l ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reveló las principales características del proyecto de Ley de Inversiones, entre las cuales se encuentra establecer un “candado” de dos tercios del Órgano Legislativo para impedir pretendidas nuevas nacionalizaciones o expropiaciones en el país.
Espinoza señaló que la Ley de Inversiones restringirá la capacidad del Estado para llevar adelante nacionalizaciones o confiscaciones, porque se requerirá decisión previa de la Asamblea Legislativa compuesta por 130 diputados y 36 senadores.
“Eso es un candado brutal porque ahora un tipo, salvo que tenga dos tercios en la Asamblea y sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer. A los políticos, les encanta asumir los beneficios y postergar los costos”, dijo este viernes, en una presentación en la Cámara de Mujeres Empresarias.
Aclaró que no se puede eliminar el derecho de la nacionalización o expropiación, pero se plantea poner “un candado al político” y obligar al gobernante de turno consultar esa pretensión al Legislativo.
“Hoy estamos pagando el costo de las nacionalizaciones después de 20 años. Hace 20 años atrás nacionalizaron, recibieron todo el rédito político y el costo se transfirió 20 años adelante, al gobierno siguiente”, comentó.
El segundo pilar del proyecto de Ley de Inversiones consiste en proteger el patrimonio del inversionista.
“Eso es fundamental tal, porque si voy a a tener un congreso que me dé permiso para nacionalizar o para expropiar, vamos a tener que valorar los activos en toda su dimensión. No solamente se produce con ladrillo o con fierro, se produce también con ideas, se produce también con activos intangibles y esos también van a tener que entrar en el costo cuando se valora la inversión”, explicó el ministro.
Asimismo, indicó que actualmente el tratamiento de la inversión privada en Bolivia es asimétrico, porque la Constitución establece priorizar la inversión privada nacional por sobre la extranjera. Sin embargo, ahora se prevé, respetando la Carta Magna, definir claramente en qué aspectos la inversión privada extranjera va a ser tratada de manera igual a la inversión privada nacional.
El tercer pilar tiene que ver con la resolución de disputas sobre inversiones mediante arbitraje internacional, debido a la restricción que impone la Constitución.
Espinoza señaló que es “falsa” la idea de que no se puede recurrir a tribunales internacionales, porque la Constitución “se refiere pura y explícitamente a los hidrocarburos”.
En ese sentido, afirmó que se abre de nuevo la posibilidad de resolver disputas en el ámbito internacional para todo lo demás que no sea hidrocarburos.
El ministro explicó que el Gobierno planea enviar al Legislativo por lo menos tres leyes: Inversiones, Minería e Hidrocarburos, de las cuales ya se tiene borradores.
En el caso de la Ley de Hidrocarburos, indicó que se proyecta incluir los modelos de contratos. Justificó que, de esta manera, se evita la demora del tratamiento de contratos en la Asamblea y la discrecionalidad política.
