uego de haber completado la investigación, la Fiscalía de La Paz ha presentado acusación formal contra el exministro de Justicia, César Siles, exautoridades judiciales y otros implicados en el caso denominado consorcio.
El fiscal Miguel Cardozo informó que se está pidiendo la pena de 10 años de cárcel para los acusados, tomando en cuenta que es la sanción máxima por el delito de consorcio, informó la red Erbol.
El caso estalló a mediados de 2025, cuando se descubrió la trama para remover de su cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira. La acusación es por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal.
Según la indagación, el consorcio habría presionado al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que determine la destitución de Coaquira mediante una Acción de Cumplimiento, para que asuma su suplente Iván Campero. Meses después el juez Lea Plaza se quitó la vida.
Entre los acusados, están exautoridades judiciales que habrían participado de diseñar el plan y presionar al juez para que lo ejecute, además de las persones que presentaron la Acción de Cumplimiento para destituir a la magistrada Coaquira.
Los acusados son el exministro de Justicia, César Siles; los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el funcionario que habría direccionado el sorteo del caso; además de Oscar Antonio Amelunge y el abogado que presentaron la Acción de Cumplimiento.
La pieza clave del caso es un audio donde se escucha al entonces ministro Siles ofreciendo garantías al juez Lea Plaza, para que lleve a cabo el plan. El fiscal Miguel Cardozo indicó que se ha hecho peritaje a las grabaciones y se corroboraron como ciertas las conversaciones.
Con la acusación formal, corresponde ahora que un tribunal de sentencia fije la apertura del juicio.
El exministro Siles y el exvocal Córdova llegaron a un acuerdo con la magistrada Coaquira, mediante su apoderado para una reparación a cambio de desistir de la acción penal en su contra, sin embargo, el documento fue rechazado por el Ministerio Público.
El fiscal Cardozo justificó que se ha observado el acuerdo, debido a que no tenía la firma de la magistrada víctima en este caso.
En el caso consorcio, sólo la exvocal Claudia Castro cumple detención preventiva en el penal de Obrajes.
En cuanto al resto de los implicados, tienen medidas sustitutivas excepto Antonio Amelunge, quien se encuentra prófugo de la justicia. Pese a su ausencia, se encuentra acusado para ser sometido a juicio.
