz del día, a rostro descubierto. Hasta su muerte el 19 de abril de 2022. Con impunidad asegurada por la omnipotencia del abuso, por el peso de las alforjas llenas de lo mal habido y por el apoyo de la red de propaganda socialista del siglo XXI.
No sólo eso. Un recuento en la red de las voces solidarias con Aramayo es suficiente para darse cuenta de que la impunidad fue asegurada también por el acomodo y oportunismo de los especialistas, quietos y discretos a la espera de su próximo contrato de consultoría; junto a los débiles de espíritu callados para cuidarse las espaldas, incluyendo a miembros de instituciones de defensa de derechos humanos y a organizaciones contra la tortura que calculan y no defienden a las víctimas; añadidos a los que apoyan sólo a los que piensan como ellos y ni siquiera empatizaron con esta víctima inocente de la violencia estructural de la dictadura porque “era masista”. Sumados a esos “hombres y mujeres de prensa” que sólo sirven a los intereses políticos y económicos. Por fuerza o por gusto.
Detenido Arce Catacora, lucen los figurones de última hora, sepulcros blanqueados, llenándose hoy la boca, convenientemente, cuando por moral tendrían que callar para siempre.
La tragedia de Marco Antonio Aramayo Caballero es la tragedia del país devastado por Evo Morales, Álvaro García, Luis Arce, David Choquehuanca y sus secuaces. Es la tragedia de los indígenas, convertidos en bandera de los sinvergüenzas. Su caso desnuda la verdadera naturaleza delincuencial del poder masista. Igual a la de los Castro, Chávez, Maduro y Ortega, en Hispanoamérica.
En su drama se pone en evidencia la banalidad del mal, con base en la cual se concluye en que las atrocidades pensadas y decididas por los jerarcas del poder no son eficaces si no concurren sus operadores. ¿Cuántos dirigentes indígenas, funcionarios públicos, abogados, fiscales, jueces, vocales y policías ejecutaron a Marco Antonio Aramayo? ¿Por qué lo hicieron? Igual que Adolf Eichman, operador clave del Holocausto, porque cumplieron las órdenes, sin preguntarse si hacerlo era bueno o malo.
Esclarecer la corrupción del FONDIOC, castigar a los culpables y resarcir los daños es un deber ineludible. Como lo es limpiar el nombre de Marco Antonio y levantar la nómina de sus victimarios. Por orden alfabético y con fotografías, para difundirla intensiva y extensivamente.
El sufrimiento y la ejecución de Marco Antonio ponen contra la pared a quienes dicen defender los Derechos Humanos: éstos son universales y su defensa, también. Por encima de las ideologías y las afinidades. Es una opción de vida radical y así hay que asumirla.
Gisela Derpic Salazar es abogada.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
