l Gobierno ha sostenido que el DS 5516 “elimina la subvención a los combustibles”. La afirmación es políticamente funcional: permitió descomprimir el conflicto social y desbloquear el país. Pero desde el punto de vista técnico y económico, es insostenible. Un examen riguroso del decreto y de su Anexo 1 conduce a una conclusión inequívoca: el DS 5516 no elimina la subvención; la reconfigura, la despresupuesta y la oculta, preservando intacta la estructura de precios que la genera.
La norma no corrige la brecha entre el costo real de importación y el precio interno, no introduce paridad internacional ni mecanismos automáticos de ajuste, y traslada el costo hacia YPFB, el sistema eléctrico y las finanzas futuras del Estado. El subsidio deja de verse como transferencia explícita, pero sigue operando como pérdida económica y drenaje de divisas.
Esta diferencia entre narrativa política y efectos reales no es menor. Define si Bolivia avanza hacia una corrección estructural o si compra gobernabilidad a costa de fragilidad macroeconómica. La pregunta de fondo es inevitable: ¿el DS 5516 fue el precio que el Gobierno aceptó pagar —bajo presión de la COB— para desbloquear el país? Si la respuesta es afirmativa, el costo no desapareció: fue postergado, ocultado y amplificado. Y esa factura, más temprano que tarde, volverá a presentarse.
1. El subsidio no nace del decreto: nace de la brecha entre costo real y precio interno
En Bolivia, la subvención a los combustibles no es una construcción jurídica ni una decisión administrativa aislada. Es una realidad económica objetiva, determinada por la brecha persistente entre el costo real de provisión de los combustibles y el precio al que estos se venden en el mercado interno. YPFB importa diésel y gasolina a costos que, según condiciones internacionales, logísticas y financieras, oscilan entre 1,10 y 1,30 dólares por litro. Sin embargo, esos mismos combustibles se comercializan internamente a precios significativamente menores. Mientras esta diferencia exista, el subsidio existe, independientemente del nombre que se le asigne o del decreto que se invoque.
La brecha por litro es el dato decisivo. En escenarios conservadores, el diferencial residual entre costo económico real y precio interno se sitúa en torno a 0,14–0,24 USD por litro en diésel y 0,45–0,55 USD por litro en gasolina especial. Estas cifras no incorporan supuestos extremos, sino costos mínimos de importación, logística y financiamiento en un contexto de restricción externa. La existencia de esta brecha implica que cada litro consumido genera una transferencia implícita que no desaparece por decisión normativa.
Extrapolada a volúmenes anuales de consumo prudentes —del orden de 1.800 millones de litros de diésel y 1.400 millones de litros de gasolina especial—, la brecha por litro se traduce en un costo económico anual agregado de entre 880 millones y 1.200 millones de dólares. Este monto no es contable ni circunstancial: es el costo real de sostener un sistema de precios desalineado.
Ni el DS 5503 ni el DS 5516 corrigen esta diferencia estructural. Ambos actúan sobre la forma del subsidio, pero no sobre su causa. El problema no reside en la norma que declara o elimina una subvención, sino en el sistema de precios que mantiene el precio final persistentemente por debajo del costo económico real de provisión. Mientras esa brecha no se cierre, el subsidio seguirá existiendo, aunque cambie de nombre o de contabilidad.
2. El DS 5516 no establece precios de paridad internacional
Una eliminación real y sostenible del subsidio a los combustibles no depende de suprimir una etiqueta normativa ni de redefinir contablemente una transferencia. Depende, de manera central, de alinear el precio interno con los costos económicos reales de provisión. La experiencia internacional es clara y consistente: para cerrar una brecha de subsidio se requiere, al menos, uno de cinco mecanismos verificables. Estos incluyen la adopción de precios de paridad internacional más costos logísticos, la aplicación de fórmulas técnicas de ajuste automático que reflejen la evolución del mercado, el uso de bandas de precios con convergencia obligatoria, la fijación del precio en moneda dura o la liberalización plena del mercado de combustibles.
