n las últimas semanas, la Asamblea Legislativa ha vuelto a ser el centro de controversias por cuestiones que no se relacionan precisamente con sus funciones constitucionales. La suspensión del Fiscal General, tras su detención por presuntos delitos penales, generó una serie de dudas sobre su elección en 2024, con más de dos tercios de votos de los asambleístas. Declaraciones oficiales y acusaciones de ex diputados sugieren el tráfico de influencias y la compra de votos en esa elección.
Paralelamente, y ante la renovación de las directivas parlamentarias, una de las Alianzas con mayor número de representantes, ha develado públicamente la ruptura de su bancada. El transfugio de diputados y senadores que, tras negociar con otras fuerzas, ya no responden a las estructuras partidarias con las que fueron elegidos, se ha vuelto una práctica común desde la anterior legislatura.
Hace algunos días, y pese a que se espera la aprobación de normas fundamentales, la Cámara de Diputados fue convocada a sesión plenaria para tratar la ley del Día Nacional del Charquekan y de la Chicha y el Chicharrón, y la declaración como patrimonio cultural del pan marraqueta y la ratafía. Finalmente, el pasado 19 de octubre un senador suplente fue encarcelado por acusaciones de terrorismo e instigación pública a delinquir.
Estos hechos muestran un escenario de innegable degradación del primer poder del Estado, cuyos síntomas principales son la opacidad en la aprobación de leyes, agendas legislativas divorciadas de las necesidades del país e incapacidad de fiscalización, como resultado de la escasa formación técnica y la pobre calidad política y ética de muchos representantes nacionales.
Sin embargo, la crisis de la Asamblea Legislativa no es reciente y no puede atribuirse exclusivamente a los parlamentarios. Intervienen otros factores, como la debacle del sistema de partidos, la personalización de la política, la ineficacia de las normas y de las instituciones de control, la ausencia de un sistema de rendición de cuentas y, sobre todo las formas discrecionales de elaboración de las listas de candidatos a la Asamblea.
En los procesos electorales actuales, la atención pública se concentra en los candidatos a la Presidencia, mientras que las listas parlamentarias se convierten en un componente secundario de la decisión ciudadana. Si a esto sumamos que las organizaciones políticas no cuentan con procedimientos transparentes, competitivos y verificables para escoger a sus postulantes, tenemos como resultado una representación que no reúne las condiciones mínimas de idoneidad y capacidad que el país requiere de sus legisladores.
El problema es estructural y no puede solucionarse pidiendo mayor responsabilidad individual a los parlamentarios o esperando que los propios partidos corrijan sus prácticas. Es necesario ajustar los mecanismos institucionales que determinan quiénes llegan al Legislativo, ante quiénes responden, cómo se relacionan con sus electores y qué procedimientos existen para exigirles cuentas.
Quizá haya llegado el momento de una transformación de fondo del sistema de elección parlamentaria, que podría incluir la eliminación completa de los escaños plurinominales para que cada diputado y senador sea escogido directamente por voto directo, y la elección de los asambleístas en una fecha distinta de la presidencial. Esto no supone desechar la participación de partidos políticos como medios de postulación, sino establecer mecanismos para que el elector identifique mejor a sus candidatos, sin renunciar a la actual cantidad de representantes ni a los derechos civiles y políticos que establece la Constitución.
El modelo no es nuevo. Hay países que tienen comicios parlamentarios de mitad de mandato y otros que renuevan sus Asambleas en ciclos distintos de la Presidencia, lo que otorga una legitimidad electoral más específica a los asambleístas y hace más visible su responsabilidad, además de reconocer la importancia de los Congresos como representación directa, plural y democrática de los intereses ciudadanos.
Cuando existe una circunscripción claramente identificable, una candidatura individual visible y una elección separada, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir representantes más probos y capaces. Aunque es importante precisar que para que el cambio produzca resultados, deben existir reglas de selección de candidaturas, acceso a información, transparencia y rendición de cuentas que lo hagan posible.
En Bolivia, donde la capacidad de construir acuerdos entre fuerzas políticas es un factor central para la gobernabilidad, la separación de elecciones exigiría fortalecer los mecanismos de negociación y coordinación. La elección legislativa separada y uninominal puede ser una oportunidad para vincular la legitimidad electoral y la legitimidad por desempeño a través de una reforma institucional que debería procurar ambas.
Bolivia necesita una Asamblea Legislativa de calidad, que represente mejor a los ciudadanos, responda por sus decisiones y esté a la altura de sus responsabilidades. Para conseguirlo, no basta con cambiar las reglas electorales: hay que transformar los mecanismos de selección, transparencia y rendición de cuentas. La democracia no termina en las urnas; comienza también la responsabilidad de quienes reciben el mandato ciudadano.
Ronald Nostas Ardaya es administrador de empresas e industrial.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
