n términos generales, el poder es la capacidad de actuar y modificar la realidad. Cuando la sociedad entrega al Presidente elegido, la atribución constitucional de actuar sobre sus bienes y destinos, pero extrañamente surgen vacíos de autoridad, ¿quién tiene el "poder"?
El impacto del cerco a las ciudades: El Alto y La Paz, y el bloqueo de las carreteras en el territorio nacional, ha cambiado la realidad económico-social: por un revés del destino, en Bolivia aumentó la pobreza y el desempleo. Los protagonistas del desafortunado cambio no necesitaron meritocracia, fue suficiente una decisión astuta, coordinada, y una actuación brutal.
La mayoría de los ciudadanos enfrentaron una realidad que no esperaban, habían escogido la opción para encontrar seguridad y orden, ahora sienten miedo e inseguridad, votaron para mejorar sus ingresos económicos, pero perdieron dinero. Los grupos movilizados consiguieron su infame propósito, el gobierno no cumplió con el suyo. El poder que no modifica la realidad según sea la intención prevista, en este caso mejorar el bienestar de los bolivianos, es un poder fracasado,
Así como están las cosas ¿será que el gobierno tenga la capacidad suficiente para garantizar el orden público, con solo proponer como política pública prioritaria el mentado diálogo? Puesto que, como se nota, la resistencia que ostenta el expresidente, refugiado en el trópico de Cochabamba, es plena y demoledora. ¿Qué es lo más inmediato ahora?
Negociar préstamos con organismos internacionales; o antes bien, organizarse para que —llegado el caso— la gobernanza cumpla con su obligación de proteger los derechos fundamentales, impedir que se repitan bloqueos, y se pierdan los millones en cuestión de días. El buen juicio dicta que, desde semanas atrás. ambas acciones ya fueron ineludibles; pero, el problema radica ahí, no fue posible cuando lo más coherente era cumplir ambas exigencias; se impuso el discurso mordaz de la "oposición constructiva", un gabinete indefenso, el parlamento escapista e irresponsable.
En todo momento se escucha la voz sindical prepotente, esa que lastima la vida ciudadana, tergiversa el sentido de la conversación nacional. La imaginación y memoria de testigos históricos, quedó pequeña ante la magnitud de los hechos cometidos por los desalmados.
El Presidente Rodrigo tiene a su favor el sentimiento de esperanza que anima a millones de ciudadanos, a pesar de estar quebrantados por aquellos otros bolivianos que buscan cumplir sus propios designios malvados. Sin embargo, el gobierno pacifista insiste con el recurso aguado de la tolerancia, intenta contagiar calma y habla de seguridad; mientras en los caminos son suficientes troncos y ramas, una volquetada de tierra y una veintena de piedras, para interrumpir el tráfico; así de fácil. Se dice que por esa causa el perjuicio suma más de 2.8 mil millones de dólares.
Pasar por alto estos detalles, sería como negar la condición de impotencia ante la furia de la agresión, y la incapacidad culposa de la autoridad; desconocer que los espacios son escenarios conocidos, y los tiempos parte de la historia conflictiva: otra vez las consecuencias que dejan cicatrices, porque del dinero perdido nadie se hará cargo.
Mario Malpartida es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