El DS 5516 no incorpora ninguno de estos instrumentos. Por el contrario, reafirma un esquema de precios administrados por el Estado, en el que el precio final resulta de decisiones discrecionales y no de reglas económicas transparentes. El decreto no establece una estructura de costos completa y verificable, no define mecanismos de convergencia con precios regionales ni permite el traslado directo de los costos reales al consumidor final. El sistema continúa operando con precios políticamente contenidos y económicamente desalineados.
En consecuencia, la brecha entre el costo efectivo de importación —incluyendo logística, financiamiento y riesgo macroeconómico— y el precio interno persiste. Esta brecha no es accidental ni transitoria: es el núcleo del subsidio. Al no corregirla, el DS 5516 no elimina la subvención, sino que la administra y la posterga, ganando estabilidad aparente a costa de sostenibilidad futura.
El resultado es un esquema que reduce tensiones en el corto plazo, pero mantiene intacto el problema estructural. Sin paridad internacional ni mecanismos automáticos de ajuste, el subsidio reaparece de forma recurrente, se acumula silenciosamente y termina expresándose en pérdidas cuasifiscales, presión externa y fragilidad macroeconómica.
3. Evidencia normativa clave: el subsidio no desaparece, se redistribuye
El Anexo 1 del DS 5516 es concluyente: lejos de eliminar la subvención, redefine su arquitectura. El subsidio deja de presentarse como una transferencia fiscal explícita y se redistribuye a lo largo de la cadena energética mediante precios administrados, coeficientes discrecionales y subsidios cruzados obligatorios. El resultado es un esquema menos transparente, más difícil de auditar y económicamente más riesgoso.
a) Precio de Paridad de Importación (PPI) administrado
El decreto fija un PPI del crudo de 64,45 USD por barril para el denominado “periodo transitorio”, con independencia del precio internacional efectivo. Esta decisión rompe el vínculo entre el costo real de importación y el precio base del sistema. El PPI deja de ser un reflejo del mercado para convertirse en un precio político-administrado, que amortigua artificialmente las variaciones internacionales. El riesgo de volatilidad externa no se traslada al precio final, sino que se absorbe dentro del sistema. Este es el primer mecanismo de ocultamiento: el subsidio deja de verse como gasto fiscal directo y se transforma en una distorsión de precios aguas arriba.
b) Uso explícito del “Factor de Ajuste”
El precio final al consumidor se obtiene multiplicando el precio en dólares por el tipo de cambio y por un factor de ajuste de 1,4943, definido de manera discrecional. Este factor no responde a una fórmula económica observable ni a una regla de mercado transparente. Su función es cerrar la brecha entre el precio político deseado y el precio económico real sin reconocerla explícitamente. Aquí se produce el segundo ocultamiento: el subsidio se incorpora como un coeficiente técnico, diluido dentro de la fórmula de precios, en lugar de aparecer como una compensación fiscal sujeta a control y debate.
c) Subsidios cruzados obligatorios
El Anexo 1 va más allá e institucionaliza subsidios cruzados. El decreto ordena que el 40% de la diferencia de precio del Gas Oíl sea absorbido por las refinerías y el 60% por las generadoras eléctricas, sin traslado a tarifas finales. Desde el punto de vista económico, esto equivale a imponer pérdidas obligatorias a empresas públicas y al sistema eléctrico. El subsidio no solo persiste: queda normativamente consagrado, pero fuera del presupuesto. Se despresupuesta el costo y se traslada a balances empresariales, deteriorando patrimonio, inversión y sostenibilidad operativa.
d) Costos macroeconómicos no reconocidos
Finalmente, el esquema ignora costos esenciales: la escasez estructural de divisas, el riesgo país, el financiamiento del capital de trabajo de YPFB y el costo de importar combustibles en un contexto de restricción externa. Aunque el precio nominal pueda parecer elevado, sigue siendo inferior al costo económico total de provisión. El resultado es un sistema de precios que aparenta corrección, pero que continúa generando subsidios implícitos y pérdidas sistémicas. En conjunto, el DS 5516 no elimina la subvención: la fragmenta, la oculta y la redistribuye, debilitando la transparencia fiscal y elevando el riesgo macroeconómico.
