l DS 5516 surge como respuesta política a un problema central de gobernanza: la dificultad del Ejecutivo para conducir procesos complejos en el tiempo, sostenerlos y corregirlos sin quebrar el vínculo social. No fue un error técnico aislado, sino una falla de conducción. Por ello, el decreto no debe leerse como una norma económica convencional, sino como un acto correctivo y defensivo de gestión, orientado a recuperar gobernabilidad inmediata tras el colapso político del DS 5503. Esa naturaleza define tanto su alcance como sus límites.
El DS 5503, pese a sus errores, tenía un atributo hoy ausente: intención programática. Reconocía una crisis estructural de divisas, subsidios, reservas e inversión, y asumía que su resolución exigía decisiones duras, integrales y simultáneas. Partía de una premisa incómoda pero correcta: no hay estabilización sin reordenamiento ni reordenamiento sin costos políticos iniciales asumidos hoy para evitar colapsos.
El DS 5516 invierte ese razonamiento al priorizar la reducción del costo político inmediato, aun a costa de trasladar el ajuste al futuro. La estabilidad que busca no proviene de un nuevo equilibrio económico, sino de transferencias, subsidios y congelamientos que neutralizan el conflicto en el corto plazo. Es una decisión consciente: comprar gobernabilidad hoy postergando la corrección estructural. El ajuste no desaparece; se difiere, y diferir rara vez es neutral: encarece el ajuste y reduce el margen político cuando finalmente llega.
La diferencia entre ambos decretos no es técnica, sino intertemporal y política. El DS 5503 apostaba a una transición conflictiva pero ordenada; el DS 5516 apuesta a una calma inmediata pero frágil y sin orientación clara. No reordena incentivos ni reconstruye anclas macroeconómicas; intenta contener el desborde social, ganar oxígeno político y evitar el enfrentamiento abierto. ¿Es legítimo? Claro que lo es, pero cuando la política se encierra en el corto plazo, deja de gobernar procesos y pasa a administrar crisis recurrentes.
Por ello, el DS 5516 no constituye una estabilización estructural, sino una contención intertemporal. Gana tiempo, pero no redefine trayectorias. Genera calma financiada con recursos fiscales y endeudamiento, mientras los desequilibrios de fondo siguen intactos. El trade-off es explícito: menos conflicto hoy a cambio de mayor vulnerabilidad mañana, especialmente sin una estrategia clara de crecimiento sostenible. La estabilidad comprada sin reordenamiento inevitablemente se agota rápido.
En ese vacío, el poder no se diluye: se reasigna. La capacidad efectiva de veto se desplaza hacia actores extraparlamentarios con capacidad de bloqueo, en particular la COB, que pasa de actor social relevante a ejercer, en los hechos, un rol de cogobierno desde la presión. El equilibrio institucional se altera y surge una pregunta inevitable para ciudadanos e inversionistas: quién gobierna realmente Bolivia y bajo qué reglas.
El DS 5516 no afirma explícitamente que el abastecimiento de hidrocarburos sea el único pilar de la estabilización, pero lo coloca de facto como eje central de la respuesta gubernamental, organizando alrededor del suministro y la fijación de precios el núcleo de la intervención estatal, sin un programa macroeconómico integral. Garantizar el abastecimiento es una condición necesaria para evitar el colapso inmediato, pero no suficiente. El suministro es una variable dependiente de desequilibrios más profundos —escasez de divisas, subsidios insostenibles, régimen cambiario sin ancla, déficit fiscal crónico y deterioro de la confianza— que el decreto no corrige.
Al priorizar la emergencia sin abordar esas causas, el DS 5516 desplaza el debate desde las causas hacia los síntomas y sustituye la política económica por gestión de crisis. El desequilibrio no se resuelve: se suspende, y lo suspendido reaparece con mayor costo.
Desde la gobernanza, la señal es clara: las decisiones estructurales no resisten la presión social y terminan revirtiéndose. La abrogación del DS 5503 no abrió una reformulación estratégica, sino una retirada, debilitando la credibilidad del Ejecutivo y reforzando la percepción de que la calle —y no un programa— fija los límites de la política pública, aumentando la incertidumbre.
El dilema es ineludible: pausa o transición. Si es pausa, debe ejecutarse con claridad: abastecimiento como ancla transitoria, bonos como contención limitada y un programa integral como siguiente paso. Si no, el desenlace es conocido: estabilización aparente, deterioro silencioso y crisis posterior. El DS 5516 permite ganar tiempo, pero no compra una salida.
Bolivia no necesita más tiempo comprado con subsidios, necesita una estrategia integral de estabilización y desarrollo, gobernanza con autoridad real, y autoridad democrática con legitimidad construida mediante consensos previos y deliberados, no impuesta ex post por la presión de la crisis ni por el veto del caos de la calle.
Carlos Jahnsen Gutiérrez es doctor en economía y consultor internacional.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
