a Sala Plena del Consejo de la Magistratura expresó su rechazo al Proyecto de Ley N° 294/2025-2026, que plantea transferir el Registro de Derechos Reales (DDRR) al Órgano Ejecutivo, y advirtió que esta medida podría afectar la seguridad jurídica de la propiedad en el país. No obstante, la institución manifestó su apertura a un debate técnico, constitucional e interinstitucional para analizar el alcance de la propuesta.
El proyecto, impulsado por la diputada del PDC, Claudia Bilbao, surge en respuesta a múltiples denuncias ciudadanas sobre deficiencias en la atención e irregularidades cometidas por funcionarios de la oficina registral, tal como ocurre en la ciudad de El Alto, donde la registradora interina Leonor Vera Condori enfrenta procesos penales y disciplinarios sin avances significativos. La legisladora sostiene que la iniciativa busca reformar una estructura cuestionada por su burocracia, falta de transparencia y retrasos en los trámites, aspectos que -según señala- perjudican directamente a los usuarios.
Desde el Consejo de la Magistratura, advirtieron que trasladar DDRR al Órgano Ejecutivo implicaría someter el registro de la propiedad a una estructura de carácter político, lo que podría debilitar la confianza en el sistema y abrir riesgos de injerencia en un ámbito sensible vinculado a derechos fundamentales.
La institución sostiene que el Registro de Derechos Reales cumple un rol esencial en la garantía de la propiedad privada, al brindar certeza jurídica, publicidad y estabilidad a las relaciones económicas. En ese marco, defiende que su permanencia bajo el Órgano Judicial responde a la necesidad de preservar su independencia e imparcialidad.
Entre sus principales observaciones, el Consejo advierte que el proyecto podría contradecir principios constitucionales como la separación de órganos del Estado, al concentrar funciones en el Ejecutivo. Asimismo, alerta sobre posibles riesgos en el manejo de información sensible, al considerar que la transferencia de bases de datos y archivos podría exponer datos patrimoniales sin suficientes garantías de protección.
No obstante, la entidad reconoce que el sistema actual enfrenta problemas estructurales, como la falta de modernización tecnológica, demoras y limitaciones en la interoperabilidad con otras instituciones. En ese sentido, plantea que la solución pasa por una reforma interna que incluya digitalización, mayor transparencia y profesionalización del personal, sin modificar la dependencia institucional de DDRR.
El debate queda así abierto entre dos visiones: una que plantea cambios estructurales para corregir falencias del sistema, y otra que advierte sobre los riesgos de alterar el equilibrio institucional en nombre de la reforma. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura exhortó a la Asamblea Legislativa a impulsar un análisis amplio que incorpore a todos los actores involucrados antes de tomar una decisión definitiva.