4. Magnitud económica del subsidio implícito
Bajo supuestos conservadores de consumo y costos, la brecha residual entre el precio interno de los combustibles y su costo económico real implica una subvención implícita anual estimada entre 880 millones y 1.200 millones de dólares, solo en diésel y gasolina especial. Esta estimación excluye deliberadamente otros componentes relevantes —como GLP, GNV, gas para generación eléctrica y costos financieros adicionales—, por lo que debe leerse como un piso mínimo, no como un escenario extremo. Incluso así, la magnitud del subsidio implícito es estructuralmente significativa y macroeconómicamente crítica.
En términos de reservas internacionales, este monto equivale a entre la mitad y la totalidad de las reservas netas líquidas disponibles. En la práctica, esto significa que un solo año de subsidio oculto puede consumir el colchón externo del país, debilitando la capacidad del Estado para sostener el tipo de cambio, asegurar importaciones esenciales o responder a shocks externos. No se trata de un gasto pasivo: es una presión directa y permanente sobre la estabilidad externa. Desde la perspectiva fiscal, la subvención implícita representa entre 18% y 30% del déficit fiscal anual. Esto implica que una porción sustantiva del desequilibrio fiscal no proviene de políticas sociales, inversión pública o salarios, sino de una transferencia silenciosa vía precios energéticos, que no aparece en el presupuesto y carece de control explícito.
La comparación con el gasto social es aún más reveladora. El Estado destina un monto similar al que cuesta sostener sus principales programas de protección social. En términos distributivos, Bolivia gasta tanto en subsidiar combustibles —de manera regresiva y opaca— como en proteger ingresos de niños, adultos mayores y hogares vulnerables. Finalmente, frente a las importaciones de combustibles, el subsidio implícito cubre entre 30% y 50% del valor anual importado, confirmando que el problema no es coyuntural ni marginal, sino uno de los principales determinantes de la fragilidad fiscal y externa del país.
5. Por qué el subsidio oculto es más peligroso que uno explícito
El subsidio implícito es macroeconómicamente más riesgoso que uno explícito porque carece de anclas fiscales, financieras y políticas claras. A diferencia de un subsidio presupuestado, no tiene techo legal ni control parlamentario: su costo aumenta automáticamente con el volumen consumido, con el precio internacional del petróleo y con el deterioro de las condiciones externas. En un contexto de restricción severa de divisas, esto implica un drenaje inmediato y continuo de reservas, sin mecanismos formales de corrección o contención.
Además, el subsidio oculto traslada el costo fuera del presupuesto hacia empresas públicas como YPFB y hacia el sistema eléctrico, generando pérdidas cuasifiscales que deterioran su patrimonio, limitan su capacidad de inversión y elevan sus necesidades de financiamiento. El Estado deja de ver el costo en tiempo real y pierde capacidad de gestión estratégica: cuando la presión emerge, ya se ha acumulado en balances debilitados y pasivos contingentes. Desde el punto de vista distributivo, el subsidio implícito es más regresivo. Al operar vía precios, beneficia proporcionalmente más a los mayores consumidores de combustible —hogares de mayores ingresos y sectores intensivos en energía— sin ningún criterio de focalización social. Se subsidia el consumo, no a las personas vulnerables.
Finalmente, el riesgo político es mayor. Un subsidio explícito puede debatirse, corregirse y desmontarse gradualmente con compensaciones. El subsidio oculto, en cambio, se sostiene sobre la negación del problema. Cuando las pérdidas se vuelven insostenibles o las reservas se agotan, el ajuste deja de ser una decisión y se convierte en una imposición abrupta. En ese punto, no hay narrativa, gradualidad ni amortiguadores sociales posibles. Por eso, ocultar el subsidio no reduce su costo: solo posterga y amplifica la crisis.
Conclusión técnica y política
El análisis normativo y económico permite una conclusión inequívoca: el DS 5516 no elimina la subvención a los combustibles. Mantiene intacta la estructura de precios que la genera, sustituye un subsidio explícito por uno implícito y desplaza la presión fiscal hacia YPFB, el sistema eléctrico y el futuro del Tesoro. La narrativa de “subvención levantada” puede ser funcional en el corto plazo, pero es técnicamente incorrecta y económicamente engañosa. El problema no es semántico ni jurídico: es estructural. La subvención no desapareció; cambió de forma. Y el DS 5516 no lo resuelve.
Carlos Jahnsen Gutiérrez es doctor en economía y consultor internacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
