a presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenó el miércoles dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en ese país, Laura Dogu, por criticar una reciente reunión de autoridades hondureñas con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo el jueves de la semana pasada que su país revocó el tratado de extradición con EEUU por temor a que sea utilizado como un "arma política" para extraditar a funcionarios o militares de alto rango por cuestiones "puramente políticas".
Señaló que dar por terminado el tratado de extradición, una medida vigente hasta el 28 de enero de 2025, es "una atribución del Poder Ejecutivo", por lo que no requiere aprobación del Parlamento hondureño.
El gobierno de Castro notificó el miércoles a la Embajada de EEUU la decisión de "dar por terminado" el tratado de extradición después de que la embajadora estadounidense expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con Padrino López, en el marco de un evento deportivo militar en Venezuela.
Buscaba intimidar y chantajear
La presidenta hondureña recalcó que los sectores que la critican por anular el tratado de extradición deben entender que Honduras tiene relaciones con otros países basadas en "respeto y no injerencia".
Aseguró, además, que no permitirá que la extradición sea utilizada para "intimidar o chantajear" a las Fuerzas Armadas de Honduras, y prometió que en el país centroamericano no habrá "más golpes de Estado".
Castro señaló que no pueden "permitir" que se ataque al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Rooselvet Hernández, y al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, porque eso "debilita la institucionalidad" del Ejército y "pone en precario" el proceso electoral del país.
¿A quién se protege?
El abogado y experto en Derechos Humanos Joaquín Mejía dice que el Gobierno solo esperaba "una oportunidad" para dar por terminado el tratado de extradición, una herramienta que el experto considera "efectiva" en la lucha contra el narcotráfico, pues ha permitido al país extraditar a unos 50 hondureños.
"La pregunta que uno se hace es a quién se está protegiendo particularmente", subrayó Mejía, quien considera que el Gobierno pudo declarar "non grata" a la embajadora estadounidense en lugar de denunciar el tratado de extradición.
Mejía cree que en el Gobierno hay "algún tipo de temor" a que se solicite en extradición a algún funcionario o persona cercana a la presidenta hondureña.
Dar por terminado el tratado de extradición, según Mejía, es una "decisión política muy arriesgada, pero muy importante" para Honduras, pues también afecta a Estados Unidos porque no podrá extraditar a más narcotraficantes hondureños.
Sostuvo, por otro lado, que la decisión es una medida "errónea" porque el tratado de extradición ha demostrado que las instituciones hondureñas "son incapaces o no tienen la voluntad" para luchar contra el narcotráfico y, además, podría reducir la cooperación bilateral o afectar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a miles de hondureños en Estados Unidos.
Expresidente condenado defiende la extradición
Por su parte, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por tráfico de drogas y armas, cuestionó al gobierno de Xiomara Castro por finalizar el tratado de extradición.
En una carta divulgada en las redes sociales por su esposa, Ana García, Hernández indicó que "jamás" se le ocurrió denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, a pesar de los "rumores de que podría ser acusado injustamente" y de las amenazas de "vengarse" de narcotraficantes que huyeron del país centroamericano por miedo a ser capturados.
