a crisis del sistema judicial boliviano está asentada en dos grandes falencias: la falta de presupuesto suficiente para su funcionamiento y sucesivas elecciones de magistrados con abierta intromisión político-partidaria que derivaron incluso en que los comicios judiciales de 2024 haya sido parciales, privando a departamentos a elegir sus autoridades de justicia. El presidente Rodrigo Paz cree que se puede superar la crisis consiguiendo recursos económicos vía financiamiento externo.
Paz anunció este lunes que se prevé impulsar desde enero de 2027 una “gran reforma del sistema judicial”, con recursos captados a través de créditos extranjeros destinados a fortalecer la administración de justicia mediante tecnología, meritocracia e infraestructura.
“Cerremos de una vez por todas, ya con los recursos frescos que vamos a tener, una gran reforma del sistema judicial”, afirmó Paz al convocar a las autoridades judiciales a sumar esfuerzos para organizar el proceso durante el periodo restante del año y comenzar la nueva etapa en enero.
En la inaguración del año judicial, en el denominado Diálogo para la Reforma Judicial, Paz habló de buscar financiamiento para modernizar el funcionamiento del cuestionado sistema de justicia del país. En esa oportunidad intercambió criterios con las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consjejo de la Magistrtura, Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado.
Las propuestas de reforma parcial de la Constitución que se han prsentado hasta el momento, en el ámbito de la justicia, coinciden en modificar el sistema de selección y elección de magistrados de las altas cortes bolivianas, luego del fracaso que han supuesto la selección de postulantes a nivel de la Asamblea Legislativa, además de presupuesto garantizado de entre el 3% progresivo y el 5% del Presupuesto General del Estado.
Paz sostuvo que los recursos deben contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de jueces y funcionarios, así como la atención a la población, con procedimientos transparentes y mecanismos de selección basados en la meritocracia, pero no se refirió a la reforma constitucional que debe garantizar la elección de magistrados idóneos.
En la promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, el mandatario señaló que el Ejecutivo trabaja para conseguir recursos adicionales que permitan respaldar las transformaciones del sistema judicial. En ese marco, informó que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se encuentra en Panamá gestionando fondos, aunque no precisó el monto ni aseguró el financiamiento.
Paz vinculó la reforma judicial con el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción y la generación de condiciones para atraer inversiones nacionales y extranjeras. A su juicio, la independencia de la justicia y el respeto a la propiedad privada son elementos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica.
“Cuánta mayor independencia, fortaleza y transparencia tenga nuestra justicia, más tranquilos estaremos los bolivianos”, expresó, al señalar que las instituciones y las leyes deben estar por encima de las decisiones políticas de los gobiernos de turno.
